Los nuevos diputados se estrenaron en el cargo hace quince días y, aunque realizaron varias reuniones previas a la toma de posesión con la intención de repartirse las comisiones y órganos administrativos de la XXIII Legislatura, llegó la sesión del jueves 15 de agosto y por la mañana seguían poniéndose de acuerdo.
Metidos de lleno en el jaloneo del poder, primero internamente y después decidiendo si reducían o no las comisiones para no tener que darles nada ni a perredistas ni a panistas, los de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dejaron de lado otros dos temas importantes dentro de la política y la transparencia bajacaliforniana: la definición de los tiempos de la glosa al informe del gobierno saliente -que ya propusieron del 26 al 30 de agosto- y la remisión para publicación de la “Ley Bonilla”, texto que la semana pasada el diputado presidente Catalino Zavala dijo que no encontraban, que estaba perdido y tal vez deberían rehacer porque su existencia ya estaba consignada en un acta. Y ahora resulta que sigue “perdida”.
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Se trata de la reforma con la cual el gobernador electo para un período de dos años, el ingeniero Jaime Bonilla Valdez, busca permanecer en la silla con más poder en Baja California tres años más, para completar un periodo de cinco años.
Esa Ley que la anterior Legislatura de mayoría panista votó a favor el 8 de julio, y que tres cabildos aprobaron el día 10 del mismo mes, actos administrativos que consumados de acuerdo al procedimiento parlamentarios, instruían a la XXII Legislatura a convocar a la sesión para emitir la declaratoria de validez y después enviarla al gobernador para su publicación. Aunque este anunció el mismo día de la aprobación que no la publicaría.
Los legisladores salientes no procedieron de manera inmediata, primero porque las instalaciones del Congreso fueron tomadas por grupos ciudadanos que les reclamaban haberse vendido. Pero lo superaron y el 24 de julio, con discursos en los que aseguraban ser honrados y se presentaban como víctimas de ataques injustos, en la sala de Cabildo de Rosarito, a puerta cerrada, mientras escuchaban los gritos de reclamos ciudadanos, votaron la declaratoria a favor. Sin embargo, por extraña razón no manifiesta, decidieron dejar el tema sin concluir y no mandaron el documento a las oficinas del mandatario Francisco Vega de Lamadrid, para dejar en sus manos la responsabilidad de publicarlo, como corresponde por Ley.
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Han pasado 22 días desde el “Bonillazo”, pero el documento no ha sido remitido. Entre risas y abrazos se fueron los panistas y llegaron los morenistas, y nada. Tras ser presionado por grupos sociales y de la iniciativa privada, Vega y su equipo finalmente decidieron que impedir que el tema llegara a través de una acción de inconstitucionalidad a la brevedad posible a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) era una mala estrategia, y el 4 de agosto, el mandatario declaró a representantes de la prensa que cambió de opinión y publicará la reforma en cuanto la reciba.
Ante las dilaciones, el 14 de agosto la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un pronunciamiento y exhortó “… respetuosamente el Congreso del Estado de Baja California a que lleve a cabo las acciones tendientes a dar certeza jurídica, respecto a la reforma aprobada en fecha posterior a la elección, mediante la cual se amplia de dos a cinco años el período de gobierno, y que la sociedad conozca si se corregirá lo aprobado o, en su caso, pueda ejercer las acciones que en derecho correspondan”.
Las frases “aprobada en fecha posterior a la elección” y “pueda ejercer las acciones que en derecho correspondan”, en este caso, la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, deben resultar clave para los diputados en Baja California, quienes al no enviar la “Ley Bonilla” para su publicación, están impidiendo que exista certeza jurídica respecto al periodo que durará el siguiente gobierno, así lo dejan ver los legisladores federales que desde el 17 de julio manifestaron públicamente su rechazo a esta reforma, provocando la molestia de los morenistas locales que, en términos generales, les reclamaron que no se metieran con la autonomía de los estados.
Sin embargo, este segundo llamado fue bien recibido por el ingeniero Bonilla, el candidato electo que ha decidido que su derecho a gobernar está por encima de los derechos electorales de quienes participaron para elegir a un gobernador por dos años.
En su reunión mensual con representantes de la prensa, el jueves 15 de agosto afirmó con frases dicharacheras, estar de acuerdo en que se publique para que llegue a la SCJN, para luego advertir que no estaba dando línea. “El Congreso ponderará todas las opciones y seguramente va a tomar una decisión rápida”, puntualizó Bonilla.
Entrevistado por la prensa local el 14 de agosto, el presidente del Congreso, Catalino Zavala, por segunda ocasión a preguntas directas, no pudo precisar la ubicación material de la “Ley Bonilla”, solo comentó que una vez integradas las comisiones en la sesión del 15 de agosto, completarían el proceso de entrega-recepción y se enlistarán los documentos, entonces darán continuidad al proceso parlamentario. Pero advirtió “no tenemos fecha” cuando se le preguntó por el envío del mencionado documento para su publicación.
Han transcurrido quince días sin que los diputados morenistas hayan tenido la capacidad de encontrar en las instalaciones, en la papelería del Congreso, la “Ley Bonilla”, aunque Usted no lo crea. La pregunta es por cuánto tiempo más, y la sospecha es si la dilación es premeditada para favorecer lo que el voto ciudadano no concedió en la elección del 2 de junio de 2019: una gubernatura por cinco años.
