En agosto y septiembre, al gabinete encabezado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le pareció buena idea recurrir a importantes funcionarios y distraerlos de las obligaciones de su encargo. Decidieron que Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, organizara los festejos de la Independencia de México y que el secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval González, defendiera jurídicamente el proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía.
Como si en el tema de salud el país no estuviera padeciendo una seria escasez de medicamentos y enormes retrasos en la reforma al sistema nacional de salud, y tratándose de seguridad el Estado mexicano no siguiera estableciendo cifras récord de homicidios dolosos: 22 mil 126 muertes violentas, solo entre diciembre de 2018 y agosto de 2019. Un promedio de 92 asesinatos diarios, muy lejos de esa reducción de 30 por ciento prometida por el mandatario para llegar a 65 homicidios por día.
Como la alzada homicida lleva casi 20 años, no terminan de implementarse cambios determinantes de estrategia contra la inseguridad, y la Federación sigue sin incautar los bienes de los criminales para cooptar el poder económico de los traficantes. Tampoco se esperaban reducciones milagrosas.
Pero fue todavía más inesperado que decidieran inmiscuir al hombre de la seguridad nacional en pleitos legales por obra pública, aunque se trate del Aeropuerto de Santa Lucía, proyecto emblemático y promesa de campaña de AMLO, quien para defender ese tipo de casos tiene al consejero jurídico Julio Scherer Ibarra y a los abogados de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes, entre otros.
Particularmente si se recuerda que este tema se les fue de las manos desde el principio, por falta de autorizaciones que como gobierno pudieron otorgarse con apabullante celeridad, simplemente pretendieron iniciar la obra sin el manifiesto ambiental y los permisos que garanticen la “integridad del patrimonio cultural”. En esas condiciones, el 10 de mayo, el magistrado Jacob Troncoso Ávila, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado de México, concedió el amparo y lo suspendió.
Ya tienen el manifiesto que les permite impactar la zona por 28 años, pero la situación se complicó con 144 amparos contra el Aeropuerto de Santa Lucía, así que en lugar de seguir la defensa legal original, el Ejecutivo federal decidió sacarle la vuelta reinterpretando la Ley y el proyecto con un argumento que después descalificó.
De inicio las instalaciones militares existentes no estaban contempladas en el proyecto original y se agregaron. Luego, a raíz de los amparos, decidieron que la Secretaría de la Defensa Nacional entregara un registro de sus bienes muebles e inmuebles -incluidas las construcciones en proceso- para que fuera registrado en el Inventario de Infraestructura Estratégica del país.
Cumplido ese trámite, la Sedena del General Sandoval fue a la defensa del proyecto, argumentando razones de seguridad nacional, porque al impedir la construcción del aeropuerto, no se está permitiendo el cumplimiento de órdenes militares, el despliegue de
tropas, que tiene como objetivo la defensa de la integridad nacional y el auxilio a la población.
Lo cual es inexacto porque los militares pueden desplegarse y lo han hecho durante el tiempo que ha durado este enfrentamiento legal. Incluso antes del gobierno lopezobradorista, lo único que había en la zona y dio origen a los litigios, eran las instalaciones militares.
De hecho AMLO lo explicó en la conferencia mañanera del 25 de septiembre, cuando declaró a los reporteros: “… hacer el Aeropuerto de Santa Lucía con el argumento que se trata de un asunto de seguridad nacional, porque tomamos esta decisión porque hay un sabotaje legal evidente” orquestado por 16 despachos asesorados por el ex ministro (José Ramón) Cossío, acusó que ojalá “no fuera cierto” (el ex ministro de la Corte lo negaría el mismo día).
Entonces fue por el sabotaje, no por seguridad nacional. El argumento es falso, lo sabe y lo está utilizando, lo cual significa que teniendo todo el poder del Estado, decidió manipular la Ley en lugar de aplicarla en tiempo y forma o reformarla, violentando una de sus promesas: “Se termina la vieja práctica porfirista de que la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo”.
Probablemente el mandatario cree que está haciendo justicia, valor que según ha expuesto, considera está por encima de la Ley, pero ahora el tema es que tienen al juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán, representante del Poder Judicial autónomo, decidiendo si cancela el amparo y la suspensión de las obras, con base en un argumento de seguridad nacional, abiertamente fabricado a modo. Lo cual no sería necesario si los funcionarios del Presidente hubieran hecho su trabajo.
Cada que López Obrador aborda el tema, lanza calificativos injuriosos contra sus opositores: la mafia del poder, los 144 despachos o los conservadores, pero es un hecho que en este proyecto tan importante para él, los primeros detractores los tuvo dentro. En los siervos de la nación que por soberbia, incapacidad o ineficiencia, no socializaron correctamente las “bondades” del proyecto Santa Lucía e incumplieron con los trámites necesarios.
