Hace muchos años conocí el término inclusión, fue poco después del 2,000, y aunque ya tenía décadas de vigencia, en aquel tiempo apenas empezaba a utilizarse en México para sustituir la propuesta de integración en el ámbito de la educación, sobre todo de la integración de personas con discapacidad.
La integración se había anunciado como la panacea para solucionar la segregación de la población que se consideraba vulnerable por sus características personales más que por las actitudes sociales y el contexto. Hoy sabemos que la vulnerabilidad se construye entre lo individual, lo colectivo y el entorno. Así, en las aulas, se proponía la integración educativa de las personas con discapacidad y se entendía como la “aceptación” de personas “especiales” en ambientes “regulares”.
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Luego se entendió que la solución a un problema de falta de oportunidades educativas no era la integración sino la inclusión porque mientras la integración proponía un trato bastante parejo y no tan equitativo, la inclusión educativa le apostaba a ajustar los métodos de enseñanza/aprendizaje tomando en cuenta las características individuales de la persona estudiante y las características del grupo con el objetivo de que la educación se diera para todas las personas.
La educación inclusiva tomó como base el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades de aprendizaje; es tener en cuenta que existen una población que necesita del impulso de un sistema educativo que dé acceso a todos los alumnos y que asegure a cada uno de ellos su permanencia y una enseñanza capaz de atender las diferencias de las personas.
Este proceso de inclusión implica identificar y eliminar barreras de los contextos escolar, social y familiar, impulsar la participación centrándose en el aprendizaje, involucrar el desarrollo de las escuelas tanto de los docentes como de los alumnos, tomando como punto de partida la realización de un análisis, evaluación y sistematización de información, para reconocer aquellas situaciones o condiciones que limitan el aprendizaje y la participación del alumnado.
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Poco después el concepto se llevó a los demás espacios de la sociedad, y se comenzó a generalizar el uso de la inclusión social como paradigma para contrarrestar la exclusión de las entonces llamadas “minorías”, hoy “grupos en situación de vulnerabilidad” o de “atención prioritaria”, principalmente de las personas con discapacidad.
Paulatinamente la inclusión social se fue incorporando en el diseño de políticas públicas en Latinoamérica, en México mayormente en el sexenio pasado, identificándose con cinco dimensiones directamente vinculadas con cinco necesidades humanas básicas: la ocupación, la protección, el reconocimiento, el vínculo y la participación; y arropando la diversidad humana, e intentando asumir a los diferentes grupos que habían quedado “fuera” y que enfrentan mayores desventajas para la vida plena en la sociedad: niños y niñas, adolescentes, personas mayores, personas de comunidades indígenas, personas de la población LGBTI, mujeres, personas migrantes, etcétera.
La inclusión como principio de una sociedad democrática es significante de éxito en el discurso político contemporáneo, es el desarrollo de las sociedades humanas que todas las personas podamos llevar una vida libre, protegida y feliz, en la que seamos parte y partícipes de una comunidad, con igualdad de oportunidades para el disfrute de los bienes naturales y culturales.
La inclusión es principio de Estado de Derecho, pero la inclusión también es resultado de una sociedad de derechos humanos. En una sociedad en donde se respeta la dignidad de todas las personas y se garantizan los derechos humanos, entre ellos la igualdad, la inclusión se da de manera natural y hasta deja de ser importante utilizarla como utopía.
La razón es simple y clara, el enfoque de derechos humanos es el más inclusivo posible. Abarca a todas las personas, sin importar sus diferencias, ni hacer distinciones, en un enfoque de derechos humanos nadie queda afuera y todas las personas tienen las mismas oportunidades para participar y desarrollar un proyecto de vida enfocado a la plenitud, a la felicidad.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Correo: melbaadriana@hotmail.com
