El agente de la Policía Ministerial del Estado, Adán Uribe Herrera, quien desde hace aproximadamente un año se encuentra amenazado de muerte, al grado que uno de sus hijos fue baleado al salir de su casa en la Zona Oriente de Mexicali, fue desprotegido por la institución para la cual trabaja.
Quien fuera comandante del puerto de San Felipe durante el periodo de mayor tensión en dicha comunidad por la presencia de grupos delictivos ligados al tráfico de totoaba, fue considerado no apto para la portación de su arma de cargo, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se la restringió.
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Los últimos resultados de los exámenes de Control y Confianza que se realizó, determinaron -por motivos no especificados- que Uribe Herrera no es apto para la portación de su pistola, la cual ha cargado desde hace varios años, desde que fue acreditado como agente ministerial.
La situación es más preocupante, máxime cuando la noche del 1 de septiembre de 2018, su hijo de nombre Adán Alejandro Uribe Méndez, fue baleado al salir de su casa por sicarios presuntamente ligados a la agrupación del “Parra”, actualmente preso y acusado de asesinar a un militar el 31 de diciembre de 2017; lo confundieron con su padre al salir de su vivienda, según logró estimarse por investigaciones extraoficiales del Grupo Coordinación.
Uribe Herrera también recibió amenazas de muerte en reiteradas ocasiones, pero la dependencia para la que trabaja nunca avanzó en la investigación, por lo que prácticamente lo dejaron a su suerte.
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Con los sicarios libres, la PGJE como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tuvieron un pésimo criterio al dejar desprotegido a un elemento que ha recibido ataques en su contra. Básicamente no investigaron el caso, no cuidaron a su detective y ahora le quitan la única forma que tiene de cuidarse a sí mismo y a su familia.
Ahora Adán Uribe Herrara se suma a una lista de once agentes en Mexicali que también fueron considerados “no aptos” para el uso de armas de fuego.
Quequitos
Parece que la pasada Legislatura tenía una gran fascinación por el pan, y no precisamente al partido político, sino al pan dulce. Y es que resulta que un diputado -del que se desconocen datos, pues la transacción fue realizada con cargo al Congreso del Estado- gastó nada menos que 55 mil 680 pesos en “quequitos” para su venta.
El precio unitario fue de 12 pesos y en una sola emisión se compraron 4 mil de estos panes al establecimiento Candys Pastelería en Mexicali, cuya propietaria fue identificada como Dulce Denisse Ramírez Santos.
Se presume que los panecillos eran para un acto público, pues la respuesta del Congreso del Estado no proporciona mayores detalles, pero vaya que en “la casa del pueblo” gustan de hacer gastos excesivamente absurdos.
Marchas
El pésimo manejo de la diputada morenista Miriam Cano y de toda la bancada -sobre todo de su coordinadora Monserrat Caballero- en una iniciativa para formalizar el matrimonio igualitario en Baja California, provocó la molestia de los sectores antagónicos que “reventaron” una sesión del Congreso del Estado y convocaron a marchas.
El sábado 21 de septiembre, alrededor de 4 mil personas -la mayoría de grupos religiosos- salieron a las calles a protestar contra esta reforma, y de paso a presionar para no avanzar en otra iniciativa polémica: la despenalización del aborto.
Como respuesta, los grupos pro aborto también convocaron a su propia marcha a realizarse el sábado 28 de septiembre; la cita es en la Vicerrectoría de la UABC a las 6:00 pm.
Los colectivos principalmente feministas, saldrán a las calles para medir fuerzas contra un movimiento que siempre los ha superado en número (y fuerza política), y todo parece indicar que en esta ocasión ocurrirá lo mismo.
Que alguien les explique a los diputados de Movimiento Regeneración Nacional que este tipo de temas deben ciudadanizarse por respeto a la población y no tratar de “madrugarlos”. Para eso sí podrían hacer una consulta popular… apegada a la Ley, claro.
