El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, día que se conmemoró por primera vez en 2011 y fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas, en virtud de la resolución A/RES/65/209.
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la desaparición forzada es una violación a derechos humanos que consiste en “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas (o grupos de personas) que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
En México, en el 2017 tuvimos la aprobación y publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, lo que representó un avance legislativo; un reconocimiento de las víctimas y de un problema endémico que está cobrando la vida de miles de personas y la paz de miles de familias; la aceptación de las violaciones a los derechos humanos que se cometen por estos delitos; y un paso adelante -aunque lento y tarde- en el diseño y fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la justicia, y la garantía de otros derechos para las víctimas de desaparición.
De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en el fuero común durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, se registraron 14,857 personas no localizadas. En el Estado de Baja California, se registraron 402 casos.
La CEDHBC investiga actualmente, 10 expedientes de Quejas por violaciones a los derechos humanos por Desaparición Forzada en el Estado.
En el 2018, hace poco menos de un año, desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California se emitió la Recomendación 08/2018 a la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre el caso de inadecuada procuración de justicia indebida diligencia y violación al derecho humano a la verdad, en agravio de 33 víctimas de desaparición y sus familias. Recomendación paradigmática que fue aceptada por la autoridad señalada y que empujó acciones de prevención importantes, sin que eso signifique que la justicia para todas las víctimas haya llegado al Estado.
Tanto la Recomendación 8/2018 como la Ley en la materia inician reconociendo que “en México, durante los años 60s, 70s y 80s, se implementó una política de Estado para reprimir la oposición y disidencia política, caracterizada por la intervención de las fuerzas militares para desplegar operativos en los que realizaban interrogatorios (mediante el uso de la tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas) a las personas detenidas acusadas de pertenecer a grupos guerrilleros o por sospechas de ello -esto sin ningún mandato judicial- para ser enviadas a cárceles clandestinas. A este periodo ominoso de nuestro país se le reconoce como la etapa de la Guerra Sucia”. Sin que esas víctimas -ni muchas otras, del 2000 a la fecha- hayan recibido justicia.
Pero, ¿de quién son las víctimas de desaparición forzada? Pese a que existe un Día Internacional para su reconocimiento, parece que esas víctimas sólo son de sus familias; de sus madres que les buscan día y noche cavando y rezando, buscando y gritando; de padres que piden que sus hijas no sean olvidadas; de los colectivos y las asociaciones que exigen justicia de diferentes maneras. En algunos casos parece que también son de algunas personas funcionarias públicas, que se comprometen con sus trabajos y las causas que dan sentido a las instituciones obligadas directamente a garantizar los derechos de esas víctimas.
Las víctimas de desaparición forzada no son un tema de otros; son asunto de todas las personas de una sociedad. Son seres humanos que pertenecen a la misma comunidad en la que vivimos y en la que a diario se cometen tantos delitos y violaciones a los derechos humanos que quedan impunes.
Melba Adriana Olvera fue Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Correo: melbaadriana@hotmail.com
