Datos de Pemex contradicen al Presidente López Obrador, que aseguró en su informe un decremento de 94 por ciento en el robo de combustible. Las estadísticas de enero a julio de 2018 y 2019 muestran una disminución de menos del uno por ciento; aumenta al triple la sustracción de gas licuado. El gobierno de AMLO ha iniciado más carpetas de investigación que el último año de Peña Nieto, pero hay menos detenciones, menos consignados y menos hidrocarburos recuperados, según la Fiscalía General de la República. La lucha contra el huachicol se ha concentrado contra militares implicados y el Cártel Santa Rosa de Lima
Mientras que en el Primer Informe de Gobierno rendido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se anunció que el robo de hidrocarburos se redujo en un 94 por ciento, estadísticas de Petróleos Mexicanos (Pemex) revelan que durante los primeros siete meses del año las cifras son muy similares -comparativamente- con el mismo periodo de 2018. Datos obtenidos vía transparencia por ZETA tampoco coinciden en cuanto a resultados que las autoridades tienen en el combate al llamado huachicoleo.
Por si fuera poco, la sustracción de gas licuado, ilícito que el año pasado completo registró 206 tomas clandestinas, se triplicó entre enero y julio de 2019 al localizarse 623 puntos de robo en el país, lo que significó 2.9 hechos por día, según información de la empresa productiva. Tan solo en Puebla y el Estado de México ocurrió el 70 por ciento de las incidencias.
Los números no son del todo positivos pese al esfuerzo del Gobierno Federal que, durante los primeros meses de la actual administración, se enfocó en la lucha contra el huachicol mediante una estrategia iniciada el 20 de diciembre de 2018 y que implicó la participación de 15 dependencias, la vigilancia militar en 73 instalaciones estratégicas, un desabasto de combustible (al cerrar los ductos de trasiego), la adquisición de pipas para hacer la distribución vía terrestre y finalmente regresar al uso de los ductos reparados y supuestamente supervisados.
El repunte en el robo de combustible, reconocido por Pemex, podría deberse a problemas que las autoridades tuvieron que atender en otras regiones, como la migración ilegal que centroamericanos realizan en su ingreso por la frontera Sur -con destino al Norte-, lo que motivó que cientos de efectivos militares y policías federales fueran retirados de la lucha contra el huachicol para enfrentar otros fenómenos.
Situación aparte son los robos, actos de sabotaje y tráfico de combustible que se registran en las plataformas de extracción de petróleo ubicadas en el Golfo de México, hechos de los que la Secretaría de Marina ha dado cuenta y que el Presidente de México ha admitido desde los primeros meses de su gestión.
En la parte positiva de la estrategia, se han tomado tres decisiones con impacto legislativo, las cuales son: establecer los delitos relacionados con el robo de hidrocarburos -en el Código Nacional de Procedimientos Penales- como graves, que ameritan prisión preventiva oficiosa; solicitar el incremento de penas de 20 a 30 años de prisión a quienes participen en este tipo de ilícitos; y añadir estas conductas a la Ley federal de Extinción de Dominio, para desapoderar a los huachicoleros de todo recurso obtenido de estas prácticas.
TOMAS CLANDESTINAS
La frase, que en este sexenio ha vuelto popular el Presidente López Obrador, de “yo tengo otros datos” encaja en su Primer Informe de Gobierno, en el que afirmó que durante su gestión se ha reducido el robo de combustible en un 94 por ciento, lo que significará un ahorro de 50 mil millones de pesos en su primer año. Las cifras de Petróleos Mexicanos dicen otra cosa.
Según estadísticas de la paraestatal, de enero a julio del año en curso se han detectado ocho mil 655 tomas clandestinas, de donde delincuentes sustrajeron hidrocarburos propiedad de la nación, mientras que el año pasado -durante el mismo periodo- las horadaciones realizadas por criminales fueron del orden de las ocho mil 706; es decir, la disminución de la incidencia sería de menos del uno por ciento.
