El caso de El Burro Loco y Jorge Topete Calvario, comisionado del Sistema Estatal Anticorrupción, ha llegado al estigma nacional. Configura el primero y único escándalo de posible corrupción de todo el país, en donde se ve involucrado un miembro de los recién creados sistemas anticorrupción.
La -mala- fama del asunto deriva precisamente de la empresa El Burro Loco S. de R.L. de C.V.”, fundada hace unos años en Baja California para la compra-venta de abarrotes, carnes y licores, pero la cual actualmente goza de un contrato multimillonario de 9.86 millones de pesos con el Ayuntamiento de Tijuana que encabeza el panista Juan Manuel Gastélum para que preste servicios profesionales de “consultoría” financiera.
Topete fue el primer presidente del recientemente creado Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Baja California y era -según su dicho y un documento notarial- propietario de dicha sociedad hasta junio de 2018, días después de que lo nombraran parte del Comité Ciudadano. En ese mismo año, el trámite para la adjudicación directa por parte del gobierno panista a la empresa El Burro Loco, la cual modificó su nombre a sus iniciales “EBL”, ya estaba avanzado. En marzo se firmó el millonario contrato con una duración de siete meses. El firmante, Omar Alberto Sierra García, es actualmente socio de Topete en otras empresas.
Esta investigación fue publicada el 5 de agosto en las páginas de ZETA, por quien escribe esta columna. Desde entonces, Topete y Francisco Fiorentini, su cercano colaborador en el Sistema Anticorrupción, han intentado de todo para desvirtuar y negar el conflicto de interés y los posibles delitos que puedan configurarse de acuerdo a la ley que han observado abogados y uno de los consejeros técnicos del Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción.
El 8 de agosto, durante el Primer Encuentro de la Sociedad Civil con los Comités de Participación Ciudadana de los distintos Sistemas Estatales Anticorrupción del país, realizado en Hermosillo, Sonora, se abordó el tema del contrato entre El Burro Loco y el Ayuntamiento de Tijuana y la participación de Jorge Topete Calvario. Los integrantes de los comités de otros estados y autoridades, como el fiscal Anticorrupción de Sonora, Odracir Espinoza, acordaron enviar un exhorto al Congreso del Estado para que se investigue el tema, pues consideran que la afectación no solo es para el SEA de Baja California, sino para los de todo el país.
La semana pasada, en un foro organizado por la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República, los legisladores también abordaron el tema del CPC de Baja California y la preocupación de que Topete Calvario continúe como consejero ciudadano, por lo que discutieron enviar un exhorto al SEA de Baja California -que preside Fiorentini- para que el empresario se retire del cargo hasta que no se deslinden las responsabilidades.
El 22 de agosto, la regidora Mónica Vega acudió a ratificar la queja que presentó en Sindicatura por la asignación del contrato millonario a El Burro Loco. Ahí se le informó que, a diferencia de otras quejas que ha presentado por contratos irregulares, la Sindicatura Procuradora abrió la investigación desde el 8 de agosto, seis días después del reportaje publicado en este Semanario y antes de que la edil se presentara hacer lo propio.
Pero el ánimo para esclarecer el asunto dentro del Comité Ciudadano en Baja California, no es el mismo. Francisco Fiorentini, su presidente, ha informado al resto de los consejeros que exigirán al Ayuntamiento que acepte públicamente que Jorge Topete Calvario no es el representante legal de El Burro Loco, tal como está publicado y validado en sus registros de 2019. Incluso, en conversaciones con los integrantes, Topete dijo textualmente a sus compañeros: “en Coparmex Mexicali, ayer me hicieron favor de medir impacto -del reportaje publicado en ZETA– y de verdad que no ha trascendido” y les pidió apoyarlo en caso de requerirlos para una acción conjunta. Los Burros Locos, vergüenza nacional.
