El convenio fiscal efectuado por la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, con una docena de empresas de transporte masivo, para implementar el programa de becas de transporte “Raite” fue “a cambio de no pagar la renovación de la concesión para la prestación de servicio”, informó Arturo Aguirre, representante de Calfia.
Precisó que la aportación de Calfia para el programa de “Raite” durante 2018 fue de poco más de tres millones de pesos, mientras que en lo que va de 2019 el monto asciende a 1.8 millones de pesos, de acuerdo al número de boletos canjeados a estudiantes inscritos en esa beca, “con lo que se cubre el pago de la concesión, la cual es de 3.6 millones de pesos de acuerdo al costo de 2016, año en el que fue aprobada su ampliación”, añadió.
Aguirre se dijo extrañado de que la empresa que representa recibiera el martes 3 de septiembre una notificación, en la que el municipio de Tijuana informaba el inicio de un proceso administrativo por no haber cubierto el pago de la renovación de la concesión a 30 años (la cual fue aprobada en 2016 por el Cabildo del XXI Ayuntamiento).
El mismo 3 de septiembre, el gobierno de “El Patas” informó que “la empresa Auto Transportes de Pasajeros Urbanos y Sub Urbanos Calfia de Tijuana S.A. de C.V. no ha realizado el pago de los derechos de revalidación de la concesión, por lo que se notificó el inicio del proceso administrativo para la revocación de esta”.
El director de Transporte Municipal de Tijuana, Francisco Castillo Fraga, expuso a ZETA que, por no pagar la renovación de la concesión a 30 años, varias empresas estarán siendo requeridas en los últimos días.
“Hay varios procedimientos en puerta a diferentes empresas de transporte masivo; estamos revisando cada uno de los expedientes de cada empresa de transporte para ver en cual procede algún tipo de acción por parte del Ayuntamiento. El lunes se va a emplazar a una segunda empresa”, subrayó el funcionario.
Otra de las concesionarias de transporte masivo que no ha cubierto ese pago es Azul y Blanco, la cual podría ser la que fuera requerida por el Ayuntamiento para el próximo lunes.
Castillo Fraga indicó que cada una de las dos empresas que han sido detectadas por no cubrir la revalidación de la concesión, debieron haber cubierto un pago de siete millones de pesos, porque en los archivos de la administración municipal no hay evidencia que demuestre que fue cubierto.
El funcionario explicó que la renovación de la concesión es de siete y no 3.6 millones de pesos, toda vez que se aplica el costo actual y no el del 2016.
El director de Transporte Municipal aclaró que el inicio del procedimiento contra las empresas de transporte masivo -como el caso de Calfia, que ha sido la primera en ser notificada- no necesariamente significa que la concesión les va a ser cancelada.
“En el caso de que la empresa cuente con pruebas suficientes de haber realizado los pagos requeridos, no procederá el retiro”. Incluso agregó que si el pago no ha sido efectuado, tienen la oportunidad de ponerse al corriente; pero no especificó el plazo.
