La víctima, identificada como Ericka “N”, de 36 años, es una trabajadora doméstica y empleada de un centro nocturno. Los tres agresores fueron arrestados bajo el influjo del alcohol. La PGJE confirmó los hechos y el 30 de septiembre vinculó a los empleados del Seguro Social a proceso por violación agravada
Ericka “N”, de 36 años, trabajadora doméstica y empleada de un centro nocturno, fue rescatada de sus agresores sexuales la madrugada del pasado 23 de septiembre en las calles San Benito y San Ramón de la colonia Santa Fe en el municipio de La Paz, cuando un automóvil marca Toyota -línea Corolla, de color blanco- fue detenido por agentes de la Policía Municipal. El auto circulaba a exceso de velocidad, se pasaba altos y zigzagueaba.
“Se pasó cuatro altos de disco, motivo por el cual se le realiza la parada al vehículo; al acercarse al mismo, se escucharon los gritos de una persona que se encontraba a bordo, por lo que se adoptaron las medidas de seguridad necesarias para lograr bajar a las tres personas masculinas. La femenina, de nombre Erika ‘N’, manifestó que las personas la venían violando y se constató que ella traía la ropa abajo, por lo que se comunicaron al Centro de Justicia Penal”, quedó asentado en el informe.
Confirmó la PGJE que los tres presunto violadores de una mujer empleada doméstica y de un centro nocturno quedaron vinculados a proceso los 3 empleados del IMSS de la Violación Agravada en su forma de coautores
Los tres individuos fueron arrestados de inmediato; se corroboró que estaban bajo los influjos del alcohol y fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. La víctima fue atendida por Grupo Calafia, cuyos elementos la valoraron y trasladaron para su atención médica.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó el incidente, y durante la noche del lunes 30 de septiembre “los tres empleados del Imss fueron vinculados a proceso por Violación Agravada, en su forma de coautores”; es decir, fue un delito cometido en conjunto, lo que vincula a los tres imputados: José Ángel ‘N’, de 23 años; Gerardo ‘N’, de 49 años; y Eduardo ‘N’ de 40 años, presuntamente empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss).
“Como resultado del trabajo de investigación de gabinete y aportación de datos de prueba, sustentados también en la técnica pericial y presentados ante el Juez de Control respectivo, la tarde del lunes 30 de septiembre se consiguió la vinculación a proceso de los tres sujetos por el Delito de Violación Agravada. Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes 23 septiembre en las inmediaciones de la colonia Santa Fe, en la capital del estado; los imputados quedaron internos en respectivos Centros de Reinserción Social”, dijo Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia del Estado.
De la Rosa Anaya añadió que fue un delito cometido en conjunto en agravio de la mujer, la cual hasta el momento se establece que fue obligada a tener relaciones sexuales. Ahora se espera que haya una buena integración de la carpeta de investigación y que, además de que se pague por el delito, la víctima sea atendida de manera adecuada.
“La vinculación a proceso de los tres personas relacionadas con el hecho delictivo de Violación Agravada en perjuicio de la víctima, es el vehículo que fue asegurado y donde se suscitaron los hechos -el evento delictivo en sí- para confirmarles que se decretó la coautoría por parte de la autoridad judicial, en la vinculación a proceso de estas tres personas”, añadió el procurador general.
El Imss dio a conocer que están en la disposición de aportar cualquier prueba que solicite la autoridad. A la par, el organismo condenó el ataque a la mujer y dispuso suspender a los empleados de la institución, en lo que se llevan a cabo las investigaciones.
La Delegación Regional del Imss en Baja California Sur informó lo siguiente:
*Desde el primer momento de los señalamientos, se iniciaron los procesos de revisión pertinentes para determinar las áreas laborales de los trabajadores implicados.
*Se solicitó la suspensión de los involucrados, mientras se realizan las investigaciones correspondientes por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
*El Instituto se manifiesta dispuesto a coadyuvar en las indagatorias que considere pertinentes la autoridad encargada de la procuración de justicia.
*El Imss reitera su compromiso con la legalidad y condena todo acto de violencia en contra de las mujeres, por lo que actuará en consecuencia a la resolución de las autoridades judiciales.
La PGJE señaló que actualmente el caso se ha judicializado, por lo que se disponen a llevarlo ante el juez, y de esta manera buscar una condena por el Delito de Violación Agravada; asimismo, cualquier información habrán de solicitarla de manera formal ante el Instituto.
