Custodiados por alrededor de cien policías que “chocaron” con un reducido grupo de manifestantes, se despidieron los diputados de la XXII Legislatura y abrió las puertas la XXIII, quienes ingresaron por la fuerza en un edificio tomado por colectivos que están contra la “Ley Bonilla”, las desaladoras y la planta Constellation Brands. Pese al violento ingreso, diputados como Juan Manuel Molina, Eva Griselda Rodríguez y Víctor Navarro aseguraron que serán un Congreso de “puertas abiertas”. Las últimas horas del 31 de julio dieron múltiples giros inesperados
La XXII Legislatura no podía terminar de otra forma: rodeada de policías, entre gritos y repudio, y apenas con el quórum legal para llevar a cabo la última sesión del pleno, con la que cederían la batuta al primer Congreso bajacaliforniano con abrumadora mayoría de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), además de una representación de doce mujeres, cifra jamás registrada en un Cámara local.
Los nuevos comisionados del ITAIP
Las protestas fueron una constante en la XXII Legislatura conformada por mayoría panista, la cual aprobó leyes cuestionables, proyectos manchados de corrupción y aplicó reformas que diversos expertos en materia del derecho descalificaron y consideraron inconstitucionales, por lo que se vieron obligados a salir por la puerta de atrás, literal y figurativamente.
Pocas veces se había suscitado un cambio de Legislatura tan turbulento como lo fue este. Habría que remontarse a la transición de los congresos XVII y XVII, cuando se armó una trifulca al interior del pleno, debido a que agentes federales intentaron detener al priista Eligio Valencia Roque antes de tomar posesión como diputado; el cetemista –hoy cercano al gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez- estaba acusado de evasión fiscal, por lo que era urgente hacerse del fuero para evitar su captura.
El Congreso del Estado, tomado durante 18 días por un reducido grupo de las “resistencias”, tuvo que buscar sedes alternas -como Rosarito- para cumplir con algunos encargos finales del Congreso local, a raíz de la reforma al Artículo Octavo Transitorio Constitucional, que amplió la gubernatura dos a cinco años, lo cual ha ubicado a Baja California en la crítica nacional, incluyendo correligionarios del principal beneficiado: Jaime Bonilla Valdez.
En entrevista al término de la última sesión, los diputados Víctor Navarro y Juan Manuel Molina aseguraron que pese al enfrentamiento entre policías y manifestantes, la intención será establecer un Congreso de puertas abiertas, cuya intención sea beneficiar a la gente con reformas y atención directa.
Molina García aseveró que intentaron negociar con los manifestantes pero resultó imposible, pues exigían que los 25 nuevos diputados acudieran para recibir un pliego petitorio. Al respecto, Filiberto Sánchez Gurrola, uno de los activistas que tomaron el recinto, afirmó que solo querían entregar el documento a cinco diputados y se retirarían a la media noche, por lo que consideraron innecesaria la represión de la que fueron víctimas.
POLICÍAS “ROMPEN” BLOQUEO
Nuevamente el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, movilizó a un centenar de policías estatales y ministeriales para enfrentar a manifestantes y retomar el recinto legislativo, lo que se volvió una constante durante los últimos tres años de mandato.
A diferencia de otras protestas, en esta ocasión no participó la Policía Municipal, que claramente se desligó de toda acción realizada por el Congreso, sobre todo desde la aprobación de la “Ley Bonilla”.
La estrategia del desalojo violento se sabía desde las dos de la tarde. Fuentes políticas, de seguridad, manifestantes, absolutamente todos los sectores involucrados informaban de la intención de romper el bloqueo de los colectivos para llevar a cabo la sesión.
Alrededor de las tres de la tarde, del área de Comunicación Social del Congreso confirmaron que a las 5:45 pm del miércoles 31 de julio, se llevaría a cabo el ingreso de reporteros al recinto. Para las cuatro de la tarde, policías ministeriales fueron citados en la Comandancia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), al igual que el grupo antimotines de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en su edificio; ambos grupos ubicados en el Centro Cívico.
