En los primeros tiempos, cuando las multitudes juzgaban a un presunto delincuente, lo hacían en forma directa; cruel, pero expedita.
Con el tiempo, aumentaría el número de transgresores; la muchedumbre nombró representantes sociales para que estos sean los encargados de investigar y perseguir los crímenes que aumentan sin control (al tiempo que crecen las poblaciones).
Ahora se piensa en la autonomía del encargado de procurar justicia, para evitar que la acción penal pública sea utilizada políticamente. Porque se da el caso que el titular de la acción penal utilice esa facultad para perseguir a sus enemigos políticos, pudiendo beneficiar a sus partidarios, amigos o miembros de grupo político.
El hecho de tener esa facultad da una fuerza social y administrativa a favor de quien la posee.
Los opositores a la llamada “autonomía del Ministerio Público”, como argumento en contra, oponen que sea necesaria una reestructuración de las ahora llamadas fiscalías, y que estas queden fuera del control de cualquiera de los tres poderes dado a su divorcio del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Esto significa desconocer la naturaleza del sistema de justicia, pues el hecho de que se considere autónoma la fiscalía no implica que esté totalmente divorciada del sistema jurídico; todo este sistema está vinculado entre sí por el -repito- sistema jurídico, que tiene su fundamento en la Constitución, quien establece las bases de la organización del Estado.
Aprovechando el tema, lo que sí es urgente es establecer un sistema de periciales del que puedan participar los abogados particulares, regido bajo un sistema científico-criminalista, imparcial y arbitral. Gracias a la reciente reforma constitucional, a partir de hace unos meses, lo que pretende el nuevo sistema penal es apoyarse en sus decisiones mediante la técnica médico-criminalística, lo que dará bases científicas a la toma de decisiones de los juzgadores.
Como vemos en el desarrollo de este artículo, la autonomía del Ministerio Público no es absoluta; el riesgo de que el ejecutivo siga teniendo injerencia en la procuración de justicia es muy elevado porque, de alguna manera, el ejecutivo participa en la designación de los fiscales, lo que crea una invaluable deuda de gratitud de la fiscalía hacia el gobernador, lo que viene a dar al traste con la imparcialidad, que debería de ser máxima para quienes se encargan de investigar y consignar a los delincuentes.
Preocupémonos, pues, por una procuración de justicia que labore con autonomía técnica y económica, además de jurídica y política; como corresponde a un Estado que practica la democracia, proveniente de una formación ciudadana de elevados niveles de cultura.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
