Ricardo Zurita, consejero del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California, se pronunció en contra del conflicto de interés en el que incurrió Jorge Topete Calvario, también miembro del SEA, dado a conocer por ZETA en la edición de esta semana.
En marzo de este año, el Ayuntamiento de Tijuana celebró un convenio con la empresa “El Burro Loco” (EBL S. de R.L. de C.V.) por 9 millones 860 mil pesos, IVA incluido, para recibir principalmente “consultoría en materia financiera para el aseguramiento documental de la cuenta pública de los ejercicios 2017 y 2018”, de indica en el contrato publicado por este Semanario.
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En archivos oficiales del Ayuntamiento, Jorge Topete Calvario, aparece como el representante legal de la compañía EBL, aunque en entrevista aseguró haberse retirado de la misma en mayo de 2018.
No obstante, el consejero del Sistema Anticorrupción mantiene dos empresas, dedicadas también a servicios legales-financieros, con Omar Ramos Sierra, socio de “El Burro Loco” y quien firmó el contrato con el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
De junio de 2018 a julio de 2019, Topete Calvario fungió como presidente del CPC del Sistema Anticorrupción.
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Como parte de sus atribuciones en ley está el de emitir posicionamientos en casos de corrupción gubernamental y recibir denuncias ciudadanas en la misma materia.
También la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción impide a cualquier miembro del SEA mantener una relación laboral, cargo o comisión con instancias de gobierno, precisamente, para evitar un conflicto de interés.
El abogado Ricardo Zurita, por medio de un comunicado de prensa, recordó además que “Topete Calvario fue impuesto para presidir el fundacional SEA de BC por el también consejero Francisco Fiorentini, casualmente el actual presidente del SEA de BC, esto de manera ilegítima, toda vez que Topete le fue asignado un periodo en el CPC para 5 años, lo que conforme a la Ley del SEA lo hizo legalmente impedido para haber integrado y presidido los diversos órganos del SEA”.
Zurita también acusó a Topete y Fiorentini de “la ilegal selección y nombramiento de Luis Irineo como Secretario Técnico del SEA de BC, violando los principios de imparcialidad, objetividad, libre conflicto de intereses, selección por méritos, que establecen los artículos 109 de la Constitución, y los artículos 5 de la Ley Gral. del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, y artículos 5 y 56 de la Ley Gral. de Responsabilidades Administrativas”.
Sobre el reportaje de ZETA, el integrante del SEA señaló “prueba el exagerado costo que la empresa de la que Topete es socio cobra al Ayuntamiento de Tijuana, por solo 7 meses de servicio, por cerca de 10 millones de pesos, cuando en el mercado profesional ese mismo servicio se cobra a solo 750 mil pesos.
El posicionamiento de Zurita concluye al considerar que “en este reportaje ZETA, se evidencia las mentiras y contradicciones que cae Topete, para intentar ocultar su participación en la sociedad en la empresa involucrada y su relación con sus socios de la misma”.
El reportaje “El Patas pagó 9.86 millones de pesos al presidente anticorrupción (El caso de El Burro Loco)” aparece en la actual edición impresa de ZETA, disponible desde ayer viernes 2 de agosto.
