El 5 de agosto en México fueron asesinadas 108 personas en 25 estados. Chihuahua con 13 homicidios dolosos, Guanajuato con 12 y Baja California con 11, fueron las entidades con más muertos de manera violenta en un solo día. Siete estados reportaron cero homicidios, Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Junio de 2019 ha sido el mes más violento del año. 3 mil 001 personas fueron asesinadas.
El primer semestre de este año, el primero de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido fatal en el país. En total, 17 mil 138 ciudadanos asesinados de manera violenta. Mes por mes, la estadística generada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad está así:
Enero, 2 mil 849 asesinados.
Febrero, 2 mil 804.
Marzo, 2 mil 854.
Abril, 2 mil 729.
Mayo, 2 mil 901.
Junio, 3 mil 001.
En comparación con el primer semestre de 2018, el último del sexenio de Enrique Peña Nieto, en México ha incrementado el homicidio doloso en 850 casos. Mes por mes la cifra de muertes del año anterior: Enero, 2 mil 571. Febrero, 2 mil 445. Marzo, 2 mil 786. Abril, 2 mil 779. Mayo, 2 mil 983 y junio, 2 mil 769. En total, 16 mil 288 asesinatos violentos.
De los homicidios dolosos ocurridos el primer semestre de este año, el 71.27 por ciento, es decir, 12 mil 215 se produjeron con arma de fuego.
En contraparte, en la nueva política pública en materia de seguridad en el país ya no hay objetivos prioritarios. Ya no hay asesinos enlistados para ser investigados, procesados y sentenciados. El nuevo Gobierno de la República pondera la investigación, cualquiera que esta sea, por encima de la aprehensión de los criminales que en todo el país, están comandando células del narcotráfico, del crimen organizado, de secuestradores y extorsionadores, de tratantes de blancas o tráfico de personas. Ni en las delegaciones de la Fiscalía General de la República los buscan, ni en las juntas de coordinación de seguridad en los Estados se habla de personas o de células. Se analizan números y se coordinan despliegues policiacos, particularmente de la famosa aun cuando no eficiente todavía, Guardia Nacional.
Hace unos días a propósito de los tres ataques armados que sucedieron en Texas, Ohio y Chicago en los Estados Unidos, y que entre los tres eventos dejaron un saldo hasta hoy, de 34 personas muertas de manera violenta, una vez más el tema del manejo de las armas en aquel país ha resurgido, ex presidentes como Bill Clinton ha deslizado de nueva cuenta la necesidad de un control sobre la venta de armas, mientras en El Paso, Texas, escenario del tiroteo que dejó más muertos, entre ellos ocho mexicanos, Marcelo Ebrard, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, se reunió con Mike Pompeo, Secretario de Estado de la Unión Americana, y habría acordado establecer un plan para evitar el tráfico de armas de aquel país al nuestros.
De acuerdo a la información proporcionada por el mexicano, se tratará de operativos en cuatro ubicaciones de la frontera entre México y los Estados Unidos donde realizarán tareas para evitar el cruce ilegal de armas a territorio nacional, Tijuana-San Diego, Ciudad Juárez-El Paso, Reynosa-Matamoros, y Laredo-Nuevo Laredo.
Sin embargo, a un combate binacional sobre el tráfico de armas, le hace falta una estrategia integral de combate a la inseguridad en México para poder ser eficiente en restaurar la tranquilidad que en las calles del país se perdió hace décadas. Un combate frontal al narcotráfico y las células criminales, con inteligencia para la detección y el desmantelamiento de las estructuras financieras de los cárteles, sería más eficiente. Establecer de nueva cuenta investigaciones y búsquedas públicas sobre los hombres y las mujeres que están liderando a las hordas de asesinos en México serviría para dar certeza a la ciudadanía de haber iniciado un camino hacia la justicia.
Un país que acumula miles de asesinatos por mes pero que no encarcela a los cientos de asesinos que los cometen, es un país de impunidad y por ende de corrupción.
En México ha habido también en los últimos días multihomicidios. Ocho personas asesinadas mientras viajaban en una camioneta en Veracruz, seis personas muertas cuando sostenían una reunión familiar en Tijuana, cinco más ejecutados en Jacume. Una balacera que gracias a la rápida intervención de los escoltas del Gobernador de Nayarit, no pasó de dos muertos en Jalisco.
Pero en México los crímenes suelen tener los tintes de las ejecuciones de la mafia, del narcotráfico, del crimen organizado. Por eso se minimizan. Nadie se alza en una manifestación porque asesinaron a ocho en Veracruz, o sale a exigir justicia. El discurso del Gobierno, que asume que los muertos lo son porque estaban metidos en el narcotráfico, ha permeado a la sociedad, y es un pretexto oficial para no investigar, para no aprehender a los asesinos, y para no buscarlos con su imagen y su nombre en las comunidades. El enemigo es, en el México de la impunidad, invisible.
De esto no se habla en las reuniones que todos los días a las seis de la mañana y en todos los Estados de la República, tienen las fuerzas del orden en lo que llaman reuniones de coordinación, o mesas de seguridad. Interviene el súper delegado del Gobierno federal, representantes de la Marina y del Ejército, de la casi extinta Policía Federal, el comandante local o regional dela Guardia Nacional, el de la Fiscalía General de la República, que son quienes le habrán de informar al gabinete de seguridad sobre los acontecimientos delictivos en los Estados. También acuden las autoridades locales, el gobernador, los alcaldes, secretarios de seguridad, directores de la policía municipal, titulares de procuradurías o fiscalías estatales y donde los haya, secretarios de seguridad.
Pero no hablan de los muertos, los cuentan eso sí. No hay análisis ni inteligencia policíaca en la mesa para establecer estrategias de persecución y captura de asesinos, narcomenudistas, criminales organizados. Ni siquiera saben sus nombres, no los abordan. Nada de trabajo integral, coordinado, para aprehender a quienes están generando la violencia. Únicamente conteo de muertos, estadística de decomisos, y despliegues policíacos y de la Guardia Nacional en las zonas donde hay mayor incidencia delictiva, en un intento de disuadir, con la presencia de “la autoridad”, a los delincuentes de no cometer delitos.
La alarma que por 34 muertos en los Estados Unidos trajo de nueva cuenta al debate público el tráfico de armas a México, no se ha activado por los 108 asesinatos que hubo en el país tan solo el 5 de agosto. Ni por los 3 mil 001 que sucedieron en junio, el mes más violento de México en lo que va de este año. Aquí, empezando por el discurso del Gobierno federal, la violencia se minimiza, aunque se viva y se cuente todos los días en los que han llamado los municipios más violentos, pero en los cuáles no hay autoridad que esté buscando hacer justicia.
