Este jueves, 5 de septiembre de 2019, la Comisión de Estudios Legislativos en el Senado de la República avaló con cinco votos a favor y dos abstenciones el dictamen que eleva la defraudación fiscal, la compra-venta de facturas y el contrabando a delincuencia organizada.
Dicha iniciativa fue aprobada previamente por las comisiones de Hacienda y Crédito Público, así como por la de Justicia, por lo que se prevé que en los próximos días se discutida y vote en el pleno de la Cámara Alta.
El documento, establece que al equiparse con delincuencia organizada, quien incurra en la compra-venta de facturas falsas, evasión fiscal y contrabando ameritarán prisión preventiva oficiosa.
Además, aumenta las penas de cinco a ocho años de prisión al contribuyente que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Esas mismas sanciones tendrá quien permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen facturas falsas.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el dictamen.
