A tres años de cumplir la edad de retiro y tras pasar cinco años y nueve meses con una licencia, la exprocuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva regresó al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para formar parte de la Primera Sala Civil. Su vuelta provocó gran inconformidad en diversos sectores. Colegios y el SEA condenan su reinstalación y aseguran que se trata de una ilegalidad. Sin embargo, el diputado Juan Manuel Molina -quien conformó la Legislatura que otorgó la primera licencia- asegura que la solicitud de licencia para ostentar otro cargo fuera del Poder Judicial está garantizada. Independientemente de la interpretación, la solicitud jamás fue votada en el Pleno ni publicada en el Diario Oficial del Estado, lo que ya es una irregularidad
Un artículo de la Constitución Federal, dos de la local y disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, podrían contraponerse con el regreso de la exprocuradora de Justicia, Perla del Socorro Ibarra, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde se desempeñará en la Primera Sala Civil, pese a que toda su carrera jurisdiccional se ha desenvuelto en el área penal.
Esta fue la única consideración que tuvieron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues no hicieron estudio de fondo, no evaluaron el escenario, simplemente la recibieron con los brazos abiertos, concediéndole la obligada readscripción de Sala, toda vez que por su pasado al frente de la Fiscalía, está imposibilitada para revisar las sentencias de casos que ella misma representó.
Foto: Cristian Torres.- Presidente del poder judicial
El martes 6 de agosto, Ibarra Leyva volvió al TSJE y se colocó en la silla que habitualmente ocupaba el hoy exmagistrado Emilio Castellanos Luján, recién retirado por edad. Perla del Socorro Ibarra mantendrá ese espacio por aproximadamente tres años, pues para 2022 estaría cumpliendo los 15 años de servicio, haciéndose acreedora al haber de retiro próximo a reglamentarse a finales del mes de agosto.
Sectores sociales y gubernamentales emitieron posicionamientos al respecto y la mayoría coincide: el regreso de Perla Ibarra es una ilegalidad. Tanto el presidente local de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), Benjamín Almanza, como el titular de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo), José Luis Molina, se manifestaron en contra por considerarlo una violación constitucional que podría generar impugnaciones por parte de quejosos.
En el mismo sentido se mantiene la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que a través de Luis Irineo, considera que se está afectando el Estado de Derecho y el origen de la legislación, cuyo objetivo era mantener una marcada división de poderes.
NO SE VOTÓ EN PLENO NI SE PUBLICÓ EN EL DOE
En medio de la turbulenta sesión del pasado 8 de julio -donde se amplió el periodo de la gubernatura y se nombró Auditor General-, diputados de la XXII Legislatura mostraron una carta inesperada: la renuncia a la licencia de la entonces procuradora de Justicia, Perla del Socorro Ibarra Leyva, quien por cinco años y nueve meses fue la responsable de la investigación de todos los delitos del fuero común en la entidad.
Leída por la hoy exdiputada Iraís Vázquez, se señalan los motivos por los que se retira de su cargo como Fiscal y solicita retirar su licencia de manera anticipada con la intención de volver al TSJE lo más pronto posible. El entonces presidente de la Mesa Directiva, Benjamín Gómez Macías, indicó que el tema debía ser turnado a la Junta de Coordinación Política para su posterior votación en el siguiente Pleno.
Esa fue la última vez que fue visto el diputado Benjamín Gómez Macías, quien prácticamente dejó tirada la presidencia, pese a que se celebraron dos sesiones más; sin embargo, en ninguna de ellas se votó el retiro de la licencia y, por ende, nunca se publicó en el Diario Oficial del Estado.
En la misma renuncia presentada por la exprocuradora, Perla del Socorro Ibarra, de la cual ZETA posee una copia, asegura que su decisión es de carácter irrevocable y solicita que tanto sus motivos como sus intenciones sean valoradas en el Pleno del Congreso y votadas, para luego ser publicadas en el Diario Oficial del Estado, esto con la intención de que surtan efecto de manera inmediata.
Salvador Ortiz Morales y Perla Ibarra
En el documento presentado a través de Oficialía de Partes del Poder Legislativo, el 21 de junio, pero que fue leído hasta el 8 de julio, se precisan los pasos a seguir para llevarse a cabo la renuncia. Sin embargo, la XXII Legislatura omitió el procedimiento correspondiente y al día siguiente formuló un documento donde hacía de conocimiento la intención de la exfiscal, sin siquiera votarlo.
