Luego de que la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley anti factureras, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anunció que interpondrá recursos de inconstitucionalidad contra esta iniciativa que equipara la defraudación fiscal, el contrabando y la compra-venta de facturas falsas a delincuencia organizada.
El presidente de la Comisión Nacional Fiscal del organismo empresarial, Reginaldo Esquer Félix, consideró que se le “dio atole con el dedo” a las distintas voces que pidieron a los legisladores cambiaran la propuesta avalada el pasado 10 de septiembre en el Senado.
“De nada o de muy poco” sirvieron los comunicados, sesiones de trabajo, y la participación de Coparmex y organismos profesionales en el Parlamento Abierto, para evitar el “grave daño que estas reformas provocan” ya que se lesiona la certidumbre jurídica y la inversión productiva del país, dijo el líder empresarial.
En conferencia de prensa, aseguró que aun cuando la Coparmex ha insistido en apoyar el combate esquemas de defraudación fiscal que han afectado gravemente la recaudación del país, consideró “excesivo” que con el dictamen aprobado este día se equipare la defraudación fiscal a crimen organizado, igualándola con delitos como trata de personas, narcotráfico y terrorismo.
Asimismo, señaló que es desproporcionado e innecesario que la iniciativa considere los delitos fiscales como un ataque a la seguridad nacional, por lo que no se justifica las operaciones encubiertas, la inmovilización de cuentas y valores del sistema financiero, así como la intervención de comunicaciones y de correspondencia a las que podrá recurrir la autoridad con esta Ley anti factureras.
En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó la aprobación de dicho dictamen que modifica las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, de Seguridad Nacional, así como los Códigos de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, sin tomar en cuenta diversas voces de la sociedad que, de manera oportuna, alertaron sobre las consecuencias negativas que esta reforma tendrá sobre la certidumbre jurídica y la inversión productiva del país.
“Aunque en la etapa final del proceso, algunos legisladores de distintas fracciones parlamentarias fueron sensibles y promovieron ajustes en ese sentido, lamentablemente no transitaron por no lograr los votos suficientes”.
El CCE “apoya firmemente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal”. La emisión o compra de facturas es una práctica ilegal y “coincidimos en que debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes incurran en ese delito, sin embargo, “la falta de precisiones de esta minuta generará un justificado temor en las empresas formales del país de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes”.
Para invertir, las personas y empresas necesitan certeza y reglas claras que no dejen margen a abusos en la interpretación por parte de la autoridad. En ese sentido, el CCE hizo un respetuoso exhorto a las autoridades a implementar la nueva legislación de manera “sensible y sensata, sin interpretaciones arbitrarias y con el firme propósito de sancionar a los verdaderos defraudadores, y no a los contribuyentes cumplidos”.
En Baja California, el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, previó que la implementación de esta reforma no erradicará malas prácticas. “Se somete al contribuyente a un cumplimiento extraordinario que no se había visto. Esperemos que esta decisión equivocada del gobierno de modificar las leyes (ya mencionadas) tenga en el futuro una enseñanza para México”.
No obstante, consideró que el país “ya no está para aprender sino para ejecutar medidas políticas publicas adecuadas a su situación económica, económica, financiera y política. Estamos aplicando políticas publicas inadecuadas a nuestra realidad”.
Tenemos la aprobación de un sistema normativo que se sustenta en la desconfianza, en la incertidumbre, en la falta de transparencia, la represión y en el miedo del contribuyente, lo cual va a inhibir la inversión nacional y extranjera, manifestó a ZETA.
Adicionalmente, la Miscelánea Fiscal que acompaña el Paquete Económico 2020 tiene una serie de herramientas que provocan discrecionalidad, actos arbitrarios, abusivos.
Tras destacar que las reformas fiscales de un país son la columna vertebral de un Estado, “si tenemos finanzas sanas el gobierno camina como debe caminar”, indicó que la llamada ley anti facturera “trata al honesto igual que al delincuente. Al cumplido igual que al incumplido. Al formal igual que al informal, y al evasor igual que el que se esfuerza en pagar oportunamente”.
