El Juez Décimo de Distrito en el Estado de México concedió este miércoles 21 de agosto una suspensión definitiva en contra de todos los efectos y consecuencias de la Autorización de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), del Gobierno Federal, respecto al proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL).
La orden judicial será válida hasta que se resuelva uno de los juicios de amparo promovidos por el colectivo de organizaciones no gubernamentales #NoMásDerroches, y comparte el criterio sostenido la semana pasada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al otorgar una suspensión provisional en contra de la Autorización de Impacto Ambiental.
Según el colectivo de ONG’s, la propia autorización de la SEMARNAT reconoce que con la ejecución del proyecto de Santa Lucía se ocasionarán daños y afectaciones al ecosistema actual de las regiones que impactará la obra aeroportuaria.
El Juez también indica que la Autorización de Impacto Ambiental reconoce: i) la tala y poda de vegetación, ii) desplazamiento y reubicación de flora y fauna, iii) inhibición en la filtración hídrica y, por ende, la disminución de captación de agua, iv) aumento de contaminación atmosférica debido al aumento en el tránsito de vehículos aunado a la falta de infraestructura vial.
Además, de que, en general, ,a resolución judicial indica daños inminentes de difícil reparación en perjuicio de las comunidades por modificaciones al entorno. “La finalidad de la suspensión es garantizar la protección del medio ambiente de las regiones afectadas por el proyecto aeroportuario y salvaguardar la integralidad del ecosistema”, detalló #NoMásDerroches en un comunicado.
Con esta nueva medida cautelar obtenida por el colectivo de ONG’s, el inicio de la construcción del AISL tendrá que esperar a que se emita sentencia definitiva en el juicio de amparo, ya que prohíbe la ejecución de la Autorización de Impacto Ambiental hasta que el Juez analice si cumple con los principios en materia ambiental y garantiza el derecho a un medio ambiente sano que protege nuestra Constitución.
El pasado 16 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la suspensión definitiva mediante la cual se ordena al Gobierno Federal detener la construcción del AISL, es “un sabotaje legal”, y aseguró que la obra se va a realizar sin atrasos, a pesar de los más de 80 amparos para impedirlo.
Un día antes, el 15 de agosto, Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva mediante la cual se ordena al Gobierno Federal detener la construcción del AISL, hasta que se resuelva uno de los juicios de amparo promovidos por #NoMásDerroches.
Sin otorgar más detalles, el mandatario nacional aseguró que está pidiendo al Poder Judicial de la Federación (PJF) que, conforme a la normatividad, resuelva ya todos estos amparos. “Porque son prácticas dilatorias, chicanadas, para que no se haga o demorar la obra”, indicó en su conferencia de prensa matutina.
“Entonces espero que esto se resuelva pronto, y un llamado también ya a los que no pudieron hacer el negocio, entre comillas, que le bajen una rayita, cuando menos, están muy alterados. El dinero no es la vida, el dinero es el papá o la mamá del diablo”, ironizó el político tabasqueño.
López Obrador recordó que no se está realizando ninguna obra en el AISL, aunque su Gabinete está trabajando todo el tiempo en la planeación. Al ser cuestionado sobre cuánto más cree que podría retrasarse la obra, el titular del Poder Ejecutivo Federal acotó que confia en que la suspensión definitiva judicial no afecte en nada la construcción del nuevo aeropuerto.
La resolución judicial dictada por el juez el 15 de agosto, también ordena a las autoridades responsables mantener las obras del cancelado Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM). Lo anterior guarda congruencia con lo resuelto el lunes de esta semana en el mismo sentido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al resolver un recurso de queja emanado del mismo asunto.
El Poder Judicial de la Federación ya había otorgado suspensiones definitivas en seis ocasiones en contra de la construcción del AISL. Sin embargo, condicionaba el desarrollo aeroportuario a que se obtuvieran todos los permisos ambientales, de seguridad, viabilidad aeronáutica, entre otros.
Permisos y estudios en dichas materias que, en su mayoría, dependían de la propia Administración Pública Federal, para que el Gobierno Federal estuviera en la posibilidad jurídica de iniciar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, sin importar que los juicios de amparo no hubiesen concluido aún, recordó el colectivo de ONG’s en un comunicado.
“Con esta nueva medida cautelar obtenida por #NoMásDerroches, la construcción del AISL tendrá que esperar a que se resuelva el juicio de amparo de manera definitiva. Lo anterior es acorde con lo que ha venido solicitando el colectivo desde un inicio”, indicó.
“[…] antes de iniciar la construcción de Santa Lucía y el desmantelamiento de las obras en Texcoco, el Poder Judicial de la Federación debe determinar si la decisión del Gobierno cumple con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público, como lo indica el artículo 134 de la Constitución”, abundó #NoMásDerroches.
El colectivo de ONG’s recordó que por medio de argumentos jurídicos ha exigido la cancelación del aeropuerto en Santa Lucía y la reanudación de un proyecto en Texcoco, a través de contratos celebrados con empresas calificadas y honestas, “por medio de licitaciones transparentes y rigurosamente vigiladas tanto por las autoridades como por la ciudadanía”.
Según #NoMásDerroches, con esta decisión el Poder Judicial de la Federación, “una vez más, demuestra ser un contrapeso a las decisiones de las otras ramas de gobierno que pudieren apartarse de lo que determinen nuestras leyes o resultar en el ejercicio ineficaz de los recursos de los mexicanos”.
El colectivo de ONG’s abundó que seguirá recurriendo a la vía legal “en contra de cualquier proyecto que conlleve un potencial quebranto al marco jurídico, el desperdicio de recursos públicos, riesgos a la seguridad y medio ambiente y violaciones a los derechos humanos”.
Con la suspensión definitiva, el Gobierno Federal tendrá que probar y sustentar múltiples aspectos técnicos y económicos de la decisión de cancelar el NAIM, así como la conveniencia de que operen al mismo tiempo Santa Lucía, el Aeropuerto de Toluca, y el Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Sin embargo, el Gobierno Federal puede impugnar la resolución dictada el pasado lunes por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en la queja 248/2019 -en la cual se basó Guzmán Rosas-, al revocar una negativa de suspensión provisional dictada inicialmente por el juez.
“En el caso, el interés social que justifica la suspensión pasa por el eficiente y racional ejercicio de los recursos públicos, en tanto que la obra (Texcoco) implicó cuantiosos recursos públicos, precedidos de múltiples acciones de planeación, presupuestación y autorizaciones (incluso bajo el más riguroso marco legal aplicable a cuestiones plurianuales), que le habrían dotado de una presunción de legalidad, pertinencia y oportunidad”, afirmó el tribunal colegiado.
“Si la decisión es la cancelación de una obra autorizada, presupuestada y en ejecución, sobre todo de la magnitud de la que versa el presente juicio, precisamente por la cuantiosa pérdida que implica de recursos, exige por eso mismo que se trate de una motivación reforzada”, agregó el tribunal.