Luego de trabajos de reconocimiento de elementos de la Guardia Nacional y policías ministeriales, más de cien agentes arribaron a la entrada posterior del Congreso del Estado, armados con escudos antimotines y cascos, con la única orden de proteger a los próximos diputados y romper el muro de manifestantes.
Elementos policíacos se reunieron en el estacionamiento del Poder Judicial a un costado del edificio legislativo, donde trazaron la estrategia para posteriormente caminar a la puerta de ingreso, defendida de manera infructuosa por un pequeño grupo de manifestantes -no mayor a las veinte personas- de diversas resistencias.
Al mismo tiempo, pero en el Centro Estatal de las Artes (CEART), a poco más de un kilómetro de distancia del Congreso, los diputados de las legislaturas entrante y saliente se reunieron para desde ahí salir en un convoy conformado por catorce camionetas que esperaron el momento indicado para su ingreso.
Besos, abrazos y reencuentros. Todo era felicidad en el estacionamiento del Centro de Convenciones del CEART, había despreocupación total por lo que ocurriría en poco tiempo.
Fotos: Cristian Torres.- Entrega Recepción
Mientras en el Congreso se enfrentaban y en el CEART se abrazaban, a más de 50 kilómetros de distancia, la diputada electa Julia Andrea González Quiroz, del Distrito 10 con sede en Tijuana, sufría un accidente en la carretera Mexicali-Tijuana, a la altura de la Laguna Salada, con dirección a la Capital del Estado. Trascendió que el incidente fue ocasionado por un neumático defectuoso.
A las tomadas puertas del Congreso, Rosaura Reyes, agente del Ministerio Público, encabezó el operativo para recuperar las instalaciones legislativas, custodiada en todo momento por policías. Primero leyó el documento de desalojo, y al ver nula respuesta por parte de los manifestantes, policías definieron formación y partieron al grupo disidente.
Empujones, jaloneos y algunas patadas envolvieron el despliegue policíaco, que culminó cuando “recuperaron” el inmueble, no sin antes recibir insultos por parte de los manifestantes, poniendo fin a 18 días de bloqueo.
Bajo el delito de sedición que se levantó contra por lo menos dos manifestantes, la representante del Ministerio Público justificó las acciones de las corporaciones ante los propios manifestantes.
Aproximadamente una hora después, los diputados -en funciones y electos- arribaron a bordo de las camionetas custodiados por dos filas de policías, hasta una puerta de entrada al sótano del Congreso. Sin declarar una sola palabra a los representantes de los medios de comunicación que ya se habían apostado en esa puerta, entraron al edificio.
Cuestionado por el tema, que invariablemente se parece a otros choques que protagonizaron grupos de resistencia con los diputados salientes, Juan Manuel Molina García, quien será legislador por tercera ocasión, aseguró que no apoya las formas en que se dieron las protestas, aun cuando concuerda con algunas de las consignas, como detener los contratos para obras en modalidad Asociación Público Privada y la construcción de la planta desaladora de Playas de Rosarito.
Modifican Ley Orgánica en favor de diputado Catalino Zavala
Foto: Cristian Torres
Dos acciones marcaron la agenda de los recién estrenados diputados locales en Baja California: recibir al secretario general de Gobierno para que entregará el último informe del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, y modificar la Ley Orgánica del Congreso para beneficiar a uno de los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional.
A la una de la tarde del jueves 1 de agosto, inició la primera sesión del Congreso del Estado con su nueva conformación, presidida por el morenista Catalino Zavala Márquez por primera vez como presidente de la mesa directiva. La primera iniciativa del actual periodo fue presentada por la también diputada por Morena, Araceli Geraldo Núñez, quien con carácter de urgente leyó ante el pleno la propuesta para modificar el Artículo 26 del Ley Orgánica del Poder Legislativo.
La iniciativa fue para eliminar el último párrafo del citado artículo, que para evitar abuso y excesos de poder, prohibía que el presidente de la mesa directiva encabezara también la Junta de Coordinación Política.