De acuerdo con la información de Pemex, la tendencia a la alza de los delitos relacionados con los combustibles pone en riesgo sus operaciones, pues a finales de diciembre próximo podrían rebasarse los números de 2018 (y que en los años más recientes van en constante incremento).
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Mientras que en diversas entidades federativas la sustracción de gasolinas y diesel se mantiene en niveles del año pasado, como en los casos de Puebla y Guanajuato, en otros estados se ha disparado, como es el caso de Hidalgo, Estado de México, Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. En tanto, en Morelos, los ilícitos relacionados con hidrocarburos van a la baja.
En Hidalgo es de llamar la atención que, a pesar de la tragedia ocurrida la tarde del 18 de enero de 2019 -en la que murieron 137 personas y provocó lesiones a decenas más, al registrarse una explosión en una toma clandestina en el municipio de Tlahuelilpan-, las operaciones de huachicoleros aumentaron desproporcionalmente, y es precisamente en esa población donde se enlistan 153 tomas clandestinas en este año, siendo que en el año anterior solo se contaron 14. El aumento fue de casi el mil por ciento.
RESULTADOS DEL COMBATE
Tampoco hay coincidencia en los datos -que aunque no se trataron durante el informe, sino que fueron proporcionados durante el transcurso del año por diversas autoridades del gabinete presidencial, con los que obtuvo ZETA vía transparencia- en cuanto a los resultados en el combate al huachicoleo y que consisten en una confrontación de los mismos, entre lo hecho en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto y los primeros meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Así encontramos que en el número de carpetas de investigación iniciadas por los delitos de posesión, sustracción y/o comercialización ilícita de hidrocarburos -consistentes en gasolina magna, gasolina premium, diesel y gas licuado- de enero a diciembre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), a través del Ministerio Público Federal, inició 99 carpetas; en tanto que, en 2019, la misma dependencia ha iniciado 178 indagatorias.
Sin embargo, aunque aumentaron este año las denuncias que el propio Estado mexicano realiza, se reportan menos detenciones que en el último año de la gestión de Peña Nieto. En 2018 fueron 168 personas privadas de la libertad por su presunta participación en tales delitos, en tanto que en el año que corre hubo 48. El año pasado, 116 de los probables criminales fueron consignados ante un juez; en cambio, en 2019 son 84 los puestos a disposición de autoridades jurisdiccionales.
También se informó de los hidrocarburos asegurados en uno y otro año. En 2018, las autoridades lograron recuperar dos millones 17 mil 418 litros, según datos de la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). En 2019, han asegurado un millón 218 mil 610 litros de combustibles.
En cuanto a sentencias condenatorias contra huachicoleros, el año pasado Ministerio Público Federal fue notificado de 36 resoluciones en ese sentido; mientras que en el presente año van ocho. Sentencias absolutorias en 2018 fueron cinco, en el año vigente no han habido gasotraficantes exonerados. La información solicitada remata con 18 personas liberadas en el término de 72 horas durante el año pasado, y solo una en el actual.
Esas son cifras oficiales proporcionadas a ZETA por la Unidad de Transparencia de la FGR, y que difieren con informes parciales dados por la Unidad de Inteligencia Financiera o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en diferentes momentos. Por ejemplo, el 17 de enero último, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aseguró que existían investigaciones a 114 personas, probablemente implicadas en robo de hidrocarburos, mientras que el 28 del mismo mes declaró que los investigados eran 50.
Por su parte, el 17 de enero, el subprocurador de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo de la FGR, Roberto Ochoa Romero, informó que se iniciaron mil 831 carpetas de investigación y que se detuvo a 435 presuntos en el huachicoleo, poniendo a disposición de un juez a 165 personas; cifras que contradicen por mucho la información que proporcionó la Unidad de Transparencia de la misma institución meses más tarde (en agosto).
El 21 de febrero, durante una de las conferencias mañaneras del Presidente López Obrador, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informó que -derivado de las acciones contra el robo de combustible- iban 236 detenidos durante la administración, muchos menos que los mencionados por el funcionario de la FGR un mes antes. También mencionó datos de producto recuperado: “Se han asegurado siete millones 805 mil litros de combustibles, aproximadamente, y un millón, poco más de un millón de litros, un millón 14 mil litros de gas LP”. Además, 175 personas fueron vinculadas a proceso.
