Antes de conocer el 1 de junio de 2019, como el funcionario que ofreció un millón de dólares a los legisladores de Baja California para que aprobaran lo que a la postre se llamaría popularmente “Ley Bonilla”, que permite la ampliación de mandato al próximo gobierno a cinco años en lugar de los dos para los que fue votado por los electores bajacalifornianos, a Alejandro Miramontes se le reconocía por dos temas: uno, era el administrador de la Aduana en Mexicali, y dos, formaba parte de una investigación en la entonces Procuraduría General de la República (agosto de 2018) de una red de funcionarios aduanales señalados de cruzar ilegalmente mercancía por la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, y la de Mexicali. La investigación -de acuerdo a una nota del diario Reforma– es la del expediente SZC/0011495/2018, e “implica a funcionarios de Aduanas, agentes aduanales y 15 empresas importadoras”. Miramontes había sido nombrado en el cargo en Mexicali por quien poco duró como titular de la Administración General de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, acusado por la jefa del Servicio de Administración Tributaria de incurrir en irregularidades. En BC, un día antes de la elección de 2019, fue directamente señalado por el ex diputado y entonces presidente del Congreso del Estado local, de ser quien intentó sobornarlos con un millón de dólares para que cambiaran la Constitución y favorecieran al próximo gobernador con un mandato de cinco años en lugar de los dos que marca la Constitución local. A pesar que la denuncia la hizo Benjamín Gómez en una conferencia de prensa, ni este la presentó formalmente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado o en la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. El caso quedó en la impunidad, y poco más de un mes después, el propio Gómez y veinte diputados locales – mayormente panistas y priistas- cambiarían la Constitución. Pues resulta que el 27 de agosto, Alejandro Miramontes fue retirado de la Aduana de Mexicali. Ni el Gobierno de la República ni el SAT, ni la súper delegación en la entidad, dieron a conocer la remoción del acusado de soborno. Lo sacaron por la puerta trasera de la administración pública, y en su lugar, como encargado de despacho funge Raymundo Jiménez. En el gobierno de la 4T no quieren proporcionar información para dilucidar si lo retiraron por la investigación de corrupción -ahora en el fuero de la FGR-, o porque lo denunciaron públicamente en su intento de sobornar con un millón de dólares a los diputados bajacalifornianos.
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