La Secretaría de la Función Pública (SFP), cuya titular es Irma Eréndida Sandoval Ballesteros, inhabilitó por dos años y seis meses a dos empresas que pertenecen a Carlos Lomelí Bolaños, ex delegado federal de Programas para el Desarrollo en Jalisco del Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un par de circulares publicadas este viernes 13 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la SFP informó a las dependencias y entidades del Gobierno Federal que estarán impedidas para celebrar cualquier tipo de contratos con las compañías Lomedic S.A. de C.V. y Laboratorios Solfran S.A., a las cuales también les impusieron multas, cuyo monto no fue dado a conocer.
“Las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, deberán cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal”, señaló la SFP, que resolvió las sanciones el pasado 9 de septiembre.
El pasado 15 de julio, Sandoval Ballesteros prometió llevar “hasta las últimas consecuencias” las indagatorias de las cuales, detalló en la conferencia matutina presidencial llevada a cabo en Palacio Nacional, la primera se abrió en mayo del 2019.
“Recibimos con beneplácito la carta de renuncia [de Lomelí Bolaños] y refrendamos nuestro compromiso de llevar las siete investigaciones hasta sus últimas consecuencias, respetando los derechos”, dijo la titular de la SFP, quien detalló que, para realizar las indagatorias, se recabó información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las contralorías de cinco estados de la República.
La funcionaria federal detalló que, tras las primeras pesquisas, se podía determinar que “podrían actualizarse las conductas” para ser sancionadas con base en los artículos 52, 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que podrían derivar en cargos por cohecho, enriquecimiento oculto, conflicto de interés y tráfico de influencias.
Lomelí Bolaños renunció el pasado 12 de julio como “súper” delegado, luego de ser acusado de conflicto de interés, debido a su vinculación a una red de empresas farmacéuticas que presuntamente han ganado miles de millones de pesos en contratos con administraciones de funcionarios que llegaron a través del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“El día de hoy tomé la decisión de separarme del cargo de Delegado de Bienestar en Jalisco, lo hago con un profundo sentido de responsabilidad y con claridad de miras y prioridades”, escribió ese mismo día Lomelí Baños en su cuenta de la red social Twitter.
“Primero la Patria y su transformación, después estamos las personas. Hoy tomo distancia para que el ruido de la politiquería no afecte el trabajo que debe hacerse en Jalisco, reitero mi compromiso de trabajar por México, mi agradecimiento y lealtad al Presidente @lopezobrador_”, dijo en otro tuit el ahora ex delegado federal.
El mes pasado, los coordinadores parlamentarios de la oposición en el Senado de la República, promovieron un exhorto para que la SFP abriera una investigación y rindiera un informe sobre la situación patrimonial y de posible conflicto de interés de Lomelí Baños.
El Punto de Acuerdo suscrito por los líderes legislativos de los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), en la Cámara alta, apremia a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a investigar los contratos obtenidos por el grupo farmacéutico vinculado al ahora ex funcionario federal.
Según una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), difundida el pasado 20 de mayo, la red farmacéutica a la que se vincula a Lomelí Bolaños está conformada por nueve empresas “que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario sólo reconoce como propias cuatro de esas compañías”.
Según lo indica MCCI, tan sólo una de estas empresas, Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) ganó, en lo que va de 2019, más de 164 millones de pesos adjudicados por la administración de López Obrador. Además, el Gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, militante de Morena, asignó en diciembre de 2018 un contrato directo a esta misma compañía, por 36 millones de pesos.
La investigación indica que al frente de Abisalud han estado José Hiram Torres Salcedo y Mario Vargas Lomelí, exsecretario y sobrino de Lomelí Bolaños, respectivamente. Además, en las otras ocho empresas del consorcio, han participado 11 familiares y colaboradores cercanos al llamada “súperdelegado” de Jalisco, quienes han intercambiado cargos en dichas compañías durante los últimos años.
“De las nueve compañías, las cuatro farmacéuticas que han sido reconocidas por el Súper Delegado Lomelí en su declaración 3de3, en el apartado de conflicto de interés, presentada en febrero pasado, son Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra. Sin embargo, en todas ellas colaboran las mismas personas que aparecen en las cinco empresas restantes, en donde el Súper Delegado no reconoce tener participación”, según indica la investigación de MCCI.
Las ocho compañías son Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío. Asimismo, las personas a las que se hace referencia son la exesposa de Lomelí Bolaños: Lourdes del Socorro Abundis Valdepeña, y sus hijos Carlos, Karla Millaray y Lourdes Saraí Lomelí Abundis; además de su actual esposa Karina Lucía Navarro Pérez, y los tíos de ésta, Jorge y Francisco Ramón Pérez Estrada.
“En la misma condición están operadores cercanos de Lomelí como José Hiram Torres Salcedo, quien fuera su secretario particular y candidato a la alcaldía de Zapopan por Morena en las elecciones de 2018, y Juan José Soltero Meza, excoordinador de la campaña a la gubernatura en Jalisco de Carlos Lomelí”, según reportó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
La ONG consultó registros públicos de Jalisco, Nayarit y Guanajuato, que también vinculan a esta red empresarial a Juan Carlos Tadeo Ramírez Martínes, esposo de la diputada local de Morena, Erika Pérez García, y a Journey García, amigo de Lomelí Bolaños, quien el año pasado fue candidato a gobernador, pero fue vencido en las urnas por Enrique Alfaro Ramírez.