A pesar de las protestas de la panista Eva María Vázquez Hernández y del priista David
Ruvalcaba, la votación favoreció 18 contra 6 primero para la dispensa de trámite, y después, con los mismos resultados, la votación en el pleno.
A los votos de Morena y los partidos que lo acompañaron en la coalición en las pasadas campañas, se unieron los de María Trinidad Vaca Chacón, ahora sin partido político, y el de Rodrigo Aníbal Otañez Licona, del Partido de Baja California (PBC), con lo que se completaron los 18 votos para convertir a Zavala Márquez en presidente de ambos organismos internos legislativos.
Como si la mayoría morenista no fuera casi una fuerza única, en su exposición en el pleno, Geraldo Núñez aseguró que el Artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado se formó en un contexto muy diferente al actual, donde ya no hay riesgo de que una fuerza política casi única desaparezca a todas las demás fuerzas opositoras, por lo que ya no tiene razón de seguir existiendo.
Por su parte, la diputada Vázquez Hernández recriminó que no se cumplieron requisitos básicos para discutir iniciativas, pues ni siquiera se distribuyó el documento donde se encontraba la propuesta para conocer de qué trataba o discutir el sentido de la iniciativa.
Pero su reclamó tampoco fue airado y terminó manifestando que confiaba en que no fuera una muestra de la forma en que se conducirá la bancada morenista, pero sin dejar de mencionar que aplicar el “mayoriteo” es un posible escenario en la actual Legislatura.
En un segundo momento, los diputados recibieron a Francisco Rueda Gómez, secretario general de Gobierno, para la entrega del último informe de la presente administración y fue atendido por los integrantes de la mesa directiva.
Rueda declaró ante representantes de los medios de comunicación, que en el documento se destaca la labor del gobierno en las finanzas públicas en medio de un escenario adverso en el que el Gobierno Federal incumplió con la entrega de los recursos federales a Baja California, lo que dificultó las acciones proyectadas por el Gobierno del Estado.
Asimismo, reiteró que la deuda que la administración estatal sostiene con la Universidad Autónoma de Baja California por alrededor de mil millones de pesos, se debe en buena parte a los recursos que la Federación no hizo en lo que va de 2019. Recordó que atender ese tema y el de la migración atípica que se dio este año en la frontera con California se tuvo que hacer con recursos propios.
BONILLA RECLAMA LENTA TRANSICIÓN
En la primera sesión destacó la presencia del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, y su declaración respecto al lento avance de los trabajos de transición entre la actual administración y la que él encabezará, pues aseguró que los actuales titulares de las secretarías, no han acudido a las mesas de trabajo con el equipo que él designó para dichas tareas.
De igual forma, el morenista enfatizó el hecho de que la administración de “Kiko” Vega no ha entregado informes de la nómina, los cuales se solicitaron en varias dependencias para analizar el tema de los “aviadores”, al ser uno de los puntos a los que se pondrá mayor atención durante el cambio de gobierno. Alejandro García Magallón
Explicó que él mismo sufrió de reveses por parte del Congreso del Estado cuando en 2013 no se le asignó la curul plurinominal bajo las siglas de Movimiento Ciudadano y tuvo que recurrir a tribunales electorales para llegar a ella. Pero en ningún momento su protesta por esta decisión lo llevó a cometer actos como tomar edificios públicos o “encadenar” puertas de ingreso a los mismos.
En la sesión, solamente quince diputados de las formación original de la XXII Legislatura estuvieron presentes: Victoria Bentley, Catalino Zavala y Víctor Morán (Morena); Carlos Torres Torres, Ignacio García Dworak, Raúl Castañeda Pomposo, Alfa Peñaloza, Iraís Vázquez, Triny Vaca y Mónica Hernández (las dos últimas renunciaron a la bancada), del PAN; Alejandro Arregui, Patricia Ríos, Marco Antonio Corona (PRI); Claudia Agatón (PT) y Rocío López Gorosave (PRD).
