Jaime Martínez Veloz acudió a la Fiscalía General de la República para ratificar la denuncia que interpuso contra los diputados que aprobaron la reforma al decreto 112, con la que se pretende extender el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.
El ex candidato perredista a la gubernatura de Baja California, reveló que por la aprobación de la enmienda constitucional, los legisladores locales habrían recibido pagos de 200 mil, 300 mil y 400 mil dólares; versión que supuestamente se encuentra plasmada en un documento “donde una persona denuncia”.
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Según citó Martínez Veloz, entre el 7 y el 8 de julio, los diputados en cuestión (pertenecientes a la anterior Legislatura) acudieron a un hotel en Mexicali, donde recibieron el dinero de parte de “un funcionario cercano a Bonilla”, a manera de soborno para que aprobaran la modificación a la Constitución.
Fue justo el 8 de julio, cuando en sesión extraordinaria el Congreso de BC (el cual se conforma de 25 legisladores) avaló la consabida ley con 21 votos.
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El ex priista anunció que requerirá a la FGR solicite el material registrado por las cámaras de seguridad del complejo turístico donde presuntamente se consumó la maniobra indicada.
Consideró que “es de la más alta prioridad” que el gobierno federal revise “cada uno de los actos” perpetrados “y tome las medidas correspondientes desde el punto de vista jurídico”.
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Martínez Veloz llegó a la fiscalía alrededor del mediodía y acompañado de los integrantes de la dirección nacional extraordinaria del PRD Ángel Ávila y Fernando Belaunzarán.
A decir de Ávila Romero, el supuesto caso de soborno habrá de constituir “una prueba de fuego” para la FGR, de modo que se pueda ver “si verdaderamente va a actuar” en forma autónoma.
“Le pedimos al fiscal (Alejandro) Gertz Manero que tome en sus manos de manera personal el asunto de la ‘Ley Bonilla’”, exhortó el líder partidista.
