Del fiscal carnal, al independiente, al compadre.- El hombre más cercano al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien fue su secretario particular y a quien ubicó como diputado de lista en la presente legislatura, Miguel Ángel Bujanda, presentó la iniciativa para crear la Fiscalía General del Estado que desea el próximo mandatario de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
Una Súper Fiscalía que controlará las dos policías en el Estado, que absorberá a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la vez tendrá facultad sobre el Ministerio Público, la Policía Estatal Preventiva, la Ministerial, los centros penitenciarios, los centros de Control y Mando y hasta la Academia, entre muchas otras áreas de investigación.
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Una iniciativa que aparte resta la autonomía a la Fiscalía General del Estado, que sería creada de manera espejo a la Fiscalía General de la República. Pero eso sí, propondrán fiscal, ya sin autonomía, por un periodo de nueve años, aquí sí como en la federal, pero dependiente del Ejecutivo que será Bonilla. En la selección, aunque dicen que el gobernador deberá enviar una terna para que el Congreso elija, el gobernador electo ya presenta al abogado Guillermo “El Titi” Ruiz como próximo fiscal general del Estado. En un derroche de control político sobre el Congreso del Estado, hace unos días en las oficinas de Morena, Jaime Bonilla presentó, como parte de su gabinete, a quienes integrarán las principales áreas de la FGE.
Amador Rodríguez Lozano, quien será el próximo secretario de Gobierno, había adelantado a ZETA de la fusión entre la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría de Justicia, iniciativa que dijo, enviarían antes del 1 de noviembre, fecha en que tomará posesión el próximo gobernador. Lo que no dijo entonces y sucedió, fue que la presentarían a través de un diputado del PAN, del diputado de “Kiko” Vega, Miguel Ángel Bujanda, de quien dicen en el análisis político, está comprando impunidad. También eliminó en su iniciativa el tope de 65 años para ser fiscal general del Estado, edad que sobrepasa el abogado Ruiz Hernández.
De la figura de un fiscal independiente que se buscó en el ámbito nacional, para evitar un “fiscal carnal” que fuese condescendiente con el Poder Ejecutivo, en BC habrá un “fiscal compadre”, apelativo con lo que se refieren el uno a otro Jaime Bonilla y Guillermo Ruiz, pues en su facultad también quedarán las fiscalías Anticorrupción y la de Investigación de Delitos Electorales, entre otras.
La noche del 15 de septiembre, el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, tenía junto a él a su esposa, Brenda Ruacho, y al diputado Miguel Ángel Bujanda. El hombre más cercano al último mandatario panista, quien fuera su secretario particular y después su coordinador de gabinete, parecía ser inmune a la ruptura abierta que sostuvo con la dirigencia de su partido, Acción Nacional, por presentar una iniciativa cuyo objetivo -según José Luis Ovando Patrón, el dirigente estatal- es imponer a un “fiscal carnal” para el próximo régimen.
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Pese a que la Cuarta Transformación (4T) tiene mayoría calificada en el Congreso -17 votos contando los de Morena PT, PVEM y Transformemos-, es un diputado panista afín a “Kiko” Vega, quien impulsa una reforma que beneficia al gobernador electo Jaime Bonilla Valdez y a su próximo fiscal, Guillermo “Titi” Ruiz Hernández.
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De aprobarse esta iniciativa presentada el 11 de septiembre -a través de Oficialía de Partes- ante el Congreso del Estado, se le otorgaría un poder enorme al próximo fiscal, pues estaría a cargo de toda la estructura de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, de la Policía Ministerial, la Estatal Preventiva, los Centros de Readaptación Social (Cereso), las políticas de prevención del delito, el Centro Estatal de Control y Confianza (C3), la central de emergencias -próxima a convertirse en C5i-, las agencias del Ministerio Público, la Academia de Policía, el Centro de Denuncia Anónima. En fin, prácticamente sería darle más poder al poder, consideró el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), Benjamín Almanza, quien cree “poco saludable” el concentrar tanta responsabilidad en una persona por un periodo de nueve años.
Fiscalía de Bujanda, del PAN
Foto: Cristian Torres.- Diputado Miguel Angel Bujanda
* El gobernador presenta una terna de tres aspirantes al Congreso del Estado, donde se tendrán cuatro días para designar por mayoría calificada. En caso de no alcanzarla, se hará una nueva ronda con los dos más votados. Si aun así no se llega a un resultado, el gobernador elegirá al nuevo fiscal.