En las tres páginas del texto, Ibarra Leyva asegura que su intención es dejar el cargo y volver al Tribunal, asegurando que no existe motivo para negar la posibilidad de su regreso.
Este procedimiento debió llevarse a cabo, tal y como cualquier acuerdo emitido por el Pleno. De hecho, en las dos solicitudes de licencia presentadas por Perla del Socorro Ibarra en las legislaturas XXI y XXII, y firmadas entonces por Juan Manuel Molina y Raúl Castañeda Pomposo, respectivamente.
En la primera de ellas -fechada el 7 de noviembre de 2013- indica que se le otorgará la licencia por motivos personales. Tres años después, la licencia es explícitamente para continuar con su labor al frente de la Procuraduría. En ambos casos se turnó al Pleno y al DOE.
Pese a ello, el oficio 015815, firmado por el exlegislador priista el 9 de julio -un día después de la fatídica sesión-, indica la solicitud de la exfiscal, y prácticamente pone a consideración del Tribunal, su reinstalación.
El documento -que no fue votado ni publicado- se entregó al tribunal el lunes 5 de agosto de 2019, día en que el Poder Judicial regresó a sus labores y para el martes, Ibarra Leyva ya estaba pidiendo su reinstalación.
Magistrados llegaron al Pleno a las 10 de la mañana y durante dos horas debatieron el documento a puerta cerrada. No fue hasta el mediodía -cuando todo ya estaba planchado- que permitieron el acceso a prensa para observar la votación unánime.
Foto: Cortesía
Durante el “prepleno” analizaban la posibilidad de solicitarle un estudio o una respuesta más clara al Congreso del Estado. Sin embargo, tras la confrontación de ideas de 16 magistrados, optaron por permitirle su reincorporación.
Como único punto de la sesión ordinaria estuvo el ingreso de Perla Ibarra al Pleno y la readscripción -por su propia solicitud- de la Cuarta Sala a la Primera Civil, pues su trabajo como fiscal generaría conflicto de interés en las sentencias de jueces de carácter penal.
Al término de la misma, la exprocuradora otorgó unos minutos a los medios de comunicación donde solo dijo respetar las opiniones contrarias, pero que ella nunca dejó de ser magistrada, pese a que solicitó dos licencias de tres años cada una.
Con esto, Perla del Socorro Ibarra ocuparía una Sala Civil durante el próximo año, con la posibilidad de regresar a una Sala Penal en poco tiempo, en lo que espera su retiro de haber, que le correspondería para el año 2022, tras cumplir 15 años de servicio.
SE CONFRONTAN SEA, COLEGIOS, ABOGADOS Y DIPUTADO
La interpretación amplia, literal y restrictiva es la forma en que todos los juristas entrevistados definen sus posturas y descalifican las que opinan diferente. Sin embargo, todos lo consideran un tema polémico.
Según lo referido por el presidente de la Anade, Benjamín Almanza. La violación a la Constitución Federal y local es evidente, en al menos tres artículos, además de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
El primero de ellos -que coincide con el análisis del SEA- es la violación al Artículo 116 de la Constitución Federal, donde establece claramente que una persona que aspira a ser magistrado no puede ser Procurador de Justicia por lo menos un año antes del inicio de su encargo.
Luis Irineo coincide con él y asegura que esta regla general es suprema a cualquier otra, pero para el abogado Cuauhtémoc Castilla, dicho artículo indica que esto es exclusivamente para su designación.
Concretamente, Castilla dice que Perla no fue designada, sino reinstalada y ahí radica el centro de la interpretación, por lo que considera que se trata de un movimiento legal.
Luis Irineo asegura que el espíritu de la Ley es evitar la invasión entre poderes, además de procurar que el aspirante no tenga cercanía con casos que él mismo haya representado, lo cual fue vulnerado con el regreso de la exfiscal.
Para Benjamín Almanza, el Artículo 116 se viola al regresar escasos días después de su separación del cargo, pero no es todo.
La Constitución local -según dice el jurista- también establece artículos a interpretación, como el 66, el cual claramente asegura que:
“Los Magistrados Numerarios… durante el tiempo de su encargo, aun cuando tengan carácter de Interinos, no podrán aceptar ni desempeñar empleo o encargo en la Federación, Estado o Municipios ni de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Asimismo estarán impedidos para litigar ante cualquier instancia, salvo cuando se trate de causa propia”.
