Jesús Alberto Chávez Hernández, juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó que los abogados Juan Pablo Badillo Soto y José Luis González Meza carecen de legitimación para promover amparos a favor de el capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, contra su extradición a Estados Unidos, ya que el ex líder del Cártel de Sinaloa no los reconoció como sus representantes legales.
Según lo recordó el diario Milenio, que informó del hecho, durante más de dos años, los litigantes han interpuesto una infinidad de demandas contra la entrega de “El Chapo” a EE.UU., la cual se concretó el 19 de enero de 2017, un día antes de que tomara posesión Donald Trump como presidente.
Badillo Soto cuenta con un documento notarial expedido en 1996, en Tonalá, Jalisco, donde Guzmán Loera le otorgó poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, documento que hasta el momento no se tiene noticia que haya sido revocado, abundó el rotativo.
Chávez Hernández acordó desechar la demanda de amparo, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) remitió al juzgado el expediente 814/2019-VDA, tras determinar que carece de competencia para estudiar dicho asunto.
Al actualizarse la causal de improcedencia de la extradición, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6 de la Ley de Amparo, el juez federal también tomó en cuenta la resolución del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal.
“De lo anterior, se concluye que el promovente de la demanda carece de legitimación para instar esta vía constitucional, en representación del quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, en cualquier asunto relacionado con los procedimientos de extradición que le fueron instruidos, o que deriven de estos últimos”, indicó Chávez Hernández.
En su escrito -ratificado cuando se encontraba internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 9 Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua-, “El Chapo” solo reconoció como sus defensores, entre otros, a José Refugio Rodríguez Núñez, pero solo para los procedimientos de extradición, ante las Cortes de Distrito del Sur del Estado de California y Oeste del Estado de Texas.
El pasado 5 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que le gustó el anuncio de uno de los supuestos abogados de alias “El Chapo”, de que la riqueza ilícita del capo sinaloense se destine a las comunidades pobres e indígenas de México.
“Me gustó la declaración para que digo que no, si sí. Me gustó la declaración, no sé si sea cierta, no he podido verificar, que un abogado expresa que Guzmán Loera, su riqueza, se entregue a comunidades indígenas de México, lo veo bien”, afirmó el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.
El titular del Poder Ejecutivo Federal anunció que su Gobierno ha iniciado un proceso para que todos los bienes confiscados en territorio estadounidense a delincuentes mexicanos, sean devueltos al país y que no se queden en EE.UU. “Ningún asunto va a dejar de litigarse, cuando se trata de dinero que queda en Estados Unidos y que pueda corresponder a los mexicanos. Vamos a emprender todas las acciones legales que sean necesarias”, aseveró.
Según dijeron en conferencia de prensa los abogados Meza Badillo y Badillo Soto, el ex líder del Cártel de Sinaloa informó vía telefónica a sus familiares “que ese dinero no pertenecía a los Estados Unidos, sino al Gobierno de México”.
Los litigantes dijeron que está de acuerdo que el dinero regrese a México y se le entregue a López Obrador para que se destine para comunidades indígenas. Además, informaron que ya están en contacto con funcionarios mexicanos para trabajar en la extradición del narcotraficante.
Antes de la sentencia de su hijo, María Consuelo Loera Pérez, madre de “El Chapo”, envío un escrito al presidente López Obrador; así como al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; y al entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Manuel Urzúa Macías, “donde nombra a mi despacho para proseguir trabajos de repatriación, donde nos otorga poderes amplios”, según los abogados.
El pasado 12 de agosto, el titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Ricardo Rodríguez Vargas, adelantó que el Gobierno Federal podría subastar inmuebles que estarían vinculados al Cártel de Sinaloa y a su ex líder “El Chapo”.
En entrevista con medios de comunicación, realizada en el Palacio Nacional, el funcionario federal afirmó que dichas propiedades se encuentran ubicadas en Culiacán, Sinaloa.
“Sí tenemos algunas propiedades en Culiacán, Sinaloa, también casas, vehículos, lo que quiero ver es el estatus en el cual se encuentran para ver si ya se puede vender”, respondió. Rodriguez Vargas cuando se le cuestionó por bienes de dicho cártel.
Sin embargo, cuando se le preguntó al titular del SAE si estos inmuebles pertenecen a “El Chapo”, el funcionario federal respondió: “Pertenecen. Son parte de procesos judiciales y penales, y sí están en Culiacán”.
Recordó que con la publicación el pasado viernes de las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el SAE pasará a ser el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y podrá hacer subastas cada 15 días, ya que se acelera la transferencia de inmuebles por parte de la FGR.
Rodríguez Vargas indicó que dicho Instituto contará con un gabinete social, un cuerpo colegiado que decidirá a qué se destinan los recursos obtenidos con la subasta.
En junio pasado, Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió a las autoridades federales dar a conocer el monto y destino de los bienes incautados en México y en el extranjero a “El Chapo”.
La unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que no existe ningún registro sobre el bloqueo de alguna cuenta bancaria a nombre del capo sinaloense.
A través de un oficio fechado el 23 de julio, la UIF indicó que “no existe ningún procedimiento administrativo ordenado por esta autoridad en contra de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, así como ninguna cuenta bancaria bloqueada a su nombre. Con lo anterior, se da cumplimiento a lo solicitado”.
Durante los considerandos que presentó el senador Ramírez Marín destaca que tras la detención del capo sinaloense, el 22 de febrero de 2014, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que le fueron decomisados 97 armas largas, dos lanzagranadas, un lanzacohetes, 43 vehículos, 16 casas y 4 ranchos.
Además, el valor de lo asegurado a “El Chapo” por la entonces PGR, se estimó que ascendía a los 22 millones de pesos. Posteriormente, precisa el texto del legislador priísta, a Guzmán Loera le decomisaron bienes inmuebles cuyo valor superarían los 160 millones de pesos, entre los que destacan seis terrenos, huertas, establos, bodegas, haciendas, restaurantes, gasolineras, departamentos, aeronaves y casas de descanso.
El documento del senador del PRI aclara que los bienes decomisados y/o asegurados a El Chapo, debieron haber quedado en posesión y administración de las autoridades federales competentes.
Antes, el pasado 22 de julio, Marc Fernich, uno de los abogados defensores del capo sinaloense presentó ante el Tribunal de Apelaciones de EE.UU., un documento que pide la revisión de la condena a cadena perpetua, más 30 años de prisión, y el pago de 12 mil 166 millones 191 mil 704 dólares, que el pasado miércoles 17 de julio del 2019, dictó a Guzmán Loera el juez federal estadounidense Brian M. Cogan, en la Corte del Distrito Este de Nueva York.
“El Chapo” fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Florence ADMAX, en Colorado, ello a pesar de que su defensa en EEE.UU. reclamó que lo necesitaban en Nueva York para que el capo “los ayudara” a preparar la apelación, sin embargo, dicha moción fue presentada un día después de la sentencia, cuando el capo ya había sido sacado del Centro Correccional Metropolitano (MMC, por sus siglas en inglés), donde estuvo preso desde su extradición, el 19 de enero del 2017.
