La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este martes que prepara una denuncia contra María del Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, por convenios de dudoso origen con universidades públicas por un monto de más de 800 millones de pesos.
“En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera estamos desarrollando un proceso de análisis de la información que se cuenta. Se han detectado con la Secretaría del Bienestar [antes Sedesol] 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República y estamos en este momento en el proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente”, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.
Horas después de que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, procesó a Robles Berlanga por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público y le decretó la prisión preventiva justificada por dos meses, al existir el riesgo de fuga, Nieto Castillo explicó que dichos convenios habían servido de base a la UIF para el congelamiento de cuentas tanto de la ex titular de Sedesol y Sedatu, como de sus principales colaboradores.
“[La UIF] ha solicitado información y el apoyo de unidades de inteligencia financiera en otros países para la detención de montos financieros que hubieran sido transferidos por parte de la señora Robles y de sus principales colaboradores”, expuso Nieto Castillo.
“Nosotros en este momento tenemos siete personas congeladas con montos variables, que llegan hasta 12 millones de pesos. Pero estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de la localización, particularmente de empresas fachada”, abundó el titular de la UIF.
Según el funcionario federal, en la llamada “Estafa Maestra” un conjunto de universidades fueron beneficiadas con adjudicaciones directas con empresas que tenían muy poco tiempo de constitución, que tenían testaferros, o prestanombres como accionistas, que finalmente representaron una afectación al erario.
“Yo soy un convencido de que la posición del presidente [Andrés Manuel] López Obrador es muy clara: cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. El hecho de que una ex Secretaria de Estado se encuentre en este momento con una medida cautelar de prisión preventiva en razón de sus actos, es un mensaje muy importante de que este tipo de cuestiones no deben de volver a ocurrir”, dijo Nieto Castillo.
“Lo que veo es un enorme trabajo que viene por delante: nosotros estaremos por presentar de forma pronta una nueva denuncia sobre los casos que estamos analizando para efecto de que ningún caso de corrupción quede impune”, acotó el titular de la UIF, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En punto de las 7:08 horas de este martes, una camioneta de la Policía Federal salió del estacionamiento del recinto judicial con la ex titular de la Sedatu y la desaparecida Sedesol, rumbo al Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde estará internada durante los próximos meses.
La FGR imputó, el pasado 8 de agosto, a Robles Berlanga, por supuestamente haber causado un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, al considerar que fue omisa en la operación de desvíos que llevaron a cabo sus subordinados, cuando ella fungió como titular de la Sedesol y Sedatu, durante el Gobierno de Peña Nieto, en la llamada “Estafa Maestra”.