* La PGJE y la SSPE, fusionarán sus funciones, inmuebles, personal, equipo y operación total, bajo un solo mando: el fiscal.
* La responsabilidad de procuración de justicia y prevención del delito, serían responsabilidades directas del fiscal.
* Se elimina tope de edad de 65 años para ser electo fiscal.
* Los fiscales Anticorrupción y Electoral, serán designados a través de terna, como se hace con el fiscal; sus cargos durarán cuatro años y tendrán la oportunidad de reelegirse.
* El cargo de fiscal durará nueve años.
* El Poder Ejecutivo puede remover al fiscal.
Fiscalía de la XXII Legislatura
* La elección del fiscal correrá por cuenta del Poder Legislativo, el cual emitirá una convocatoria pública a todos los licenciados en Derecho interesados en ocupar el cargo. El gobernador quedaría ajeno a la selección.
* El Centro Estatal de Control y Confianza, actualmente bajo el mando de la SSPE, será trasladado en personal, inmueble y facultades a la nueva Fiscalía para llevar a cabo los exámenes correspondientes.
* Mantiene un tope de edad de 65 años.
* El fiscal Anticorrupción es electo por una comisión conformada por tres diputados de diversas fuerzas políticas y cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes realizarán una evaluación y participarán en las comparecencias de los aspirantes.
* El cargo de fiscal durará nueve años.
* Solo el Congreso puede remover al fiscal.
La Fiscalía Anticorrupción y la de Delitos Electorales también serían consideradas -de manera obligatoria- en esta estructura, y aunque se consideran independientes, su elección correría por cuenta del gobernador y el Congreso, algo que contraviene a la idea original de su creación, que busca la autonomía.
Juan Manuel Molina y Morena
A través de su dirigente Ovando Patrón, el PAN anunció un rechazo a cualquier iniciativa que facilite un “fiscal carnal” en Baja California, pues el esquema de Bujanda reduce la ciudadanización y elimina el tope de edad para ostentarse en el cargo, lo que beneficia directamente a Ruiz Hernández.
El panismo se fragmenta aún más con el esperado movimiento de Bujanda, quien desde que ingresó al Congreso mostró su afinidad con el nuevo régimen. El hombre más cercano a “Kiko” Vega termina por beneficiar al próximo gobernador. El acto parece una secuela de lo ocurrido el 8 de julio, cuando los legisladores panistas más allegados a Vega de Lamadrid, realizaron la reforma al Artículo Octavo Transitorio Constitucional que abrió la posibilidad de ampliar el periodo de la gubernatura de dos a cinco años; así, el “kikismo” le hace el trabajo sucio a Bonilla Valdez.
LA INICIATIVA
El documento recibido el 11 de septiembre a través de Oficialía de Partes del Congreso del
Estado, consta de 19 páginas y establece una exposición de motivos general y las reformas conducentes para la creación de una Fiscalía General, donde también se definen diez artículos transitorios.
Un día después de presentarla el diputado panista Miguel Ángel Bujanda, aseguró que su propuesta proviene de las reformas originalmente sugeridas hace tres años en el primer borrador de la Fiscalía General, con unas pequeñas adecuaciones.
Además de sustituir la Procuraduría por Fiscalía en cada artículo de la Constitución y la Ley Orgánica, los cambios más importantes son los siguientes:
* Fusionar a la PGJE con la SSPE, para crear la Fiscalía.
* Que el gobernador envíe una terna de tres aspirantes y que el Congreso decida, eliminando así la convocatoria pública a todos los abogados del Estado.
* En caso de no llegar a un acuerdo en un plazo de cuatro días, el gobernador definirá al próximo fiscal de manera directa.
* Los fiscales especializados en Delitos Electorales y Anticorrupción, serían propuestos por el Ejecutivo y designados por el Congreso, a diferencia de la pasada reforma, donde contemplaban una participación activa de la ciudadanía en la elección.
* Eliminar la edad tope de 65 años para ocupar su titularidad.
En realidad, los únicos cambios sustanciales serían la fusión de dependencias y la suspensión del tope de edad, pues los otros puntos ya se encuentran contemplados en la legislación vigente.
