El gobernador de Baja California ha declarado que si el Estado tiene problemas financieros, es porque la Federación adeuda unos 9 mil millones de pesos. Extraoficialmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la entidad se han enviado de manera puntual los recursos pactados para el presupuesto 2019. Que no les deben nada, pues.
Sin embargo, cada vez la administración estatal tiene menos recursos. Es un misterio en qué se los ha gastado el gobernador y su equipo, especialmente considerando que del Gobierno de la República dicen no deber nada. “A ‘Kiko’ le crece más la nariz cada que declara algo”, dijo el próximo secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, cuando se le preguntó sobre los 9 mil millones que adeuda -según Francisco Vega de Lamadrid- la Federación a Baja California.
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Esta semana, la última de agosto, en los corrillos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los pisos del Centro de Gobierno y en otras dependencias, la duda era si les pagarían la quincena. Tiene meses que los depósitos a las cuentas de los trabajadores no se realizan de manera puntual, les retrasan el pago de manera sistemática. Lo más probable, dicen empleados de la Secretaría de Finanzas de Baja California, es que la catorcena que se paga el viernes 30 de agosto no se cubra. No hay dinero.
Desde octubre de 2018 el gobierno de Vega dejó de ser consistente con los pagos al sector educativo, a las entidades descentralizadas y los organismos autónomos, a otros poderes y con los propios empleados del gobierno central. Muchos no vieron su aguinaldo hasta entrado 2019, y hace unos días, más de 600 mil niños se quedaron sin clases al inicio del ciclo escolar, luego que los maestros realizaron un paro de labores porque el gobierno no les ha pagado a los interinos.
Aparte está la deuda con la Universidad Autónoma de Baja California, que asciende a más de mil 100 millones de pesos. Como nunca en la existencia de la Máxima Casa de Estudios de Baja California, está funcionado sin los dineros que para la operación diaria requiere. Como nunca también el Gobierno del Estado está en franca bancarrota.
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Ya ni esfuerzos hace el gobernador por justificar la mala administración que mantiene a miles de trabajadores del Estado sin su paga quincenal. Poco se sabe de lo que está haciendo para resolver la crisis que arreció en su administración a escasos meses que concluya su periodo.
El gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, tampoco ha realizado acciones para que, en estos momentos, se dote de recursos federales al Estado. Lo hizo en el pasado inmediato, a finales del año, a principios de este. Metió el hombro por “Kiko” en Palacio Nacional, comprometió al secretario de Educación federal a realizar un pago de 600 millones de pesos para cubrir parte del adeudo con la UABC, pero los billetes nunca llegaron.
Es evidente que el gobernador electo, con la estrecha relación que tiene con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está dejando morir solo a Francisco Vega.
Hay quienes esperan, en el mismo equipo de Bonilla, que a la toma de posesión del mismo, comiencen a llegar los recursos federales para el rescate financiero de la administración pública bajacaliforniana. Que sea hasta entonces y solo en esas condiciones, cuando de la Secretaría de Educación Pública envíen el recurso para sacar a la Universidad de las limitaciones financieras en las que la metió el gobernador Vega.
A eso le apuesta la Cuarta Transformación en Baja California, a repetir la fórmula de los 70, cuando la dupla José López Portillo, Presidente de la República, y Roberto de la Madrid Romandía, gobernador, trajeron la bonanza política y económica a la región.
En el futuro próximo, cuando todos los titulares de los órdenes de gobierno, presidente, gobernador y alcaldes sean del mismo partido, Movimiento Regeneración Nacional, en Baja California lo que están vendiendo es una coordinación interinstitucional que acabe con los reclamos de unos a otros y los recursos fluyan, no solo en abundancia, sino en tiempo y forma.
En estos momentos la condición para que el flujo de recursos federales sea una realidad en Baja California parece ser la salida del gobierno panista de Francisco Vega de Lamadrid. La expectativa que está generando el gobernador electo es alta. No habrá más rezagos dice, tampoco corrupción, ni más impuestos, pero sí más recursos. Se pagarán las deudas e iniciarán la administración pública de manera eficiente. Considerando que las finanzas estatales están minadas, que no hay dinero para pagar los compromisos con los trabajadores ni con los proveedores, y las deudas con el sector educativo y el de salud, por mencionar algunos, van en aumento, la única posibilidad de tener en la siguiente administración finanzas sanas, es que haya un rescate financiero por parte del Gobierno Federal, o que se le inyecten recurso extraordinarios desde la Secretaría de Hacienda; porque a estas alturas recurrir, como lo hizo Vega, al endeudamiento, no sería lo más sano, además, quebraría una de las promesas del por ahora gobernador electo.
Jaime Bonilla está prometiendo además una zona libre real a partir de enero de 2020. El pago delas deuda con la UABC, con los maestros y el abasto de medicamentos, equipamiento y herramientas en los hospitales de Baja California. Cuestiones que no están del todo resueltas en el ámbito nacional.
La confianza del equipo de Morena que será gobierno en Baja California, sobre la generosidad de la administración federal para con el Estado, y la llegada de recursos apenas tomen posesión, es tan alta como la expectativa generada de un gobierno que pague a tiempo, que invierta más y provea seguridad. Pero en estos momentos, a dos meses que concluya la administración estatal encabezada por el panista Vega, el Estado, los bajacalifornianos, se encuentran entre el abandono del actual gobierno y la expectativa del siguiente. En un limbo lleno de deudas, inseguridad y mala administración.
