La administración de Gastélum terminará de pagar casi 10 millones de pesos por recibir “consultoría” contable durante 7 meses en este año, el contrato fue adjudicado de manera directa a El Burro Loco, una empresa que se fundó bajo el objeto de “elaboración y distribución de productos alimenticios”, así como “vender abarrotes, carnes, miscelánea, cerveza, licores” y es representada legalmente ante el ayuntamiento por Jorge Topete Calvario, hasta hace unos días, el presidente (y actual miembro) del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California
Una sociedad mercantil que fue fundada en Mexicali para vender y distribuir carnes, abarrotes y licores, recibió por parte del ayuntamiento de Tijuana que encabeza el panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro un contrato multimillonario para que le preste servicios de “consultoría” y así revisar y cabildear sus cuentas financieras ante posibles irregularidades observadas en auditorías.
El Burro Loco S. DE R.L. DE C.V. fue la empresa beneficiada por medio de una Adjudicación Directa a principios de este año por un monto de 9 millones 860 mil pesos para que prestara sus servicios por un periodo de 7 meses.
De acuerdo a los registros públicos del ayuntamiento, el “representante legal” de esta compañía para ese contrato es Jorge Topete Calvario, uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California y quien fue, desde el 2018 hasta el pasado 24 de julio, presidente de dicho Comité.
Además, Omar Alberto Ramos Sierra, socio de Topete en varios despachos y empresas, fue el encargado de firmar el contrato el pasado 1 de marzo con el gobierno municipal. Ese mismo día (un mes antes de arrancar las campañas) el ayuntamiento –de acuerdo al contrato– le pagó un “anticipo” a la empresa de 4 millones 930 mil pesos.
De acuerdo a documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California consultados por ZETA, El Burro Loco se fundó en 1997 en Mexicali por Ana María Valenzuela Bernal y Jaime Félix Cabanas Osuna, este último ex presidente del Grupo Madrugadores en Mexicali y socio en otras empresas tanto con Topete Calvario como con Ramos Sierra.
En el año 2010, El Burro Loco cambió su nombre a sus iniciales EBL S. DE R.L. DE C.V. De acuerdo a su acta constitutiva el “objeto” de esta empresa es el de la “producción, elaboración, distribución, preparación y venta de productos alimenticios”, así como el de “comprar y vender toda clase de abarrotes, carnes, miscelánea, cerveza, vinos, licores, hielo, frutas y verduras”.
Según el acta de inscripción de la empresa bajo la partida número 5135413, El Burro Loco también se dedica a la “ramo de prestaciones y contrataciones de servicios técnicos, administrativos, financieros, estudios de mercado, administración crediticia, consultivos, de asesoría de todo tipo” y a la “construcción de obras de urbanización y edificación de cualquier tipo de obra civil, de ingeniería y arquitectura”.
Entrevistado respecto al caso, Topete negó que esto fuera un acto irregular al ser simultáneamente un miembro del Sistema Anticorrupción, pues aseguró que desconocía el contrato y lo que la empresa (de la que dijo era “socio” hasta junio del 2018) acordó con el gobierno de “El Patas”.
A pesar de explicarle que su nombre aparecía como apoderado legal en los archivos del ayuntamiento, Topete Calvario afirmó que no existía conflicto de interés en lo que su socio (a quien primeramente negó) haga con la empresa en la que él participaba: “no somos marido y mujer, cada quien hace sus actividades, no lo hacemos agarrados de la mano ni dormimos juntos para que él me cuente todo lo que hace”.
El domicilio de El Burro Loco (EBL) es el mismo del despacho de “Servicios Jurídicos y Fiscales” llamado “GRT. Grupo Ramos, Topete y Asociados” sobre la avenida Francisco I. Madero número 2063 Interior B, Colonia Nueva en Mexicali.
ASISTENCIA Y CABILDEO POR 10 MILLONES DE PESOS
ZETA consultó a dos firmas reconocidas en el Estado para conocer un estimado del costo que deberían cobrarse en el supuesto que un equipo profesional prestara realmente los servicios que El Burro Loco y el ayuntamiento establecieron en el “contrato de prestación de servicios”.
Ambos despachos –una vez que pudieron conocer las actividades a las que se comprometió el proveedor– coincidieron que el costo no podría superar los 750 mil pesos en total.