La investigación de MCCI recuerda que los contratos públicos de las empresas que integran esta red ya han sido objeto de señalamientos en el Congreso de la Unión y de autoridades sanitarias como la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Las compañías vinculadas a Lomelí Bolaños, están acusadas, también, de vender a sobreprecios o distribuir medicamento falso. “Además, en al menos una ocasión Abisalud y Lomedic, participaron en una misma licitación por un contrato de 85 millones de pesos”, indicó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
La investigación de MCCI encontró, además, que varias de las farmacéuticas comparten domicilio. Ante ello, a partir de solicitudes a archivos públicos se documentó que Lomelí Bolaños compró en 2008 una finca de 162 metros cuadrados, sin número, sobre la calle Chicle de la colonia El Colli. Hoy ese inmueble está marcado con el número 205 y en ese predio está construido un edificio.
Según consta en los documentos consultados por la ONG, para obtener un contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 2014, y también para darse de alta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en 2015, Abisalud dio como su domicilio la calle Chicle y el número 205-1.
Ya en junio de 2015, Lomelí Bolaños refirió como domicilio particular el número 205, interior dos, ante el mismo IMPI para registrar Lomedic, empresa que siempre ha reconocido como suya. Además, la empresa MC-Klinical, fundada por su exesposa, y actualmente representada por su hija Lourdes, difundió en el padrón de proveedores de Zapopan, en diciembre de 2018, que su domicilio se encontraba también en la calle Chicle número 205.
En el mismo Registro Público de Jalisco se encontraron archivos en los que Lomelí Bolaños aparece como dueño de otro lote localizado en el número 234 de la calle Chicle, justo frente a los domicilios de las empresas arriba mencionadas. En este segundo terreno se encuentran las oficinas de la empresa Lo Vending, manejada por sus hijos y fundada por él.
Los documentos del Registro de Jalisco muestran que en noviembre de 2017 Lomelí Bolaños incorporó a un fideicomiso, manejado por BanRegio, dos lotes de su propiedad: predios que corresponden a los números 234 y 205 de la calle de Chicle.
En 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que Lomedic, una de las compañías del súperdelegado de Jalisco, tenía vínculos con el cartes de los Amezcua Contreras, cuyos integrantes eran conocidos como “Los Reyes de las Metanfetaminas”. Sin embargo, la acusación se retiró cuatro años después.
En 2017, la misma institución estadounidense dijo estar investigando a Servicios Educativas y de Negocios, otra empresa de Lomelí Bolaños, por presuntamente estar relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Hasta el cierre de este reportaje, el Departamento del Tesoro no ha hecho público ningún movimiento que indique que Servicios Educativos y de Negocios ha sido removida de la investigación estadounidense”, indicó MCCI.
“Rechazo los señalamientos que, sin fundamento, difunden en contra de mi persona. Reitero: ninguna de las empresas en las que tenga participación interviene ni intervendrá en licitaciones gubernamentales.”, escribió este lunes el súperdelegado en su cuenta de la red social Twitter.
Durante la campaña electoral de 2018, Lomelí Bolaños ya había negado su vinculación a Abisalud. “Es totalmente falso, eso no lo tengo que decir yo porque no es mi empresa, que vayan e investiguen y citen a la empresa y a las personas señaladas”, dijo en una de las ocasiones en las que fue cuestionado.
LOMELÍ NIEGA ACUSACIONES; AMLO Y SFP DICEN QUE NO SE TOLERARÁN CONFLICTOS DE INTERÉS
“En el gobierno de @lopezobrador_ no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la #4T […] Los trabajos del equipo liderado por la Secretaria @Irma_Sandoval dan otro fruto rumbo a la nueva ética pública”, tuiteó la este mismo día la Secretaría de la Función Pública (SFP)
“La nueva ética pública del gobierno del presidente @lopezobrador_ está a la vista de todos y su compromiso con el combate a la corrupción y la opacidad está fuera de toda sospecha. Adelante con los trabajos e investigaciones de esta @SFP_mx en la 4T”, escribió Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP.
El pasado 31 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró durante una conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, que si el delegado federal Carlos Lomelí Bolaños resultaba implicado en corrupción, sería denunciado y castigado.
“Lo único que puedo decir es que no actuamos con fobias ni con filias, es decir, es lo justo, si él está implicado en actos de corrupción va a ser denunciado, si no tiene delitos, si legalmente no tiene responsabilidad no podemos nosotros cometer injusticias”, afirmó el mandatario nacional.
“Si hay pruebas se castiga y salen del Gobierno, sea quien sea, es cero corrupción, cero impunidad […] Hay que esperar, para eso hay una autoridad y no hay intención de encubrir a nadie, de tapar a nadie”, abundó el presidente de la República.
