Desde noviembre de 2018, agentes de la Policía Ministerial rondan los diferentes domicilios de Gerardo Fragoso, un conocido periodista radicado en Mexicali. Primero fueron mensajes, correos, llamadas a su celular y al de sus familiares desde Tijuana. Sin darle mayor información, le exigieron que se trasladara desde la capital de Estado a una “cita” para comparecer ante la autoridad “para efectos de que se lleve a cabo una diligencia de carácter penal”, se puede leer en un primer mensaje enviado desde una cuenta de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.
Gerardo Fragoso había publicado en octubre, un reportaje en el periódico El Mexicano sobre el Notario Público Número 4, Eduardo Manuel Navarro Vallejo García Travesi. El periodista tuvo acceso al expediente 0204-201-21413 del 2017, donde el notario fue señalado por su exesposa de delitos sexuales como violación, amenazas y violencia familiar; además publicó detalles de otro juicio en su contra, en el cual se le exigía el pago de alimentos, indemnizaciones y otros gastos.
Fragoso retomó y publicó información sobre García Travesi en una denuncia de secuestro interpuesta por la señora María Guadalupe Loza, quien acusó a su hijo José Gerardo Álvarez, empresario gasolinero y copropietario del bar Adelitas de Tijuana. En ese otro expediente, García se le señala como el que se encargó del papeleo para despojar a la mujer una vez que se encontraba privada de su libertad.
Foto: Archivo
Semanas después de la publicación –y desde entonces–, la PGJE ha estado sobre el periodista. El último citatorio lo emitió el agente de Ministerio Público, Eduardo Mendoza Corona, titular de la Unidad de Visitaduría en Mexicali, pero de acuerdo a fuentes de la dependencia, el caso lo encabeza Malcolm Alfredo Mandujano Yuriar, el MP de Tijuana, con la supervisión de la directora de la Visitaduría General, Edith Villalobos Iñiguez.
En la “citación con apercibimiento” del 12 de agosto, firmado por el MP, Mendoza Corona, emplaza al periodista a asistir a las instalaciones de la PGJE para que declare en “la integración de la carpeta de investigación que se instruye por la posible comisión del delito de revelación de secreto”, de no hacerlo será acreedor de una multa de “30 salarios” (sic), es decir, unos 5 mil pesos.
De acuerdo a funcionarios en la procuraduría, el Notario Público ha invertido sus esfuerzos y sus “afectos” para que se castigue la revelación de sus conductas expresadas en los expedientes que el periodista hizo públicos.
Con tantas denuncias, delitos consumados e impunidad en el Estado, la PGJE gasta tiempo, dinero y recursos humanos para que un reportero sea citado y sancionado por una nota informativa. Hay prioridades en la procuración de justicia…