El contrato lo firmaron 2 miembros del gabinete del alcalde: María de los Ángeles Olague, oficial mayor del ayuntamiento, asistida por Ricardo Chavarría Morales, tesorero y María Guadalupe Ochoa Saucedo, directora de recursos materiales de Oficialía Mayor.
Según se lee en el documento, el Ayuntamiento “requiere contratar al proveedor para la prestación de servicios de consultoría en materia de organización para la revisión documental de la Cuenta Pública Municipal”.
El contrato se asignó mediante el dictamen de Adjudicación Directa (ADQ-2019-AD-037) con fecha del 27 de febrero, resuelto por el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Tijuana y solicitado por la oficial mayor, presidenta de este Comité.
En el dictamen se detalla que, en enero de 2019, la Tesorería del municipio recibió la “propuesta técnica y económica por parte del proveedor”; es decir, que en 2018 le fueron solicitados dichos requisitos.
En el contrato se establece que la empresa prestará cuatro servicios. Uno, “consultoría en materia de organización para la revisión documental de la cuenta pública de los ejercicios 2017 y 2018 para la detección de inconsistencias y ofertar las alternativas de solución; así como el cabildeo para atender y acompañar en la solventación de requerimientos de la ASEBC, ASF y la propia sindicatura”.
Dos, “consultoría en materia financiera para el aseguramiento documental, con asistencia profesional legal en revisión exhaustiva de las cuentas públicas 2017 y 2018 de los asuntos más relevantes que pudieran derivar de observaciones en los cuales se brindará el acompañamiento técnico y normativo para lograr la solventación y el cabildeo ante los órganos o autoridades que lo requieran”.
Tres, “consultoría en la integración y organización de los expedientes técnicos del gasto de obras públicas ejercicio y ejecutado durante los ejercicios 2017, 2018 y hasta el mes de septiembre del 2019. Y cuatro, “consultoría administrativa, organizacional y de recursos humanos, dirigida a los mandos directivos de la administración central y del sector paramunicipal, para que estén debidamente capacitados para lograr una solventación de los posibles observaciones de los órganos de fiscalización y lograr la integración de la documentación de los procesos y procedimientos administrativos y normativos en la gestión de gobierno”.
Los servicios iniciaron una vez firmado el contrato; es decir, el 1 de marzo y concluirán el 30 de septiembre de este año. Además, la debió entregar seis informes parciales en forma mensual por cada una de los servicios de consultorías y un informe final.
Según lo que se instituye en el contrato, El Burro Loco, “cuenta con un equipo de trabajo designado para la ejecución de los servicios” compuesto por un “socio Director” que invertirá el 10% de tiempo, sin especificar en relación a qué; un “Socio Encargado” que invertirá el 20% de tiempo, un “Coordinador del proyecto” del 50% y 5 “auditores” dedicados al 100% del “tiempo invertido”.
Por lo anterior, el ayuntamiento terminará de pagar en septiembre la cantidad de 8 millones 500 mil pesos más IVA (9.86 millones de pesos), la mitad de este monto al momento de la firma y mensualidades de 600 mil pesos.
LOS SOBREPRECIOS
En opinión del doctor Adolfo Solís Farías, en Derecho tributario, el costo de los servicios que se describen en el contrato se encuentran 10 veces arriba del precio real en el mercado de firmas auditoras.
Las cuatro grandes firmas auditoras internacionales, KPMG, PwC, Deloitte y Ernst & Young, cobran en promedio 10 mil dólares por el análisis de un ejercicio financiero, añadió. “Por el volumen de la información, sería un máximo de 40 mil dólares por los dos ejercicios de la cuenta pública”, refirió el nombrado Hombre del Año por ZETA hace unos años.
“Ningún despacho te va cobrar 8 millones porque el parámetro no rebasa los 800 mil pesos, es poco creíble porque esa función no se hace por tanto dinero”, concluyó el doctor en material fiscal.
TOPETE, EL REPRESENTANTE LEGAL
En un documento oficial que contiene el concentrado de los contratos firmados por el gobierno municipal de Tijuana con contratistas y proveedores en el primer trimestre de 2019, Topete Calvario, el integrante del Sistema Estatal Anticorrupción quedó acreditado como “representante legal” de la compañía mediante la exhibición de un “poder notarial”, detalla el propio ayuntamiento por medio de su portal.