Aunque la iniciativa fue presentada por Bujanda, el secretario de Seguridad Pública del Estado, José Fernando Sánchez González, dejó claro el verdadero origen, al afirmar que es un “proyecto que está trabajando el nuevo gobierno que iniciará el primero de noviembre”, confirmando que es la conclusión de un análisis realizado en materia de seguridad por el equipo de Bonilla Valdez, para optimizar los recursos y ser más eficientes, respetando la decisión final del Poder Legislativo.
Tanto Sánchez González como Christian Colosio Lule, procurador de Justicia, ven con buenos ojos la reforma planteada por el diputado Bujanda; ambos se encuentran contemplados para puestos en la siguiente administración, según el propio gobernador electo.
Este esquema de fusión se contrapone con la política nacional, donde precisamente se volvió a crear la Secretaría de Seguridad Pública, al separarla de Gobernación, como funcionó durante la administración federal de Enrique Peña Nieto.
Otro casacambista del Cártel de Sinaloa sentenciado en EU
Agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron a Gibrán Rodríguez Mejía en el centro comercial Minarete en Tijuana en diciembre de 2017.
Contaba con orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por lavado de dinero, país al que fue trasladado en septiembre de 2018, con lo que inició su proceso penal en la Corte del Distrito Sur de California en San Diego.
El abogado de ahora 31 años de edad, especializado en materia penal, se declaró culpable en abril de este año. Aceptó ante el juez haber lavado alrededor de 3.5 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa.
En septiembre de 2015, dos de sus subordinados, Omar Guadalupe Ayón Díaz y Osvaldo Contreras Arriaga, quienes operaban casas de cambio en Tijuana, fueron detenidos en Colombia y extraditados a Estados Unidos.
En el mismo mes, Policía Estatal Preventiva (PEP) reportó la aprehensión de Rodríguez Mejía en Tijuana, lo acusaron de posesión de nueve kilogramos de cristal y un arma de fuego calibre .45, pero fue puesto en libertad.
El lunes 16 de septiembre de 2019, el abogado nacido en Sinaloa fue sentenciado por el juez federal Roger T. Benítez a ocho años de prisión. Ayón Díaz y Contreras Arriaga ya cumplen condenas de 10 y 11 años, respectivamente.
Otro de sus cómplices bajo proceso, César Hernández Martínez, admitió ser propietario y operador de una de las casas de cambio utilizadas para lavar dinero. Su audiencia está programada para el 2 de diciembre de este año.
Entre las actividades de las que Rodríguez Mejía se declaró culpable, está el haber coordinado la logística de los envíos de dinero en efectivo por medio de personas que fungían como mensajeros en aviones y automóviles.
A veces el dinero llegaba de otras ciudades estadounidenses como Filadelfia, Pensilvania al sur de California y de ahí era introducido a México en compartimentos secretos de vehículos.
El abogado también aceptó ser responsable de cambiar los dólares a pesos, para depositar el dinero en efectivo en cuentas bancarias a las que líderes del Cártel de Sinaloa tenían acceso.
Como parte de este caso, informó la Fiscalía, se ha detenido a más de veinte personas. Otro de los sentenciados es Joel Acedo Ojeda, quien también se declaró culpable y cumple una sentencia de once años y tres meses de prisión. Inés García Ramos
PREOCUPA A ANADE CONCENTRACIÓN DE PODER
Para el titular de la ANADE, Benjamín Almanza, es preocupante una iniciativa como la planteada por el diputado Bujanda, sobre todo por dos esquemas: los nueve años de duración y el poder absoluto que obtendría el fiscal al fusionar ambas dependencias.
“Sería un hombre más poderoso que el gobernador, al menos en el tema de seguridad pública”, expuso el jurista, quien señaló que hoy en día se necesitan los contrapesos para el poder y la división de la SSPE con la PGJE, equilibra sus fuerzas.
“Si mezclamos ambas instituciones, estamos dando demasiadas atribuciones al fiscal, creo que es demasiado poder aglutinado en una persona; no debería ser así”.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Molina no se preocupa por la fusión de dependencias, pues se puede cumplir con la función de una manera normal como ocurría antes de 2001, cuando se creó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). Sin embargo, reconoció que en la administración de los Cereso, podría haber problemas e incluso impedimentos legales, sobre todo porque la Fiscalía, que se encargaría de buscar la sanción contra el acusado, también tendría la responsabilidad de protegerlo durante su estancia en prisión, lo que podría generar ciertos conflictos.
