La XXIII Legislatura de Baja California está a punto de presentar la reforma de Ley para definir los requisitos y método de selección del futuro fiscal general del Estado, que permanecerá en el cargo por nueve años. De hecho el jueves 5 de septiembre, en el orden del día con el cual se convocó a la sesión de Congreso -que posteriormente se canceló-, el tema se incluyó.
“El diputado Miguel Ángel Bujanda, de la fracción del Partido Acción Nacional, presentará una reforma al Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California”, se registró como el lugar número tres de la lista. Dicho artículo se refiere a “los nombramientos, remociones u ausencias” del procurador bajacaliforniano.
Requisitos entre los cuales actualmente se contempla, por ejemplo, “tener cuando menos 35 años y no más de 65 años”, uno de los cuales tienen planeado modificar para que un candidato de 70 años de edad tenga la posibilidad de acceder.
Versiones no oficiales indican que los legisladores jugarán a la independencia y publicarán una convocatoria para que todos los abogados que reúnan los requisitos y deseen participar se puedan registrar, de ese grupo el Congreso seleccionarán seis nombres que enviará al gobernador (una vez que tome posesión Jaime Bonilla Valdez), quien elegirá una terna que regresará a los diputados y estos seleccionarán a uno, un conocido abogado de más de 65 años, de nombre Guillermo Ruiz Hernández.
Efectivamente ha sido público el interés de Jaime Bonilla por designar como fiscal a su asesor, y uno de sus abogados en el caso de la ampliación de mandato de dos a cinco años, el licenciado Ruiz Hernández, quien con una exitosa vida profesional no ha terminado de aceptar el cargo. Sin embargo, mientras se decide, el equipo del próximo Ejecutivo del Estado asesora a los diputados para establecer las bases y allanar el camino.
En mayo de 2019, ZETA preguntó al ingeniero Bonilla si el licenciado Guillermo Ruiz también estaría en su gabinete”, respondiendo: “Lo invitó el señor Presidente. Le dijo ‘quiero que estés en el gabinete, seguro Jaime te va a invitar’, y le dije, claro que sí, Presidente, cómo no lo voy a invitar si es mi compadre”.
Durante las semanas recientes, integrantes del futuro gabinete de Bonilla han trabajado para definir el organigrama y lo que será el funcionamiento de la nueva fiscalía, la cual, en lo referente a la designación, poco tendrá que ver con el proyecto propuesto y encaminado entre los años 2009 y 2017 para generar los sistemas nacional y estatal anticorrupción.
De entrada, la independencia del fiscal queda descartada, por lo menos en el proceso de selección, el cual se parecerá más a lo hecho en el Gobierno Federal, donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, simularon un proceso de selección -criticado por organismos ciudadanos y partidos de oposición-, en el que en votación secreta, resultó triunfante el consejero de seguridad más cercano de AMLO, Alejandro Gertz Manero, quien ha intentado validar su nombramiento con acciones.
En el contexto antes mencionado, López Obrador sigue hablando de la independencia del fiscal Gertz. Apenas el 5 de septiembre, entre aplausos de los asistentes a su discurso durante el XLII Congreso Nacional de Tribunales, reiteró este atributo y aseguró que desde enero solo ha visto a Gertz en tres ocasiones en reuniones públicas, que no le ha enviado mensajes, personeros “ni línea”.
El gobierno de Bonilla pretende seguir un modelo similar. En entrevista, la tercera semana de agosto, Amador Rodríguez Lozano, quien será el secretario general de Gobierno, dijo a ZETA que la propuesta sería presentada “en menos de un mes, porque tenemos que buscar que entre en vigor los primeros días para que haya un fiscal distinto y como parte de una estrategia distinta de enfrentar el tema de la inseguridad”.
Aunque el proyecto sigue en análisis, formación y reformación, lo que se sabe hasta el momento es que trata de una fiscalía general de la cual se desprenderán y dependerán una dirección general administrativa donde se incluirá la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses; y otra área que aglutinará las direcciones encargadas de investigación, inteligencia, información análisis, estadística; y otra tercera.
Adicionalmente, dependerán todas las fiscalías especiales, por lo pronto contemplan nueve, por un lado, las divididas por zonas geográficas. Y por otro, las temáticas, como la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, Operaciones Estratégicas, Derechos Humanos y algunas otras entre las que resalta la posible creación de una Fiscalía para el Control, Análisis y Evaluación; para finalmente hacer un seguimiento serio de los resultados.
También dependiente de la fiscalía pero bajo un extraño modelo de “órgano administrativo desconcentrado”, quedaría la Agencia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana, que supliría o sería el equivalente de la actual Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Sin embargo, aseguran que el proyecto sigue en construcción.
Con las sesiones de Congreso pospuestas, se deberá esperar para saber si la reforma prometida garantiza la transparencia, independencia y mejora el rendimiento en la administración de justicia y el Ministerio Público, y si la elección del fiscal independiente será una simulación.
Porque cuando se habla de “independencia”, se trata de buscar una división que termine en enfrentamiento y mutuas acusaciones de corrupción como las del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y su hoy destituido o suspendido fiscal Jorge Winckler.
La historia muestra que se ha hecho necesaria una sana separación para mejorar la participación ciudadana, la confianza y la credibilidad en el trabajo de un fiscal apartidista y autónomo, cuya figura sirva como contrapeso técnico y eficaz, aunque en este caso, se trata del compadre, hasta ahora.
