Especialistas y legisladores dijeron a ZETA que la iniciativa morenista de equiparar la defraudación fiscal, la compra-venta de facturas falsas y el contrabando como delincuencia organizada, mermará el Estado de Derecho y la actividad económica en el país
La iniciativa que se discute en el Congreso de la Unión para tipificar la defraudación fiscal, la compra-venta de facturas falsas y el contrabando como delincuencia organizada constituye un riesgo para la población y las empresas del país. Su implementación mermará el Estado de Derecho y la actividad económica, señalaron especialistas, legisladores y organizaciones empresariales consultadas por ZETA.
Para el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, el dictamen -que se aprobará en septiembre próximo en el pleno del Senado- tiene fines recaudatorios y contraviene al principio de presunción de inocencia, por lo que significa un “retroceso” al recién creado Sistema Penal Acusatorio. En suma, el riesgo es que se cometan abusos contra los contribuyentes, se castigue a los opositores del sistema con cárcel y con la extinción de dominio de sus bienes.
Destacó que la modificación al artículo 11 bis del Código Penal -propuesta en el dictamen-permitirá que las empresas que hayan sido consideradas como defraudadoras fiscales sean sujetas a suspensión, clausura, inhabilitación e intervención de seis meses a seis años. Además, “la autoridad procesará a todos los dueños por delincuencia organizada y no sólo al administrador único”.
Explicó que, al cambiar el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se equiparará la defraudación fiscal, la compra-venta de facturas y el contrabando (contemplados en los artículos 102, 105, 108, 109, 113 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación) como delincuencia organizada y -con ello- los acusados podrían perder sus bienes, al ser sujetos a extinción de dominio después de haberse publicado la nueva ley en la materia.
Adicionalmente, se plantea que los ilícitos en contra del fisco federal serán amenazas de seguridad nacional. Así el acusado de esos delitos pasaría tres años en prisión preventiva antes de probar que no cometió esos ilícitos en el juicio que afronte.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Adolfo Solis, abogado fiscalista.
El dictamen también amplía la sanción contra quien expida o adquiera comprobantes fiscales falsos, ya que establece una pena de cinco a ocho años de cárcel al cambiar el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación que actualmente la estipula de tres a seis años.
En opinión de la senadora panista Minerva Hernández Ramos, si bien es cierto que el mercado de las facturas falsas rebasa los dos billones de pesos y la evasión fiscal representa una pérdida de casi 500 mil millones de pesos anuales para las arcas mexicanas, “las opciones que está tomando Morena tienen muchos visos de inconstitucionalidad”.
“Hay un grave riesgo de que todos los que pagamos impuestos seamos potenciales defraudadores fiscales. […] Suponga que usted aborda un taxi y le dan una factura por el servicio: resulta que quien se la expidió es una Empresa Facturadora de Operaciones Simuladas (EFO) o una Empresa que Deduce Operaciones Simuladas (EDO); entonces usted ya es un potencial delincuente organizado, de acuerdo con la visión del Gobierno Federal”.
Expuso que el dictamen fue aprobado el pasado 14 de agosto por las comisiones de Hacienda y Justicia en el Senado; y aunque falta que pase en la de Estudios Legislativos, previó que el pleno del Senado lo vote durante la primera quincena de septiembre ante “la prisa de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)”.
El presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, Alejandro Armenta Mier, estimó que el proceso legislativo de la iniciativa -que pasará a la Cámara de Diputados- concluya durante el próximo periodo ordinario de sesiones, el cual termina en diciembre de 2019.
Desde su perspectiva, la iniciativa permitirá a Hacienda recaudar más dinero sin incrementar o imponer nuevos impuestos, ya que pretende detener el “saqueo fiscal” hecho mediante las empresas fantasmas, (que prácticamente 80% de ellas fueron creadas por el poder público, por los funcionarios de primer nivel).
“El SAT estima que aproximadamente ocho mil empresas fantasmas que realizaban actividades simuladas e inexistentes compraron o vendieron alrededor de nueve millones de facturas, con las que ampararon un saqueo fiscal de 2.5 billones de pesos, lo que equivale a una tercera parte del presupuesto”, afectando la posibilidad “de que el gobierno cumpla con sus funciones”.
Solís Farías apuntó que actualmente existen 73 millones de contribuyentes y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sólo ha identificado a ocho mil 250 incumplidos, pese a que cuenta con las herramientas para detectarlos y sancionarlos, por lo que -en su opinión- no debió reclasificarse el delito de defraudación fiscal y contrabando, al no estar vinculados con la compra-venta de facturas.
Sobre esta iniciativa, el presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, consideró “un exceso” equiparar la defraudación fiscal con la delincuencia organizada, y manifestó su preocupación por la discrecionalidad que estas reformas le otorgan a la autoridad.
A su vez, el presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Reginaldo Esquer Félix, coincidió en que el fenómeno de las empresas fantasmas es una práctica ilegal que ha generado una afectación importante -la cual se debe combatir-, pero calificó la iniciativa como “una propuesta abusiva”.
Como sector empresarial, se ha pedido que la autoridad sea más precisa en su combate a las empresas fantasma sin generalizar, pero “estoy viendo totalmente cerrados al Gobierno Federal y al Senado respecto a hacer algún ajuste en el dictamen, en los puntos fundamentales”.
A propósito de ello, Armenta Mier indicó que se han retomado diversas observaciones para que se castigue a quienes -desde el poder- han hecho del presupuesto y de la evasión fiscal su modus viviendi; aunque dijo que durante estos días podría modificarse el texto, para asegurarle a los empresarios cumplidos que la ley no tendrá interpretaciones subjetivas, no precisó cuáles serían esos cambios.
Tenemos que lograr justicia tributaria, que quien gane más pague más; asimismo, eliminar la red de corrupción que representa la compra-venta de facturas falsas. “Esta ley es a favor de los empresarios, la competitividad, y en contra de los delincuentes” señaló el legislador.
Visión que contrasta con la de la senadora panista, quien adelantó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será quien determine la constitucionalidad de estas reformas fiscales que “frenan la inversión económica y violentan los derechos de los contribuyentes”.