La información no solo se encuentra “actualizada al 31 de marzo de 2019” por parte de la Unidad de Transparencia sino que pasó por una “validación” adicional con fecha del 30 de abril de 2019, para así corregir posibles imprecisiones en la captura inicial.
En el mismo archivo, disponible para su consulta pública a través del portal de Transparencia del Ayuntamiento, en el apartado de correo electrónico de la empresa EBL se registró el de kvelarde@recaudacione.com. El dominio de la cuenta corresponde a “Recaudaciones”, denominación moral de uno de los despachos con que EBL también comparte domicilio en Mexicali junto a otras 6 razones sociales más.
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) está integrado por 15 ciudadanos de “probidad y prestigio –según la Ley del Sistema– que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, diez de carácter técnico y cinco de carácter honorífico, éstos últimos no percibirán emolumento alguno”.
Entre sus atribuciones de ley, está el proponer mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción y solicitar la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública por parte de las autoridades competentes.
Topete estaba imposibilitado para que la empresa del cual aparece como apoderado legal lograra un contrato. La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California establece, en su artículo 16, que “los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, estatal o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al comité de participación ciudadana y a la comisión ejecutiva”.
Por medio de Diana Escalante, directora de Comunicación Social, durante toda la semana previa a la publicación de este reportaje se solicitó en reiteradas ocasiones la versión respecto a los servicios contratados por parte del ayuntamiento por. También al tesorero municipal se le solicitó una entrevista la cual dijo, podría conceder hasta el viernes 2 de agosto, una vez publicada la edición de ZETA.
UNA EMPRESA MÁS DE TOPETE Y SOCIOS DE EBL
Al ser cuestionado sobre el contrato entre el Ayuntamiento de Tijuana y EBL, Topete Calvario inició por negar su relación con la empresa y Omar Ramos Sierra, de quien dijo ya no ser socio. Luego, al hacerle mención de otra empresa en la que están asociados, admitió que solo en una, pero documentos en poder de este Semanario los muestran como socios en por lo menos dos despachos más.
Aseguró “entre mayo y junio del año pasado (2018), dejé de ser socio de esa empresa”. Las fechas coinciden con el periodo previo a que Topete Calvario fuera nombrado consejero honorífico del Comité de Participación Ciudadana (CPC), lo cual ocurrió en julio de 2018.
También refirió “esa empresa es viejita ya y en alguno momento fui socio de ella, cuando fuimos socios de ella, se modificó su nombre por EBL, ya no se llama El Burro Loco, por cierto… y se modifica el objeto social (productos alimenticios) y ya nada tiene que ver con eso”.
— Actualmente, ¿ya tampoco tiene un despacho en sociedad con el contador Ramos Sierra?, se le preguntó.
“No”.
— Porque existe un despacho que es Grupo Ramos, Topete y Asociados (GRT)…
“En ese sí, es el único y es de lo que vivo. Seguimos siendo socios, pero no somos marido y mujer, cada quien hace sus actividades, no lo hacemos agarrados de la mano ni dormimos juntos para que él me cuente todo lo que hace”.
Contrario a lo que respondió, ya como presidente del Comité de Participación Ciudadana, Topete Calvario formó una nueva asociación con los mismos socios de El Burro Loco: Omar Ramos Sierra y Jaime Félix Cabañas Osuna. “Bienestar, Fomento y Beneficios” quedó registrada como asociación civil el 12 de septiembre de 2018 con el fin de “realizar operaciones de ahorro y préstamo”, según consta en su acta constitutiva.
En el documento, disponible en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), se nombra a Félix Cabañas Osuna como presidente, a Jorge Topete Calvario como secretario y a Omar Ramos Sierra como tesorero.
Sin embargo, un mes después, el 19 de octubre de 2018, se añadió al RPPC un nuevo documento, la protocolización de acta de asamblea para modificar la asociación civil a sociedad civil, lo cual indica que se le permite el fin de lucro.
Para ello, cada uno de los tres socios aportó una inversión inicial de mil pesos. Topete Calvario y Ramos Sierra fueron nombrados secretario y tesorero, respectivamente, así como apoderados legales de la nueva empresa.
