Yonkeros en Ensenada, amenazados por “El Chatarras”

Edición Impresa lunes, 23 septiembre, 2019 1:00 PM

Cabildo tiene en sus manos dictamen a favor de un cambio de uso de suelo para la operación de un negocio de autopartes usadas en una supuesta zona federal, a nombre de Víctor Manuel Padilla alias “El Negro” o “El Chatarras”. Aseguran recibir llamadas por cobro de piso mientras el Gobierno del Estado intensificó los operativos para detectar vehículos robados

El Consejo Municipal de Yonkes Chatarreros y Grulleros de Ensenada, SA de CV, acusa al gobierno de obstruir el crecimiento económico del sector e hizo públicas amenazas recibidas por parte del crimen organizado.

Luego de que su homólogo Víctor Manuel Padilla Murillo alias “El Negro” o “El Chatarras”  fue detenido en el Aeropuerto de Guadalajara por el delito de secuestro y trasladado a Ensenada para continuar el proceso judicial, donde fue liberado 48 horas después por falta de elementos de prueba, los yonkeros iniciaron protestas.

“El Chatarras” es propietario de recicladoras en Ensenada y durante agosto fue señalado como líder un grupo criminal en cuatro narcomantas colocadas en distintos puntos de la ciudad, removiéndole dos escoltas de la Policía Ministerial del Estado que le asignaron porque en dos ocasiones atentaron contra su vida.

Fotos: Enrique Botello

La última información sobre Padilla se generó el jueves 12 de septiembre, cuando en el Orden del Día de la Sesión de Cabildo su nombre figuró en la solicitud 032/2019, referente a un cambio de uso de suelo a industrial.

El permiso es para operar otra recicladora adicional a la de El Sauzal, en operación desde principios de año a unos metros del arroyo federal de la colonia Jesús Munguía, zona habitacional de alta marginación en los suburbios de Ensenada.

Con los años allí se han establecido decenas de yonkeros, por lo que hay una fuerte disputa por los terrenos.

El miércoles 18 de septiembre, los yonkeros organizados se manifestaron en el edificio del Ayuntamiento en contra de la solicitud de cambio de uso de suelo que realizó “El Chatarras”, a razón de que han hecho la misma petición en esa zona y se las han negado por ser un área en zona federal.

Los inconformes fueron recibidos por el secretario del Ayuntamiento, Iván Barbosa Ochoa y el coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, David del Moral Silva, quienes se comprometieron a revisar los documentos de todos para dar trámite y ayudar a regularizar la situación.

SECTOR  ASEGURA TENER AMENAZAS DEL NARCO

El 8 de septiembre, cinco agremiados recibieron mensajes vía celular como sentencia de muerte a quienes no cumplan con el pago por cobro de piso.

“No sabemos si se trata de una broma, pero fueron cinco los que recibieron”, indicó el dirigente.

En otras ocasiones han recibido amenazas parecidas con clave Lada de otros estados del país, no obstante las más recientes se dieron desde números de Tijuana y Ensenada.

 

Los afectados dijeron tener miedo de estas amenazas, pero no denunciarán ante las autoridades correspondientes. No dudan que la información que ha trascendido sobre Padilla los ponga en riesgo.

“Desde mañana se va a cobrar piso a todos los yonkeros, ya se le avisó al presidente ocupamos respuesta”, refiere una parte del mensaje; el resto son advertencias.

¿Les dijeron qué porcentaje les cobrarán?, cuestionó ZETA a uno de los afectados.

“No, nos dijeron”.

¿Dónde o cuándo tienen que entregar el dinero?

“Tampoco, no hemos querido responder los mensajes”.

¿Van a denunciar?

“No, tenemos miedo y muy poca confianza en las autoridades, solo exigimos que hagan algo para que el gremio esté mejor organizado sin problemas de delincuencia”, remató.

 

REVISADOS POR PGJE; LOS ACUSAN DE DELINCUENTES

Acorde con los denunciantes, en los últimos meses de la gubernatura de Francisco Vega de Lamadrid, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), junto el gobierno municipal de Marco Novelo Osuna, han redoblado los operativos.

Afirman que cien negocios irregulares no son fiscalizados por las autoridades.