Los ausentes fueron los priistas Bernardo Padilla y Benjamín Gómez -el segundo presentó justificante-; los panistas Andrés de la Rosa Anaya, Sergio Tolento Hernández, José Félix Arango, Miguel Osuna Millán y Eva María Vázquez; Jorge Núñez (PBC); Job Montoya (Movimiento Ciudadano) y José Antonio Casas de Real (Transformemos).
Fotos: Cristian Torres
En esa sesión, diputados tomaron protesta a los tres integrantes del pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP): Lucía Ariana Miranda, Jesús Alberto Sandoval, Denisse Gómez y José Rodolfo Muñoz -suplente-, quienes ocuparán el cargo por cinco, cuatro y tres años, respectivamente. Su designación viene a culminar los acuerdos emitidos en la polémica sesión del 8 de julio, donde se eligió al auditor general y se modificó el Octavo Transitorio Constitucional.
FÉLIX ARANGO “METIÓ” A TRINY VACA
Tomar el recinto legislativo fue la primera etapa de la fatídica tarde y noche del miércoles. A más de 2 mil kilómetros de distancia, en Guadalajara, magistrados del Tribunal Federal Electoral evaluaban recursos interpuestos por aspirantes del PAN, PT y PRD, referente a la lista de diputados plurinominales.
Apenas la noche del viernes 26 de julio, el Tribunal Electoral había modificado la lista de plurinominales emitida por el Instituto Estatal Electoral (IEE), argumentando malos cálculos y sobrerrepresentación por parte del PRD, por lo que se retiró a Leticia Palomar de la lista de “pluris”, quedando un solo diputado, Gerardo López Montes, y abriendo un nuevo espacio para el PAN.
Esto nulificó la pelea de la ex regidora Claudia Ramírez Quintero, pues como cuarta integrante de la lista de Acción Nacional, ocuparía este espacio. Sin embargo, no contaban con la impugnación interpuesta por el diputado José Félix Arango, quien hizo tambalear la parte baja de la lista azul, asegurando que su partido definió que se otorgaría el espacio a un diputado de lista y otro de “tierra”, respectivamente.
La impugnación de Félix Arango activó el radar de su excompañera Trinidad Vaca Chacón, y apoyada del abogado Rogelio Robles Dumas, experto en materia electoral, presentó un nuevo recurso afirmando que el espacio vacante era para una mujer y que Vaca Chacón también fue candidata, por lo que también tenía derecho por pelear por esa curul.
Fotos: Cristian Torres.- Puro amor.
El debate en la Sala Guadalajara se volvió intenso y prolongado. Magistrados estudiaron a fondo el tema, trasladándose desde la Ley Electoral, a la Constitución, para definir una cerrada decisión con el que el voto de calidad del magistrado presidente, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien avaló la modificación de la lista, retirando del último cargo a Claudia Ramírez, y ubicando a Trinidad Vaca Chacón, como legisladora reelecta, con base a los mismos conceptos establecidos por el PAN.
En su primera declaración ante los medios, la también comunicadora Triny Vaca, externó abiertamente su salida de la bancada del PAN, asegurando que buscaría ser legisladora ciudadana. Sin embargo, esto resulta imposible pues no existe sustento legal en la Ley Orgánica del Congreso que reconozca esta figura, por lo que eventualmente tendrá que incluirse en alguna bancada.
Con ello la ex diputada panista se une a Luis Moreno Hernández, de Transformemos; Claudia Agatón Muñiz, del Partido del Trabajo (PT); Eva María Vázquez, del PAN; y Catalino Zavala y Víctor Morán Hernández, de Morena, quienes lograron ser los primeros diputados reelectos en Baja California.
Hasta emitida la sentencia, la XXIII Legislatura pudo recibir de la mesa directiva anterior las riendas del Congreso, donde se eligió a Catalino Zavala como presidente de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones.
El resto de la mesa directiva está conformada por Claudia Agatón Muñiz, del PT, como vicepresidenta; Aracely Geraldo Núñez como secretaria; Rodrigo Aníbal Otañez Licona, pro secretario; y Eva Griselda Rodríguez como secretaria de escrutadores. La bancada panista no ocupó ningún espacio.
