“Son puras llamadas a misa. ‘Ya pórtense bien, vamos a ver lo que están haciendo, vamos a ver si ya le pagaron a la gente’, pero en realidad no hay una acción coercitiva que los obligue a ellos a que paguen, ni hay una amenaza a que, si no se cubre el daño en tanto tiempo, se iniciará un proceso de cancelación de la concesión”, dijo el abogado de las víctimas, Quetzalcóatl Orozco, en relación al emplazamiento de Altisa por parte del Ayuntamiento de Tijuana.
El abogado explicó sobre el llamado que hace a la Sindicatura Municipal, a través de la Dirección Municipal de Transporte Público; pide que se informe cómo va el caso en los tribunales porque realmente no se sabe para qué va encaminado, pues ya han pasado casi tres años y solo se ha inhabilitado a un funcionario público, José Luis Hernández Silerio, extitular de Vialidad y Transporte.
El accidente ocurrió el 12 de octubre de 2016, en las inmediaciones del fraccionamiento Ke Casas, en el cual 6 personas perdieron la vida y 11 más resultados con lesiones, siendo el más grave el joven Brandon Morelos (quien quedó en condición cuadripléjica).
“Esa queja se presentó en el año 2017 en Sindicatura, entonces ellos tuvieron 2017, 2018 y todo 2019 para iniciarle un proceso de cancelación y obligar a la empresa a que pagara. Ahorita, a 14 días de que termine esta administración, ahora sí ya se ponen a regañarlos; estamos viendo claramente que ellos solo están saliendo ante los medios para decir que ya, a los últimos días, iban a sancionar a la empresa, pero que se les acabó la gestión”, comentó a ZETA.
Por su parte, Francisco Castillo Fraga, director de Transporte Urbano, dijo que el procedimiento inició en 2016 y fue heredado de la administración de Jorge Astiazarán Orcí; si se tardó en iniciar el proceso, fue porque fueron muchos los temas pendientes.
Este Semanario buscó la respuesta de la empresa de transporte público, pero solo se limitaron a mandar un texto, en el cual aseguraron que atenderán en tiempo y forma la solicitud de la dirección de transporte.
“(Altisa) Es la primera interesada en seguir cumpliendo con la normatividad vigente y así lo seguiremos haciendo. Atenderemos puntualmente la cita acreditando el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la concesión”, se puede leer en el documento.