CONTRATADO PARA “CABILDEAR” CON AUDITOR SUPERIOR
El viernes 26 de agosto, Topete Calvario y otros miembros del Sistema Estatal Anticorrupción: Francisco Fiorentini, Edgardo Silva, Eduardo Arredondo y Omar Marrón, dieron a conocer la promoción de un amparo para dejar sin efectos el nombramiento del auditor superior, Carlos Montejo, por considerar que el Congreso del Estado incurrió en un acto inconstitucional.
Antes, en una conferencia de prensa, los consejeros del Comité de Participación Ciudadana denunciaron que los diputados no los invitaron a formar parte de la comisión especial que hizo el nombramiento, como se plantea en la Ley, y que la misma designación incurría en un conflicto de interés.
Entre los servicios a los que Sierra Ramos, socio de Topete Calvario, se compromete a realizar en el contrato del Ayuntamiento de Tijuana, está “el cabildeo para atender y acompañar en la solventación de requerimientos de la Auditoría Superior del Estado de Baja California”.
Por ello, se le cuestionó al consejero anticorrupción:
¿No le parece un conflicto de interés que su socio, con el que mantiene un despacho también jurídico contable, mantenga una relación con el Ayuntamiento para cabildear observaciones a la Auditoría de la que usted intenta se revoque ese nombramiento?
“Los compromisos éticos y morales son personales. Mi compromiso ético y moral no alcanza a lo que quiera hacer mi socio en otra empresa, no puedo obligarlo ni decirle que no firme lo que él quiera hacer, cada quien genera cómo vive y genera sus ingresos. Considero que no existe ningún conflicto de mi parte en relación con lo que haga mi socio”.
Pero, ¿podría pronunciarse sobre un supuesto acto de corrupción en relación con la firma de este contrato?
“La finalidad del Comité de Participación Ciudadana no es hacer investigaciones, probablemente sí emitir pronunciamientos sobre aquellas situaciones que sean observadas por las autoridades correspondientes. Si esa relación contractual que existe tuviera alguna irregularidad deberá ser detectada y observada y en su caso, nosotros emitiríamos los comentarios correspondientes”.
Por último, sobre el hecho de que la firma GRT –de la que admite ser socio junto a Ramos Sierra- comparta el mismo domicilio fiscal que El Burro Loco, el integrante del Sistema Estatal Anticorrupción aseguró “compartimos los gastos y hay oficinas que se dividen en los locales, eso no guarda relación con las actividades que yo hago actualmente”.
LOS DOCUMENTOS DE TOPETE
El jueves 1 de agosto, Jorge Topete Calvario hizo llegar vía correo electrónico a este reportero una relatoría en la que cita una escritura pública, con fecha del 25 de agosto de 2018, celebrada el 20 de junio de 2018 en la que “dejó de ser socio de EBL, S. de R.L.”.
De igual forma, aseguró que, vía correo electrónico, Sierra Ramos solicitó el 24 de enero de 2019, que el Ayuntamiento de Tijuana diera de baja en el padrón de proveedores a Topete Calvario como representante social de EBL, el cual ese mismo día había sido registrada como representante legal de EBL. La copia supuestamente enviada al “ayuntamiento” no tiene sellos de recibido.
CONSEJEROS ANTICORRUPCIÓN TIENEN QUE PONER LA VARA ALTA
Francisco Martínez, coordinador del capítulo Baja California de la Red Nacional Anticorrupción, expresó “desde nuestra opinión, no se puede ser consejero de participación ciudadana y participar en contratos con administraciones municipales, centrales, paramunicipales o paraestatales porque hay un conflicto de interés completamente directo”.
El activista, quien ha organizado diversos foros de anticorrupción en el estado con participación de organismos nacionales e internacionales, recordó que, aunque los consejeros honoríficos no perciben un salario, la Ley de Transparencia considera que al ejercer un acto de autoridad ya pueden ser proclives a caer un acto de corrupción.
De igual forma, Martínez señaló “reclamamos que haya total transparencia y que cualquier consejero del Comité de Participación Ciudadana que sea acusado o que incluso exista la sola presunción o sospecha, tiene que salir públicamente a aclararlo con documentos en mano que a la ciudadanía nos quede perfectamente claro que no sucedió así, no esperar a que haya una queja”.
Recordó que los consejeros del Comité de Participación Ciudadana “es el ideal que esperamos de los funcionarios públicos y tienen que poner la vara alta”.
