Las personas mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos, tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos del que México es parte; sin embargo, en nuestro país, 27.9% de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos han sido vulnerados en razón de su edad. En encuestas recientes de discriminación (Enadis), el 40.3% describe como sus problemas principales los económicos, 37.3% la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos, y 25.9% los laborales.
Las personas mayores, como todos los grupos en contexto de vulnerabilidad, enfrentan mayores retos para contar con los medios imprescindibles para llevar a cabo una vida digna; por lo mismo, en los sistemas interamericanos e internacionales se busca reforzar el reconocimiento de estos a través de diversos instrumentos, como convenciones y tratados (que en ocasiones poco se difunden y menos llegan a quien los necesita, ni en información ni en política pública).
México cuenta con legislación que muestra avance hacia el entendimiento de que las personas deben tener garantizada la vida con bienestar en todas las etapas; pero, socialmente, las personas mayores deben ser reconocidas como sujetos de derechos y dejar de sufrir por paradigmas heredados, que les conciben como “carga social” y les infantilizan, provocando constantes violaciones a sus derechos humanos.
Las personas mayores tienen derecho a no ser discriminadas en razón de su edad, por lo que deben de gozar de las oportunidades que faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad: deben recibir el apoyo de las instituciones creadas para su atención en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos; también, ser protegidas y defendidas contra toda forma de explotación y maltrato físico o mental (su vida debe estar libre de violencia para recibir la atención y la protección que requieran por parte de la familia y de la sociedad y poder vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus necesidades y requerimientos) y tener derecho a expresar su opinión con libertad y participar en el ámbito familiar y social -así como en todo procedimiento administrativo y judicial que afecte sus personas o su familia-, ser tratadas con dignidad y respeto cuando sean detenidas por alguna causa justificada o sean víctimas de algún delito o infracción, y contar con asesoría jurídica gratuita y oportuna; además, contar con un representante legal o de su confianza cuando lo consideren necesario (poniendo especial cuidado en la protección de su patrimonio personal y familiar).
Deben poder realizar su testamento con toda libertad -sin que para ello intervenga persona alguna-, recibir información sobre las instituciones que prestan servicios para su atención integral, tener atención médica en cualquiera de las instituciones del Sistema Nacional de Salud y obtener orientación y capacitación respecto de su salud, nutrición e higiene (que favorezcan su bienestar físico y mental y el cuidado personal); igualmente, recibir la seguridad social que les garantice el derecho a la protección de la salud, contar con un trabajo mediante la obtención de oportunidades igualitarias para su acceso -siempre que sus cualidades y capacidades las califiquen para su desempeño- y recibir un ingreso propio (mediante el desempeño de un trabajo remunerado o por las prestaciones que la seguridad social les otorgue cuando sean beneficiarias de ella). Asimismo, recibir educación y capacitación, el poder de asociarse y reunirse libremente con la finalidad de defender sus intereses y desarrollar acciones en su beneficio, ser integrados a los programas de asistencia social y, finalmente, decidir sobre su proyecto de vida y que se respete su voluntad.
En semanas recientes hemos conocido nuevamente hechos que dan cuenta de la falta de garantía de derechos para las personas mayores, quienes muchas veces viven en condiciones de alto riesgo pese a encontrarse en centros de apoyo para su subsistencia; riesgos que no solo les lleva a perder la vida en accidentes o catástrofes, sino a perder la voluntad y el respeto de sus decisiones.
Reflexionemos: este es un importante asunto pendiente que no se enmienda solo con algunos apoyos económicos; y mucho menos si se trata de las mujeres mayores, pues ellas son aún más propensas a sufrir violencia y abusos.
Melba Adriana Olvera fue Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Correo: melbaadriana@hotmail.com
