Días antes de entregar el gobierno, “El Patas” desechará miles de artículos con un valor superior a los 11 millones de pesos. Literalmente irán al relleno sanitario cientos de radios de comunicación, teléfonos, laptops, bocinas; escritorios, sillones, teclados, monitores, archiveros, micrófonos, impresoras, escáneres, cámaras de video, entre muchos artículos más por ser supuestamente obsoletos
Antes de dejar el gobierno, la administración panista que encabeza el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, se deshará de mil 809 bienes que son propiedad del Ayuntamiento y que prácticamente deja desmantelada la estructura al gobierno entrante.
De acuerdo a documentos obtenidos por ZETA, los artículos a desechar tienen un valor superior a los 11 millones 290 mil 553 pesos que terminarán oficialmente en el basurero municipal.
El martes 20 de octubre, regidores del PAN, integrantes de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Tijuana aprobaron dos expedientes donde solicitan a la Oficial Mayor, María de los Ángeles Olague Contreras, el “trámite de baja” de cientos de bienes, propiedad de la ciudad y con ello deshacerse de los mismos.
El personal del Ayuntamiento y la regidora panista Elvia Rangel, que encabeza dicha comisión, se negaron a que los artículos se vendieran o se reciclaran, alegando su obsolescencia. De tal suerte que los más de mil 800 artículos irán “a la basura”.
Se trata de decenas de computadoras, teclados, mouses, laptops, cámaras de video, fotográficas; pantallas, teléfonos, radios de comunicación, escáneres e impresoras láser; así como calculadoras, archiveros, sillas y sillones ejecutivas, carpas, copiadoras, mesabancos, bocinas y ventiladores.
EL EQUIPO QUE SE DESECHARÁ
Equipo de Seguridad Pública también será tirado por el gobierno de Gastélum, por ejemplo, 31 posters rojos con alarma ciudadana, cada uno con un valor (según el propio expediente de la Oficialía Mayor) de 14 mil 560 pesos. Tan solo en estos 31 bienes, el gobierno perderá 451 mil pesos.
De igual manera se tirarán cientos de radios portátiles con valor de 25 mil 573 pesos por unidad, algunos modelo Matra para el uso de policías; decenas de geolocalizadores (GPS) con un valor de 6 mil 760 cada uno; cámaras de vigilancia (una sola por encima de los 5 mil pesos); circuitos cerrados, estrobos y bocinas de patrullas, lectores biométricos, entre otras cosa.
Este Semanario logró tener copia del inventario que será dado de baja.
Ahora que no saben “el destino final”
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Elvia Rangel Arcia.- Regidor ayuntamiento de Tijuana, Comisión de Hacienda Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas
Contrario a lo que funcionarios y la regidora Elvia Rangel expusieron en la sesión de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Tijuana, el martes 20 de agosto, aseguraron en entrevista con este Semanario que el destino de los casi dos mil bienes todavía no estaba definido si se reciclarán o irán a la basura.
Respecto a la coincidencia de que estos bienes se extraigan del Ayuntamiento en la víspera de la transición, ZETA preguntó:
— ¿Hay una prisa o un motivo por hacerlo antes del cambio de administración? “Yo no tendría una respuesta en ese sentido, porque por este flujo de petición…Yo creo que la dependencia trata de buscar entregar en óptimas condiciones. Es mi punto de vista, no es que así sea, pero hasta este momento llegó a la Comisión y es cuando lo estamos atendiendo”.
Si bien, en la sesión referida, la regidora le reviró al edil Manuel Rodríguez que él mismo podía acudir como testigo cuando los objetos fueron enviados a la basura, días después expresó en esta entrevista que será hasta que el dictamen llegue a Cabildo cuando se decidirá que artículos “van a la basura, cuáles se reciclan o se van a fierro viejo”.
Añadió luego que la norma técnica establece tres modos de disposición para un artículo dado de baja del inventario municipal: destrucción, donación o enajenación.
—Entonces, ¿ya no van a ir a la basura como se planteó ayer?, se le preguntó al edil.
“Algunos sí van a ir a la basura”, respondió.
Por su parte, Raúl Quiroz, jefe del Departamento de Planta Patrimonial de Contraloría de la Sindicatura Procuradora, refirió que un comité técnico verificador es el que realiza una inspección física de los objetos para determinar si son útiles o no, o en su caso, si se pueden reparar o no.
Este comité está integrado por representantes de Sindicatura, Oficialía Mayor, de la dependencia que solicita la baja, un representante de Servicios Generales y un especialista técnico, por ejemplo, de talleres municipales si se trata de un vehículo. A su vez, esta información es referida a la Comisión de Hacienda para que la integre en su dictamen y éste sea sometido a votación en el Cabildo.
“Nosotros vamos a decidir el destino final, pero con base a todo este trabajo que ellos están comentando. Todavía no ha salido el dictamen correspondiente, es el que se está trabajando”, agregó la regidora.
Hay otros artículos de mayor valor que serán simplemente desechados: un rodillo vibrocompactador de 301 mil 592 pesos del Departamento de Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades de la Dirección de Infraestructura Urbana Municipal.
O bien, una “caldera de presión eléctrica” de marca Karcher, de Oficialía Mayor con un precio determinado por la propia dependencia de 160 mil pesos. Al igual que varias “lavadoras de presión” de la misma marca, cada una con un precio de 111 mil 485 pesos.
No hay dependencia del Ayuntamiento que no sufrirá baja en su patrimonio. La dirección de Comunicación Social, por ejemplo, será desposeída de monitores y pantallas, computadoras, impresoras con valor superior a los 11 mil pesos y una cámara marca Canon, con un precio de 28 mil pesos que fue adquirida en la pasada administración, pero que según este gobierno, es obsoleta y debe destruirse.