Del mismo modo, Molina García agregó otros elementos no contemplados en la Fiscalía, pues aseguró que es urgente la creación de un Instituto de Ciencias Forenses que debería volver independiente a la Dirección de Servicios Periciales, al Servicio Médico Forense y al C3, lo que otorgaría libertad en sus dictámenes.
Agregó que esta figura verdaderamente otorgaría beneficios a la sociedad, por lo que no descartó que pueda modificarse la iniciativa presentada por Bujanda, o bien, presentar una nueva.
Al igual que el presidente de la ANADE, Molina se declaró en contra de la duración del fiscal planteada en ambas iniciativas, pues le parece que incluso siete años son demasiados para un encargo con estas características. Una de las propuestas de Almanza es que sea por seis años y electo a la mitad de un sexenio, para así abarcar dos gubernaturas.
Bujanda aseguró que su iniciativa es urgente, toda vez Baja California ya tiene el tiempo encima y no ha podido crear la nueva Fiscalía, la cual es una disposición federal y cuya intención es homologar la forma de operación de las instancias de procuración de justicia en el país.
La iniciativa de la XXII Legislatura se encuentra “empantanada”, por lo que su intención es “destrabar” el tema de los tribunales con un nuevo paquete de reformas.
Molina García complementó que el tema debe revisarse detalladamente, pues si bien una nueva reforma podría dejar sin efecto la suspensión definitiva de la antigua iniciativa, implicaría un impedimento para avanzar, por lo que deberá someterse a una revisión jurídica profunda.
PAN CONTRA “FISCAL CARNAL”
Aunque el abogado Benjamín Almanza señaló que actualmente el cargo de fiscal es una posición política, pues la terna enviada por el gobernador sería aprobada por un Congreso de su mismo partido, no quiso entrar en polémicas de carácter político. Sin embargo, el dirigente estatal del PAN, José Luis Ovando Patrón, señaló abiertamente que la reforma presentada por Bujanda tiene intenciones de facilitar un “fiscal carnal”, para la siguiente administración morenista.
La novela protagonizada por la dirigencia del PAN y Bujanda, estalló el viernes 13 de septiembre, cuando Ovando Patrón declaró que el partido no aprobaría una reforma que modificara la edad del fiscal y omitiera la convocatoria pública para seleccionar a su titular.
Esa noche, Bujanda desconoció a Ovando, y señaló que su iniciativa tiene como objetivo beneficiar a los bajacalifornianos, por lo que no pondrá la agenda de partido por encima de la ciudadana.
Su declaración pública causó molestia en un sector del panismo, pues aunque ya se veía venir la ruptura de Bujanda con la bancada panista, esperaban a -por lo menos- el cambio de gobierno.
Ovando Patrón aseguró que como política nacional, el PAN estará en contra de modificar leyes para beneficiar a un personaje en particular, como está ocurriendo actualmente con esta iniciativa.
Desde ese día, los blanquiazules analizan la posibilidad de sanciones o expulsión de Bujanda del PAN.
Kiko y Bujanda, amigos como siempre
URGE DEFINIR ESCALAFÓN Y CARRERA MINISTERIAL
Para el presidente de la ANADE, dos elementos podrían mejorar el funcionamiento e independencia de la Fiscalía. El primero, que se unifiquen criterios y políticas públicas, y no dependencias, pues si bien hay antecedentes de la competencia entre el procurador y el secretario de Seguridad, obligarlos a trabajar coordinados con un esquema legal definido, generaría contrapesos y no se monopolizaría el poder.
Además de ello, consideró necesario el servicio profesional al interior de la PGJE, donde un policía, coordinador o agente del Ministerio Público, pudiera aspirar a ser fiscal con un trabajo de carrera, Esto reduciría la posibilidad de que la titularidad de la dependencia cayera bajo la responsabilidad de un político, pues directivos, fiscales y otros funcionarios de la misma institución podrían ocupar esos cargos.
“Lo que debería ser, es que se pudiera hacer carrera, los MP, coordinadores, no tienen esperanza de llegar a este cargo si no es con padrino político; me da certeza como abogado que sea una persona de carrera, no solo un abogado, pero no cualquiera. Constitucionalmente hablando, un laboralista, fiscalista puede ser procurador, pero ¿sabrá del tema de seguridad?”, sentenció Benjamín Almanza.