Sin embargo, tanto el diputado Juan Manuel Molina, como el abogado Cuauhtémoc Castilla, refieren que en 2009 se llevó a cabo una modificación constitucional que retiraba la restricción literal del impedimento cuando se contaba con una licencia.
Molina aseguró que el señalamiento del SEA radica más en un interés por los desequilibrios de poder al interior del tribunal, pues existen otros nombramientos no cuestionados por el organismo ciudadano. Molina García refirió que en ese artículo se garantiza que se puede ejercer otro trabajo siempre y cuando se solicite la licencia sin goce de sueldo.
El Presidente de la Anade también refiere el Artículo 60 de la Constitución local, donde afirma que para ser nombrado magistrado no se debe contar con un cargo de gobierno o partido político, un año antes de ostentar el cargo.
No conforme con ello, Benjamín Almanza agrega el Artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde claramente dice que las licencias deberían ser exclusivamente de seis meses y no de tres años, como le fue otorgada, por lo que bajo ninguna circunstancia debería regresar, incluso, con la mala venia del Congreso.
Al respecto, José Luis Molina, presidente de la Fedabo, consideró el movimiento como un interés político que no respeta el jurídico, por ello -pese a su amistad con la exfiscal- considera que su reintegración en el Pleno representa un acto que atenta con el Estado de Derecho.
“Los regresos no están sustentados, son dispensas, pero estos mejor que reformen la Ley Orgánica para que tenga sustento legal esas licencias sexenales. Ella siguió siendo magistrada con licencia, nunca dejó de serlo, era una magistrada con licencia; ella estaba impedida para ejercer otro puesto”.
Aseguró que abogados podrían recurrir su votación en sentencias a través de amparos. Consideró irrelevante su traslado a la Sala Civil, pues en este rubro también existen casos en los que participa activamente el Ministerio Público.
Tanto Almanza como José Luis Molina, coinciden en que esto representa un quebrando severo al Estado de Derecho, lo cual brinda un mal mensaje a la comunidad jurídica y la sociedad en general. Es por ello que se necesita definir ciertos criterios para evitar este tipo de ocurrencias.
Luis Irineo, secretario ejecutivo del Comité de Participación Ciudadana, aseguró que se está trabajando en una serie de políticas públicas y recomendaciones para evitar un acto de esta naturaleza. Al respecto, Cuauhtémoc Castilla comentó que sería interesante ver una controversia entre el CPC y el Congreso en este tema, pues ayudaría a brindar certeza jurídica un análisis serio en los alcances de cada uno.
PODER JUDICIAL RESPALDA A PERLA
El magistrado presidente, Salvador Ortiz Morales, defendió a su compañera en el Tribunal Superior de Justicia, asegurando que las inconformidades debieron plantearse cuando se dio la licencia y no después de casi seis años, además de cuestionar si el SEA tiene facultades para intervenir en las decisiones del Poder Judicial y del Legislativo.
En entrevista posterior a la reinstalación de Perla Ibarra, el titular del Tribunal y el Consejo de la Judicatura comentó que desde su percepción no hubo violación a la Ley, y que la exfiscal siempre fue magistrada.
Ortiz Morales aseguró que antes de la reforma de 2009, si era obligatoria la renuncia de un cargo en el Poder Judicial para ocupar otro en el Poder Ejecutivo, tal y como ocurrió con él cuando fue juez de Tijuana y abandonó el puesto para ostentar un cargo estatal.
El presidente del TSJE aludió que hay antecedentes a nivel nacional como el de Olga Sánchez Cordero, exministra y actual secretaria de Gobernación, o exfiscales como Ministros, por lo que son tendencias que deben ir mejorando.
Ibarra Leyva señaló que mantendrá la objetividad en los juicios y se excusará en los casos civiles donde el Ministerio Público tenga intervención específica, además de continuar estudiando y especializarse en las aristas del ramo civil.
La magistrada Perla del Socorro Ibarra ingresó al Tribunal Superior de Justicia en el año 2007, poco después de dejar el cargo como subprocuradora. Desde entonces fungió como magistrada de la Cuarta Sala e incluso fue magistrada consejera en el Consejo de la Judicatura, hasta que solicitó licencia para integrarse al gabinete estatal.
De 2013 a 2019 fue procuradora de Justicia y dentro de tres años sería acreedora al retiro de haber, por lo que de sus 15 años como juez suprema del Estado, solo habría cumplido poco más de nueve. Ibarra Leyva recibirá 12 años de pensión con sueldo de 62 mil pesos al término de su encargo.
