Un abono minúsculo en tres años de gobierno al adeudo histórico al Issstecali, un pliego petitorio ignorado en las mesas de trabajo que se entablaron con grupos de resistencia y un desinterés total a la conformación de institutos, oficinas y consejos en su administración, son los señalamientos al XXII Ayuntamiento de Mexicali
El último Informe de Gobierno del alcalde Gustavo Sánchez Vázquez fue un evidente baño de aplausos para curar las heridas que sufrió tras la aplastante derrota en los pasados comicios electorales. Funcionarios, correligionarios y el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, se desvivieron en elogios hacia el alcalde que dejará grandes pendientes.
En un evento repleto, realizado en las instalaciones de la escuela de música del Centro Estatal de las Artes, el todavía edil panista se presentó acompañado de su esposa y el Cabildo de Mexicali, el cual respaldó prácticamente todas las iniciativas presentadas durante los tres años de gobierno, sin la mínima oposición.
Su discurso se dividió en tres ejes: el combate a la corrupción, la transparencia y las finanzas que presumió equilibrar. Sin embargo, en todos estos puntos cuenta con severos bemoles, pendientes e incluso, impunidad.
Sánchez Vázquez aseguró que durante su administración se acabaron los “moches” y la corrupción en obra pública y proveeduría en general, además de presumir la transparencia en los contratos, pues todos se encuentran disponibles para su consulta.
Sin embargo, durante los tres años de mandato jamás investigó ni sancionó los pendientes que dejó la pasada administración, como el caso Racota y la entrega de más de 300 placas de taxi a personas que ni siquiera formaban parte del gremio, algunos de ellos allegados a ediles del XXI Ayuntamiento.
Jaime Díaz Ochoa y su equipo de colaboradores quedaron impunes, en la lógica del amiguismo, pues tanto la síndico procuradora como el alcalde Sánchez, fueron asesores financieros durante la administración de Díaz.
Referente a la transparencia, se puede establecer que fue a medias, pues sobre dichas indagatorias se mantuvo total reserva en los documentos, sanciones y ex funcionarios en la mira.
El segundo eje de su discurso fue la situación financiera que deja a la próxima alcaldesa, pues a su arribo en 2016, Gustavo Sánchez Vázquez tuvo que solicitar un préstamo para cubrir los pagos de aguinaldos, ya que la pasada gestión dejó vacías las arcas municipales.
El préstamo fue pagado en menos de un año y para la próxima administración habrá recursos para cubrir todas las necesidades pendientes.
Agregó que le fueron heredadas 300 jubilaciones pendientes, por la falta de pago al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali).
“Hicimos un esfuerzo sin precedentes para pagar los adeudos que las pasadas administraciones dejaron de pagar”, afirmó.
Sin embargo, su discurso fue refutado por el propio subdirector general de Prestaciones de la paraestatal, quien aseguró que solo el Ayuntamiento de Mexicali le debe mil 465 millones de pesos.
En entrevista para ZETA, Joan René Jattar Colio explicó que las jubilaciones liberadas por el alcalde durante su administración solo representaron 70 millones de pesos como abono al adeudo histórico, si acaso un 4.9 por ciento del total de la deuda con el Issstecali, que precisamente atraviesa una crisis financiera.
La deuda se conforma en dos grandes bolsas: 577 millones de pesos conforman el déficit, y 888 millones son los recargos generados por la falta de pago que se ha dado en las administraciones de Jaime Díaz y Gustavo Sánchez, con lo que cae por sí solo el discurso de los supuestos buenos manejos financieros en su gobierno.
No obstante, en su mensaje Sánchez continuó hablando sobre los avances sociales como el albergue Peregrino para personas en situación de calle y el Centro de Atención para Pacientes de Oncología, que siguen siendo sus estandartes en esos tópicos.
En ese sentido y junto al de las finanzas, Alejandra Ang Hernández, regidora por Movimiento de Regeneración Nacional, recriminó la incongruencia del munícipe, pues mientras presumió esas obras, mostró al mismo tiempo una falta de atención a temas como la violencia hacia la mujer y las personas con discapacidad al no haber creado el Instituto Municipal de la Mujer y el Consejo Ciudadano de Atención a las Personas con Discapacidad, bajo el argumento de falta de presupuesto.
En su opinión, el presidente municipal también fue incongruente, ya que pese a tratarse de temas sensibles y que en su momento se apoyaron, sin la creación de sus respectivos patronatos, estos sitios representarán una carga financiera para DIF Municipal, y el no gastar más de lo necesario fue el pretexto para no echar a andar, por ejemplo, el Instituto de la Mujer, el cual no opera actualmente por falta de voluntad política.
La ausencia de este instituto ocasionó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California emitiera una recomendación al gobierno municipal para crear la dependencia, recomendación que igualmente fue ignorada.
En el mismo sentido, la regidora morenista (uno de los nombramientos de la alcaldesa electa para el siguiente Ayuntamiento) sostuvo que Sánchez Vázquez mostró el mismo desinterés en la operación del Consejo Ciudadano de Atención a Personas con Discapacidad, el cual simplemente no emitió convocatoria al público para su conformación.
Cabe recordar que el alcalde concedió el aumento a la tarifa de transporte público de 13 a 15.50 pesos, una de las más caras del país, y aunque lo justificó asegurando una serie de compromisos para mejorar el servicio, a la fecha no ha ocurrido.
El único avance es el Sistema Rápido de Transporte, el cual fue entregado con ocho meses de retraso.
Sobre participación ciudadana, el edil panista también quedó a deber, pues con el único grupo que se sentó a discutir directamente en tres años fue con las resistencias que se agruparon tras la megamarcha de enero de 2017 contra la “Ley del Agua” del Estado, y que trasladaron parte de sus exigencias al ámbito municipal.
Un mes después, el 13 de febrero de 2017, Sánchez Vázquez ordenó el desalojo de los plantones establecidos en Palacio Municipal, provocando una gresca entre policías y manifestantes que terminó con doce personas detenidas y varios lesionados.
Entrevistados por ZETA, Jesús Galaz y Mauricio Villa, miembros de Mexicali Resiste que participaron en las mesas redactoras del pliego petitorio que se presentó al alcalde hace tres años, aseguraron que prácticamente solo uno de los once puntos que conformaban ese documento se cumplió: la reducción del salario.
Al término del Tercer Informe de Gobierno de Gustavo Sánchez Vázquez, los asistentes se acercaron al clásico “besamanos”. A diferencia de otros años, no hubo protestas que complicaran la salida del todavía presidente municipal. (Con información de Alejandro García Magallón)