Total, “todos tienen otra información”.
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LOS COMBATIDOS
Entre los asuntos tangibles que son investigados por las autoridades mexicanas, más allá de declaraciones y cifras, se encuentran los militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que, adscritos en la administración pasada a Pemex, habían facilitado y cooperado criminales en el detrimento patrimonial de la empresa productiva. También se combate al Cártel Santa Rosa de Lima, que lidera en Guanajuato un sujeto apodado “El Marro”, quien habría amenazado de muerte -mediante mantas- al Presidente López Obrador.
Desde diciembre de 2018, el fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó la implicación de funcionarios en el robo de hidrocarburos; mientras, el secretario de Seguridad y el titular de la UIF también señalaron a empresarios gasolineros -sin mencionar nombres-, quienes adquirían producto ilícito para su comercio en estaciones de servicio. Ahí comenzaron a bloquear cuentas bancarias abiertas en la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla.
El 18 de enero, AMLO reconoció que existían pruebas de que militares encargados de la seguridad de los ductos de Pemex sabían del robo de combustible y no actuaban. Agregó que desconocía que los generales intimidaban a trabajadores petroleros para que estos dejaran sin habilitar tomas clandestinas, y así se pudiera seguir extrayendo hidrocarburo. En abril, trascendió que la propia FGR protegió a los señalados desde casi dos años antes, entre ellos al General Eduardo León Trauwitz, subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex en el sexenio pasado y jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto en su periodo como Gobernador del Estado de México.
A principios de junio se entregó a agentes ministeriales el Teniente Coronel Oziel Aldana Portugal, uno de los acusados de robo de combustible durante la pasada administración. Fue encarcelado en el penal de máxima seguridad Altiplano, imputado por los delitos de por delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburo. Otros tres mandos castrenses implicados fueron detenidos por los mismos hechos, y junto con Aldana fueron vinculados a proceso.
Mientras que al General León Trauwitz no le han detenido -e incluso se le amparó para descongelar sus cuentas bancarias-, al también General, en retiro, Alfredo Herrera Pegueros, le cumplimentaron una orden de aprehensión el 17 de julio, cuando le localizaron en el estado de Guerrero; en el Altiplano le vinculó a proceso un juez de control. Faltan por ser capturados 16 servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Pemex, involucrados en los hechos.
El otro objetivo visible, el Cártel de Santa Rosa de Lima, que opera en esa región de Guanajuato, fue señalado en la conferencia mañanera el 30 de enero último por el secretario de Marina, Rafael Ojeda, como un clan huachicolero violento que estaba inconforme por el cierre de ductos de hidrocarburos. A su líder, José Antonio Yépez “El Marro”, le fueron congeladas 17 cuentas bancarias en la primera quincena de marzo. Días más tarde fueron detenidos “El Flaco”, “El Bala”, “El Coquis” y “Omar”, remitidos al penal del Altiplano.
También fue detenido, en el mismo mes, Agustín “M”, principal colaborador de Yépez. “El Agus”, fungía como enlace del cártel con distintas autoridades de gobierno, a quienes pagaba por la información que le proporcionaban. Le investigaron además por narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y venta de huachicol. El 17 de abril, en Celaya, apareció una manta dirigida al Presidente de México, donde le amenazaban por ordenar el operativo “Golpe de Timón”, dirigido a ese grupo criminal.
El 28 de abril fue vinculado a proceso otro de los líderes del Cártel de Santa Rosa de Lima. Eliseo Gutiérrez Belman “El Titi” es presunto responsable de delincuencia organizada y sustracción de hidrocarburo; también ingresó al penal del Altiplano. Al iniciar mayo, trascendieron algunas fotografías tomadas al “Marro” en playas de Mazatlán, Sinaloa, durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.
