Miroslava Breach sabía que la iban a matar.
Muchas veces la habían amenazado. Escasos días antes de su asesinato el 23 de marzo de 2017, aconsejó a su hija sobre qué hacer con su herencia, reordenó los documentos de seguros de vida, y encargo la crianza de su hijo menor a una de sus hermanas.
De las amenazas a la periodista de Chihuahua, corresponsal de La Jornada, estaban enterados desde el Gobernador del estado, Javier Corral Jurado, hasta el Fiscal General. También compañeros de oficio y familiares. La sociedad incluso podría haberlo deducido de los trabajos periodísticos de Miroslava, consignaciones sobre el ejercicio de la narcopolítica en los municipios de Chihuahua, en los partidos políticos como el PRI y el PAN, que no solo contaban en sus gobiernos con familiares de narcotraficantes en la nómina y en áreas de seguridad, también los hacían candidatos. Por lo menos lo intentaron. Pero la periodista no guardó silencio. No era lo suyo. Todo lo contrario. “El silencio es complicidad”, era su frase.
De la investigación que después de dos años y seis meses mantienen el crimen contra Miroslava Breach en la impunidad, hace unos días se publicó en distintos –y afortunadamente muchos- medios de comunicación un trabajo de investigación realizado por periodistas quienes se agruparon en el Colectivo 23 de Marzo para realizar las tareas propias del periodismo de investigación en el caso de la colega Miroslava. Es mucha impunidad.
En tres entregas que usted puede encontrar para su lectura en la página proyectomiroslava.org se revela no solo el expediente judicial que inició en la Fiscalía General de Chihuahua y continúa en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, también la investigación de los periodistas sobre las pistas no atendidas oficialmente, las evidencias minimizadas, los testigos que parecen sospechosos, los cabos sueltos en el entramado ministerial del caso.
Lo más importante y no atendido del insano binomio de la narcopolítica harto denunciado por Miroslava Breach: los políticos.
Efectivamente los narcos han sido señalados, aun cuando no todos, como autores intelectuales y materiales del asesinato de la periodista, mientras los políticos con los cuales tuvieron evidentes y probadas ligas, fueron protegidos. No fueron ni son línea de investigación a pesar de haber participado en calidad de mensajeros con el crimen organizado respecto la labor de investigación de la periodista asesinada.
Los periodistas que investigaron detallan en la primera parte: “políticos a quienes no les hicieron preguntas obvias; personas que podrían haber tenido algún grado de participación y, sin embargo, se les otorgó la calidad de testigos con identidad reservada; irregularidades en la escena del crimen; inconsistencias en las pruebas y filtraciones de información a la prensa que sirvieron como distractores de la opinión pública”.
Hay que leer los textos para entender el nivel de acoso que viven los periodistas en Chihuahua y la impunidad que gozan los políticos y los capos de los cárteles de las drogas que se han adueñado de municipios, que controlan policías municipales y otros departamentos, y que han infiltrado los partidos políticos para imponer candidatos.
Y de cómo el trabajo periodístico de Miroslava Breach y Patricia Mayorga, ella desplazada por la violencia, frustró los intentos de los narcotraficantes por dominar la escena electoral.
Otro texto importante del trabajo periodístico: “Grupos del crimen organizado lograron infiltrar las listas de candidatos a alcaldes, principalmente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque también las del Partido Acción Nacional (PAN), para las elecciones del 5 de junio en municipios serranos y en corredores de trasiego de droga, publicó La Jornada. Las dos periodistas acordaron publicar la misma información al mismo tiempo, como una medida de protección”.
Se refieren en parte al municipio de Chínipas de donde Miroslava era originaria. Conocía a los actores políticos, a los sociales y por supuesto a los criminales. A la banda de Los Salazares, un ente delincuencial ligado al Cártel de Sinaloa asentado en aquella región del país que dominaba a partir de la corrupción, de la sangre y el plomo. Después de las notas periodísticas fue retirada la candidatura de Juan Miguel Salazar, “sobrino de Adán Salazar Zamorano, Don Adán, el patriarca fundador del grupo Los Salazares”. Y arreciaron las amenazas.
Los periodistas relatan aquella parte del proceso contra el presunto autor material del crimen contra Miroslava, el único preso de los tres que presuntamente colaboraron para matarla –uno más está muerto, otro prófugo-, de cuando las autoridades localizaron en la casa de uno los sospechosos una computadora con diversos archivos, entre ellos un audio. Era la grabación de una llamada que la periodista recibió por parte de Alfredo Piñera, vocero del PAN en Chínipas, y por entonces hablando a nombre del Alcalde Hugo Amed Schultz. Grabó sin el consentimiento de la periodista la llamada en la que por el diálogo y las preguntas de éste, buscaba deslindar al presidente municipal Schultz como informante de la reportera. La grabación, así lo confesarían, fue entregada a Los Salazares como prueba de que él no había filtrado información. Todo había sido originado a partir de la investigación individual de Miroslava. Así se los hizo saber ella.
Pero ni esa prueba, ni la grabación, ni la confesión, fueron suficientes para investigar a los políticos. Los protegieron. Siguen en la impunidad.
Tampoco se investigó a quienes desde el PRI habían hecho candidata a Silvia Mariscal Estrada, suegra de Arturo Quintana, a saber criminal del Cártel de Juárez. Ningún político ha sido investigado en el caso del asesinato de la periodista, quien un mes antes del fatal 23 de marzo de 2017, se lee en la investigación especial, “publicó en La Jornada y El Norte de Ciudad Juárez una nota que quizás fue su sentencia de muerte: escribió que el narco había infiltrado a Seguridad Pública Municipal (SPM) y al área de Obras Públicas de diez municipios. Entre estos, Chínipas”.
Los reportajes en proyectomisorlava.org develan también el entorno criminal y político para desviar la atención de la investigación principal. Cinco asesinatos, el Gobernador Corral en un cateo, informes falsos de balística, cartulinas amenazantes entre narcotraficantes.
Matar a una periodista como lo hicieron en Chihuahua el 23 de marzo de 2017 significó la persecución de unos pocos criminales, la protección de otros, y la impunidad para la clase política de uno de los estados con los mayores índices de asesinatos en México, y con hampa que crece al amparo del poder político.
En México es así. Matar a un periodista nunca ha garantizado terminar en prisión. La impunidad es tal que sigue sucediendo. Sin importar el partido que encabece los gobiernos estatales, los municipales o el de la República. Los asesinados de periodistas no son perseguidos, ni procesados, ni encarcelados.
En casa, en Zeta, seguimos a la espera de justicia del asesinato de Héctor Félix en 1988, al atentado contra Jesús Blancornelas en 1997, al crimen de Francisco Javier Ortiz Franco en 2004. De Javier Valdez de Ríodoce, asesinado en mayo de 2017, dos meses después que Miroslva. De los 131 periodistas asesinados en México desde el año 2000 a la fecha como documenta Artículo 19, de los 11 a quienes les han arrebatado la vida en el incipiente sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Que no se olviden los casos. Lea proyectomiroslava.org. Que a los impunes no les favorezca el silencio, porque “el silencio es complicidad”, sentenció ella.