“Alguna disposición de las instituciones, estaremos nosotros solicitando la información pertinente, sin embargo, ahorita es momento de la judicialización del caso y acreditar el hecho delictivo. Ahorita en la etapa de investigación complementaria, se estará solicitando su calidad (si eran servidores públicos o no); en esta etapa vamos de la investigación”, confirmó Daniel de la Rosa Anaya.
SIN ATENCIÓN A VÍCTIMAS
El Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito afirmó que los delitos del orden sexual son un mal añejo que apenas se está atacando, con la judicialización de los incidentes; no obstante, consideran que estamos a años luz de proteger a la víctima de una violación.
El Semáforo Delictivo coloca a la entidad con semáforo en rojo durante el mes de agosto, particularmente a los municipios de La Paz y Los Cabos, con 8 y 14 casos registrados respectivamente; prácticamente con el doble de casos de la media histórica, por lo cual enciende la alerta.
Vehículo en el que viajaban los tres individuos y que al parecer abusaban de una mujer dentro de la unidad, al ser detenidos la mujer indicó que estaba siendo violentada
“En Baja California Sur no se ha incrementado el número delitos sexuales, tenemos más de ocho años en que es muy alto el índice de delitos sexuales; lo que pasa ahora es que, a diferencia de los de las Procuradurías con titulares anteriores, ahora sí se están iniciando carpetas de investigación, lo que se ha incrementado es en estadística oficial. Antes no se judicializaban, ahora se está atendiendo particularmente este delito”, reconoció Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano para la Atención de Víctimas del Delito, A.C.
Un problema que ha detectado el Consejo es que la misma autoridad comete un segundo abuso de la víctima: una vez que la parte afectada acude a denunciar, hay una espera dolorosa de hasta 6 horas, en el caso de Los Cabos, sin atención; ese periodo es terrible para la víctima.
Además de la espera, la víctima debe soportar de malos tratos, y en algunos casos de discriminación, lo que empeora su situación.
“La revictimizan, al no aplicar los protocolos de atención a víctimas del delito, porque seguimos formatos de machote; porque se carece de sensibilidad, de trato digno y humano, no se le da a las víctimas. El promedio de espera de una víctima de agresión sexual en Los Cabos es de 6 horas, en 6 horas se te cae el mundo; haz el acompañamiento de una muchacha, de un niño, y 6 horas es un mundo de horas. Desde ahí ya estás revictimizando”, lamentó Rubio Ruiz.
El problema viene de raíz, desde que los legisladores y legisladoras aprueban leyes, pero no tocan los presupuestos; prácticamente ordenan a la institución doblar funciones con el mismo personal, lo que al final es insostenible.
“Si ya tomamos la decisión de atender a la víctima, pues hay que atenderla bien. Que los diputados le den el presupuesto la Procuraduría, y que la Procuraduría capacite a su personal. No hay un programa de capacitación para las personas que atienden a víctimas de delitos sexuales; el primer sector de la víctima es un personal sin capacitación, sin sensibilización, sin manejo protocolario. Es irresponsable y terrible para la víctima” lanzó el representante legal.
Hasta parece que el Congreso no se percata de los errores que se cometen; ya están buscando que se atienda a agresores sexuales por especialistas, pero ni siquiera han podido atender de manera adecuada a la parte afectada.
“Hay una reforma que se planteó en el Congreso (atención psicológica a los violadores, a los agresores), pero vamos a pensar en algo: si no atendemos primeramente a las víctimas, cómo nos atrevemos a buscar atender con especialistas a agresores sexuales. Es una grosería para la víctima”, empujó Arturo Rubio.
Sobre el caso de los empleados del Imss, comentó que es necesario que los Jueces no solapen el mal trabajo que existe de parte del Ministerio Público -del primer respondiente- ni de ningún eslabón, porque eso hace mucho más daño a la víctima.
El que se lleve un mal caso al estrado, eso solo tendrá como resultado una condena absolutoria; la víctima se queda sin atención oportuna, especializada, y también sin justicia.
“Si el MP se equivoca y el juez endereza el caso, le está haciendo daño a la víctima, porque fuimos acostumbrando al Ministerio Público a no trabajar de una manera eficiente y que el juez le resuelve el problema; la víctima queda volando porque con una vinculación mal hecha no se va a poder sostener la sentencia. Eso únicamente abre a una sentencia absolutoria del agresor”, finalizó el Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
