A casi dos años de la publicación de la investigación periodística “La Estafa Maestra”, que reveló la operación de un sistema de empresas fantasmas con las cuales el gobierno federal desvió millones de pesos, la primera funcionaria de primer nivel involucrada en el esquema, será llamada a comparecer por la Fiscalía General de la República.
Se trata de Rosario Robles, quien en 2012 fue nombrada al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien en 2015 la designó titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
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La también ex jefa de gobierno interina fue citada a una audiencia inicial el 8 de agosto, donde la FGR buscará formular imputación en contra y vincularla a proceso por el delito de ejercicio indebido de servicio público.
La investigación iniciada en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y retomada por periodistas, señala a Rosario Robles como una de las involucradas en el esquema en el cual 11 dependencias del gobierno federal firmaron 8 convenios con universidades públicas para la prestación de servicios.
Estas instituciones educativas, a su vez subcontrataron a particulares para la realización de estos servicios, pero resultaron ser empresas fantasma y de esta forma, desparecieron más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos.
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La FGR solicitó al juez que la ASF sea considerada víctima indirecta, ya que el órgano detectó inicialmente el ilícito. Si el juez concede la petición, la Auditoría participará en el proceso penal para presentar evidencia y datos junto a la Fiscalía.
El esquema de “La Estafa Maestra” consistió en la entrega de 2 mil 224 millones de pesos a universidades públicas, por parte de la Sedesol, para prestar servicios relacionados con la Cruzada Nacional contra el Hambre entre 2013 y 2014, los cuales no pudieron ser comprobados.
Posteriormente, cuando Rosario Robles pasó al frente de la Sedatu, se repitió el esquema con otras universidades.
Como resultado de estas auditorías practicadas por la ASF, el órgano autónomo presentó 31 denuncias penales en contra de la Sedesol, la Sedatu y 14 universidades públicas.
Aunque el juez de control vincule a proceso a Rosario Robles, esto no significa que perderá su libertad, ya que el delito del que se le acusa no amerita prisión preventiva.
La investigación penal en contra de la ex secretaria de Estado se inició en 2018, aún bajo la administración de Enrique Peña Nieto.
No solo Rosario Robles enfrenta una investigación penal, la FGR también reabrió un caso contra el empresario argentino Carlos Ahumada por los delitos de extorsión, fraude, falsificación y uso de documentos apócrifos.
Como parte de su defensa jurídica, el argentino promovió un amparo que le fue concedido, pero recientemente la FGR solicitó un recurso de revisión por contar con nuevas pruebas.
En 2004, se dio a conocer un vídeo en el que el empresario, entonces pareja de Robles, entrega dinero en efectivo a René Bejarano, ex secretario particular de Andrés Manuel López Obrador. Tras vivir en el exilio en Cuba, Ahumada fue detenido y estuvo en prisión de 2004 a 2007, año en que recuperó su libertad.
