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sábado, febrero 17, 2024
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Corrupción humanitaria

A quien le gusta dar de que hablar y siempre por motivos negativos, es al todavía director de Servicios Administrativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Carlos Armando Ríos Treviño, quien el próximo 15 de agosto podría dejar el cargo para hacerse acreedor a una “pensión humanitaria”.

Por increíble que parezca, el funcionario estatal que ostenta cargo directivo en el área administrativa de la PGJE fue beneficiado por la ex procuradora Perla del Socorro Ibarra para que al término de la administración, no tenga que volver a trabajar en su vida, pese a que su cargo es de confianza y de alto nivel.


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El tema tiene varias aristas y en todas queda en evidencia la corrupción, pues la pensión humanitaria es una medida realizada para beneficiar a los policías ministeriales y agentes del Ministerio Público que llevan varios años trabajando y que por falta de reglamentación, no se hacen acreedores a una jubilación.

El año pasado, veinte agentes fueron beneficiados por este tema y todos por motivos de edad. Sin embargo, Ríos Treviño, quien cuenta con negocios como Equipo y Mobiliario para Eventos, mejor conocido como Top Event, que dirige junto con sus hijos y ha recibido más de 40 millones en tres años organizando las Fiestas del Sol, les pasó por encima y puso su nombre al frente de la lista.


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Este acuerdo, realizado directamente entre Ríos Treviño y Oficialía Mayor, le aseguraría seguir viviendo del erario por el resto de su vida, pese a que -por cuestiones meramente legales- no lo merece.

Evidentemente, esto ha generado gran molestia al interior de la PGJE, pues muchos agentes enfermos, con dificultades para caminar y hasta invidentes, están haciendo fila para una pensión humanitaria, mientras que Ríos Treviño aseguraría su futuro solo por ser amigo de funcionarios de gobierno.

Ahí le pasamos el dato a la nueva administración morenista… no vaya a ser que les metan un gol.

 

Deudas y más deudas

Pues resulta que el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, no solo quedará debiendo a maestros, a la UABC, ISSSTECALI, burócratas y adeudos a corto y largo plazo, sino que dejará un rezago del pago de proveedores de la administración.

En total, la administración de Vega de Lamadrid dejará pendiente un total de 208 millones 785 mil pesos, que van desde papelerías, consultorías contables, medios de comunicación, agencias de viaje; en fin, prácticamente todos los giros.

No es por decepcionar, pero lo más probable es que de esta administración no cumplan con todos los compromisos que realizaron con las empresas que ofrecieron sus servicios.

A una de esas empresas, de razón social Soluciones y Programas Integrales, SAPI, SA de CV, encargada de hacer el programa “De la Mano Contigo” y cuyo propietario Javier Joaquín López Bárcena fue detenido en Nuevo León por fraude, el gobierno de Vega le adeuda 17 millones 480 mil pesos… y no parece que los vayan a cubrir.

Otra alerta para el próximo gobierno, a cuyos titulares perseguirán los acreedores de “Kiko”.

 

Sonia y Fernando

Tal parece que la baraja para dirigir el área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mexicali que encabezará la alcaldesa Marina del Pilar, tiene dos elementos más: Sonia Sepúlveda y Fernando Ruiz del Castillo.

La primera es ex directiva del periódico La Voz de la Frontera, al cual renunció por cuestiones administrativas, dejando atrás varios años de jubilación; mientras que el segundo es un conocido ex periodista y encargado de comunicación con vínculos cercanos al priismo de Mexicali y al embajador y hoy morenista Fernando Castro Trenti.

Ambos perfiles se unen a una lista de aspirantes que se han acercado por diversas vías a Marina del Pilar Ávila, cuyo gabinete cuenta ya con varios perfiles y solo quedan algunas áreas disponibles, por lo menos en el círculo más cercano.

Esto no ha sido muy bien visto por algunos elementos que trabajaron cerca del equipo de Marina durante la campaña, pues se sienten un poco relegados.

Autor(a)

Eduardo Villa
Eduardo Villa
Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
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