En Sindicatura, donde se encargan del proceso de baja de los artículos, declararon obsoletos cientos de bienes, decenas de computadoras portátiles, teclados, decenas de impresoras, un CPU de 26 mil pesos, un “circuito cerrado” de 25 mil 714 pesos y “un servidor” con un costo de 130 mil 153 pesos, de acuerdo al expediente XXII-996/2019, firmado por la Oficial Mayor.
Según los precios determinados por la propia María de los Ángeles Olague Contreras, la “chatarra”, como se le nombró en la Comisión de Hacienda, suma los 11 millones 290 mil pesos, sin embargo, muchos de los bienes muebles están marcados sin precios, lo que evidentemente la anterior cifra queda muy por debajo del valor real.
“UNA MAÑA PARA DESAPARECER”
De acuerdo a fuentes dentro del Ayuntamiento, pertenecientes al Sindicato de Burócratas, ésta es una estrategia para poder subsanar objetos perdidos, robados, mal utilizados o simplemente con los cuales, los funcionarios pretender quedarse.
“Todo lo tienen en dependencias, a los almacenes generales solo llega basura, plásticos, cosas que no tienen valor, pero el resto le dan el trámite de baja, lo hacen para desaparecer artículos o perdidos y así para no tener la obligación de no reponerlos”, confió una fuente consultada.
A decir del personal de base, ésta es una “maña” común al final de cada gobierno para poder justificar cientos de objetos desaparecidos: “se envía un oficio a Sindicatura informándole los artículos que pretende cada dependencia dar de baja y envías una copia a inventarios, y es todo. Las bajas la tiene que autorizar Cabildo y una vez autorizadas, se envía en oficio a las dependencias que fue autorizado la baja de los bienes de la área y cada dependencia se encarga de deshacerse de los bienes, se les toma una foto por protocolo y listo”, refiere un empleado que solicitó omitir su nombre.
Aparatos electronicos y muebles, dados de baja en palacio municipal
“Todos estos artículos no llegan a algún almacén general, simplemente cada dependencias decide qué mandar a la basura y ellos mismos la declaran obsoleta. El personal de Oficial Mayor, los encargados de inventarios y sindicatura”, concluye.
PANISTAS A FAVOR
En la asamblea de la Comisión de Hacienda, en la cual se abordó el tema de desechar los bienes, los regidores del PAN estuvieron a favor del expediente, mismo que será votado posiblemente en la sesión próxima del Cabildo de Tijuana, es decir, los primeros días de septiembre.
El traslado al basurero de todos los artículos, por consiguiente, sería a días de tomar protesta Arturo González Cruz, el alcalde electo.
Los mil 809 bienes del Ayuntamiento que se darán de baja, fueron votados en dos expedientes en la Comisión que preside la regidora Rangel, uno por mil 519 formatos de trámite de baja y el otro de 209.
Uno de los expedientes fue votado únicamente por Elvia Rangel y Luis Pérez Saucedo, ambos del Partido Acción Nacional, y un voto en contra del edil de Morena, Manuel Rodríguez Monárrez; el regidor sin partido, pero de absoluta obediencia al PAN, Marco Antonio Arizpe, se retiró a la mitad de la sesión y ni siquiera votó; y la quinta integrante, Myrna González, también del PAN, se levantó de su asiento en una de las dos votaciones, pero la otra dio su dictamen a favor.
En la sesión, el personal de Oficialía Mayor se negó a rematar los bienes, alegando que tendría un costo y que no habría quién se quisiera llevar todo, además también se cerraron a la posibilidad que planteó el regidor de Rodríguez Monárrez de venderlos a una recicladora, cuando menos para obtener algo por el valor de los metales. Si bien es cierto, como ahí se dijo, se trata solo de chatarra.
Ante la objeción y los cuestionamientos de Manuel Rodríguez, quien alegó que no existía evidencia para asegurar que los artículos realmente existían en esas condiciones, la presidenta de la Comisión propuso: “ya cuando sea aprobada (en Cabildo), pudiera ser testigo el regidor (Rodríguez) de que sí se va a ir a tirar a la basura”.
“LOS VOY A VER EN REMATE, PERO EN ALGÚN SOBRERUEDAS”
El regidor Manuel Rodríguez Monárrez tiene varias interrogantes: “¿Por qué no se dieron de baja si se recibieron ya obsoletos hace tres años? ¿Por qué se dan de baja hasta que es el momento de cambio de gobierno y le vas a entregar a otro partido distinto? ¿Por qué si todos estos que vamos a votar, no nos ponen los mil 809 artículos para poder, a través de un comité, verificar su existencia?”.
El edil explica que el personal de Oficialía se negó a rematar los artículos “porque lo que va a remate son los vehículos y que estos artículos van a la basura, al relleno sanitario”.
El entrevistado propone: “lo correcto es ver cuáles artículos son reparables y qué capacidad de reparación tenemos, no tenemos evaluación de cada uno, se está considerando chatarra a muchos”.
En todo caso, sigue el regidor, deberían ser donadas a escuelas, instituciones o personas que puedan darle un uso, “o por qué no se reciclan pensando que en efecto no tienen otro uso, pero dónde está el peritaje que diga que no es reparable”.
Agrega que existe una lista junto a las fotografías de cada artículo, pero “¿por qué no cambiamos el procedimiento y hacemos un comité de revisión de que no sirve y qué se puede reparar? En la lista hay una silla igualita a la de mi oficina. No hay tampoco una aceptación de que hay una verificación en Oficialía que los mil 809 existen, primero hay que revisar si existen”.
“¿Quién me garantiza que no es una consigna para dejar inoperante al próximo ayuntamiento o que no los voy a ver en remate en el swap meet o en algún sobrerruedas de la ciudad?”, concluye.
