Apenas circuló la edición de ZETA el viernes 16 de agosto que en su portada consignó el hecho que, desde el Gobierno del Estado -y particularmente del Registro Público de la Propiedad y el Comercio- levantaron un embargo, dictaminado por un juzgado civil, sobre los predios y la construcción de la desalinizadora en Rosarito, cuando en el edificio del centro de gobierno en Tijuana estaban corriendo al registrador Público de la Propiedad, Antonio Morán. La acción da a entender que Morán actuó solo. Que un buen día decidió hacer caso omiso a la Ley y hacer algo para lo cual no está facultado; al menos no durante el tiempo que ha corrido desde que fue embargada la obra. Sin embargo, en el gobierno del Estado, donde el proyecto de la desalinizadora es uno de los proyectos insignia de Francisco Vega de Lamadrid, la cuerda se reventó por lo más delgado. Por el registrador que firmó y consignó el acto, y no por quien ordenó hacerlo. A la fecha, dicen que hasta un proceso interno le han abierto a Morán. Para mejor entendimiento de que en el caso no hay un “autor solitario”, la empresa constructora Consolidated Water Co. informó en sus bitácoras públicas a los inversionistas que “el registro público de propiedad de Rosarito emitió un certificado de no gravámenes con respecto a los bienes inmuebles de propiedad por NSC”, lo cual lograron una vez que el embargo fue levantado de forma arbitraria. Pero claro, en el gobierno de Francisco Vega, el hilo más delgado que se reventó fue el registrador Morán.
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