“Ahora que ya se van, comenzaron a vigilarnos con más rigor y nos parece injusto que si en tres años no recibimos operativos, por qué antes de concluir nos llegan con órdenes de cateo”, mencionaron los yonkeros organizados, quienes han tenido encuentros con quienes conforman las reuniones de coordinación, pero los acuerdos no se respetan, incluso con los delegados del Gobierno Federal.

 

LEGAL, TRÁMITE DE USO DE SUELO PADILLA

El regidor David del Moral Silva informó que desde el 1 de marzo de 2019 presentaron la petición para el cambio de uso de suelo a nombre de Rubí Alejandra Ruz Cruz en representación de Víctor Manuel Padilla, para operar una recicladora de metal con superficie de 2 mil 100 metros cuadrados.

La solicitud fue remitida al Instituto Municipal de Investigación y Planeación, donde se definió la compatibilidad de uso de suelo. Adicionalmente, aunque sea zona federal, el terreno donde opera la recicladora está en registro en la Notaría Número 1. El dictamen resultó favorable para los solicitantes y se aprobó por la mayoría de los regidores.

 

SIN BANCO DE DATOS PARA EVITAR COMPRAR ROBADO

Otro daño colateral para los yonkeros organizados, es la falta de remate de bienes por parte del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento.

Acusan que todo está “arreglado” que solo llevan a cabo una convocatoria por lo general dirigida a empresas de Tijuana, a las que por 400 mil dólares dejan remates de 300 a 700 carros. No hay manera de que tengan acceso a esos beneficios y evitar la presencia de automóviles robados dentro de sus negocios.

En varias ocasiones han pedido que los remates sean por lotes, es decir, un remate de 37 vehículos por un precio inicial de 145 pesos a 307 mil pesos.

“Si esos carros salieran a remate llegaría más dinero al Ayuntamiento y el Estado, pero como se apalabran con los grandes, pues Oficialía Mayor los licita”, indicó uno de los yonkeros.

Además, el sistema de trámites es complicado, pues solo en el lapso de una hora pueden recibir los papeles de la unidad.

“Chatarreros, grulleros y yonkeros, nos unimos porque hacen la fuerza, la voz con una sola”, manifestó.

José Luis Soto, propietario de un yonke, habló de la situación económica y legal de los comerciantes, donde es fácil erradicar la presencia de vehículos robados.

Explicó que dentro del sistema, en la administración del subprocurador de Justicia, Marco Chavarría López, era fácil detectar cuando un vehículo que ellos recogían era robado.

“Cuando recogías un carro hablabas y te corrían la serie, si botaba como robado pues traías la credencial de elector de quien te lo entregó, pero no, ahora no hay nada para identificar cuando se trata de un carro robado”, denunció el comerciante.

La propuesta en la última mesa de trabajo fue fácil: que los yonkeros compren un carro y que tengan donde correr la serie de este para dar certeza jurídica de que la unidad que están trasladando es legal.

En lo que va de 2019, elementos de la Unidad contra Robos de la PGJE, ha realizado 34 operativos en recicladoras o yonkes de la zona rural y urbana.

Desde la subprocuraduría se informó que la única finalidad de las acciones para este sector es localizar partes de vehículo de motor robadas, así como unidades con reporte de robo.

 

PIDEN LEGALIDAD A GOBERNADOR Y ALCALDE

En una carta firmada por Luis Arce Galindo, José Miguel Olguín Gamboa y Miguel Dueñas Tamayo -algunos de los propietarios de negocios de autopartes usadas, operadores de servicios y materiales de reciclaje-, exigen que desde el gobierno se ponga fin a la delincuencia.

La misiva dirigida a Francisco Vega de Lamadrid y Marco Novelo Osuna solicita un sistema de verificación de unidades robadas, protección y legalidad en trámites.

“Lamentablemente los últimos años la delincuencia que ha venido creciendo nos han afectado como a otras actividades económicas, poniendo en riesgo nuestro comercio, así como el sustento de nuestras familias y en algunos casos nuestra integridad física y libertad.

“Único.- Que sea usted el conducto, con las autoridades de la seguridad pública y Procuraduría de Justicia de los tres órdenes de gobierno, que establezca un sistema permanente. De esa manera convivir juntos comerciantes y autoridades a las actividades delictivas alrededor de nuestros negocios involucrándose involuntariamente”, se lee en el escrito.

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