Tanto la sindicatura del ayuntamiento de Tijuana como la Procuraduría General de Justicia del Estado tendrán que investigar el contrato millonario que el gobierno de Juan Manuel Gastelum otorgó a El Burro Loco (EBL), empresa que tuvo como representante legal a Jorge Topete Calvario, integrante y ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.
Lo anterior fue declarado por la regidora del partido Transformemos, Mónica Vega Aguirre luego de que esta mañana interpusiera una queja en la Sindicatura para que ésta inicie un procedimiento de responsabilidades y dé vista a la PGJE.
El caso de El Burro Loco, fue publicado por ZETA el viernes 2 de agosto bajo el título “El Patas pagó 9.86 millones al presidente anticorrupción” y da cuenta de un contrato que se adjudicó de manera directa a la empresa El Burro Loco S. DE R.L. DE C.V. que cambió su nombre a ELB y la cual fue fundada para la venta de abarrotes y licores y hasta mediados 2018 fue propietario el consejo anticorrupción.
Fotos: Alejandro Gutiérrez/Regidora Mónica Vega
El contrato por casi 10 millones de pesos fue por servicios profesionales de Consultoría financiera.
La queja interpuesta por Vega Aguirre están señalados como posibles responsables, los integrantes del Comité De Adquisiciones del Ayuntamiento: María De Los Ángeles Olague Contreras, Oficial Mayor, Elvia Rangel García, regidora de la Comisión de Hacienda, Ricardo Chavarría Morales, Tesorero Municipal y María Guadalupe Ochoa Saucedo, directora de Recursos Materiales de Oficialía Mayor.
La regidora declaró que ella “nunca” ha sido notificada ni observado la presencia de la empresa ni su personal prestando los servicios que se describen en el contrato otorgado a inicios de 2019. Y que en todo caso existe “un sobreprecio, no hay algo que nos acredite que esto sea una realidad”.
Además la regidora explicó que, junto con su equipo jurídico creen que la “adjudicación directa de inicio fue otorgada de manera irregular”, por ello, el inicio de esta queja que aseguró tendrá que ser turnada a la Procuraduría de Justicia para que determine si existen conductas penales.
“La sindicatura está obligada a acudir a la Procuraduría General de Justicia del Estado así lo establece la Ley del régimen municipal es su obligación hacerlo esa es la ruta que debería de seguir la síndico, este y muchos casos ya deberían de estar en la PGJE”, detalló la edil.
Mónica Vega recordó que a la sindico Ana Marcela Guzmán “le falta un mes y medio para irse, yo le estoy poniendo esto en su escritorio para que a manera de reivindicarse con los tijuanenses y pueda resolverlo apegado a la legalidad como debió de hacerlo desde un inicio”.
Respecto a Jorge Topete, la regidora de oposición sentenció: “me sorprende que sea una empresa tan camaleónica pues se fundó para vender comida y licores y ahora da este tipo de servicios (consultorías financieras), se presume el conflicto de interés debido a que el representantes legal es miembro del comité ciudadano de participación del Sistema Estatal Anticorrupción, que es lo que precisamente debería estar combatiendo”.
A continuación, un extracto del reportaje publicado el 2 de agosto y el cual se encuentra en el sitio oficial de ZETA:
La administración de Gastélum terminará de pagar casi 10 millones de pesos por recibir “consultoría” contable durante 7 meses en este año, el contrato fue adjudicado de manera directa a El Burro Loco, una empresa que se fundó bajo el objeto de “elaboración y distribución de productos alimenticios”, así como “vender abarrotes, carnes, miscelánea, cerveza, licores” y es representada legalmente ante el ayuntamiento por Jorge Topete Calvario, hasta hace unos días, el presidente (y actual miembro) del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.
Una sociedad mercantil que fue fundada en Mexicali para vender y distribuir carnes, abarrotes y licores, recibió por parte del ayuntamiento de Tijuana que encabeza el panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro un contrato multimillonario para que le preste servicios de “consultoría” y así revisar y cabildear sus cuentas financieras ante posibles irregularidades observadas en auditorías.
El Burro Loco S. DE R.L. DE C.V. fue la empresa beneficiada por medio de una Adjudicación Directa a principios de este año por un monto de 9 millones 860 mil pesos para que prestara sus servicios por un periodo de 7 meses.
De acuerdo a los registros públicos del ayuntamiento, el “representante legal” de esta compañía para ese contrato es Jorge Topete Calvario, uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California y quien fue, desde el 2018 hasta el pasado 24 de julio, presidente de dicho Comité.
Además, Omar Alberto Ramos Sierra, socio de Topete en varios despachos y empresas, fue el encargado de firmar el contrato el pasado 1 de marzo con el gobierno municipal. Ese mismo día (un mes antes de arrancar las campañas) el ayuntamiento –de acuerdo al contrato– le pagó un “anticipo” a la empresa de 4 millones 930 mil pesos.
De acuerdo a documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California consultados por ZETA, El Burro Loco se fundó en 1997 en Mexicali por Ana María Valenzuela Bernal y Jaime Félix Cabanas Osuna, este último ex presidente del Grupo Madrugadores en Mexicali y socio en otras empresas tanto con Topete Calvario como con Ramos Sierra.
En el año 2010, El Burro Loco cambió su nombre a sus iniciales EBL S. DE R.L. DE C.V. De acuerdo a su acta constitutiva el “objeto” de esta empresa es el de la “producción, elaboración, distribución, preparación y venta de productos alimenticios”, así como el de “comprar y vender toda clase de abarrotes, carnes, miscelánea, cerveza, vinos, licores, hielo, frutas y verduras”.
