El vicepresidente de la Coparmex en Tijuana, Ignacio Ochoa Alldredge refirió que el Congreso de Baja California no tiene facultades para realizar consultas ciudadanas, toda vez que esa figura no se contempla en la Ley.
“No se vale hacer consultas que estén al margen de la Ley “, consideró el integrante del organismo empresarial, quien resaltó como “grave” que uno de los tres Poderes, en este caso el Congreso, pretenda llevar a cabo ese tipo de ejercicio.
“Los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no esté prohibido en ley y las autoridades solamente pueden hacer aquello que les está permitido en ley”, observó.
Por lo que respecta a la consulta, Ochoa Alldredge aclaró que de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana tampoco pudiera implementarse, toda vez que ninguno de los mecanismos que contempla la disposición la norma constitucional, se presta para consultar a la ciudadanía en temas electorales.
El 22 de agosto, la Cámara local aprobó con mayoría de 17 votos realizar una consulta en aras de determinar si la población bajacaliforniana se inclina por que el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, sea de cinco años y no de dos como quedó establecido con la Reforma de 2014 (alusiva a que la gubernatura en BC a partir de 2019 se extendería sólo hasta 2021 con miras a que ese año se empataran elecciones locales con las intermedias federales).
El vicepresidente de la Coparmex así como el presidente de la Confederación, Roberto Rosas, anunciaron que una vez que el jueves 22 el Congreso aprobó proceder con la consulta ciudadana, interpondrán un recurso en el ánimo de que no se aplique.
A pregunta, expresa Ochoa Alldredge explicó que la Coparmex está en tiempos para impugnar y a partir de ello tratar de echar abajo la implementación de la consulta en vista de que “la Comisión especial que se creó en este Congreso para establecer las reglas de cómo lo va a hacer, apenas está trabajando al respecto”.
Finalmente, informó que “esta semana” el organismo interpondrá el recurso legal contra el Congreso de BC a fin de “que un juez suspenda este acto”, a propósito del cual mencionó que vulnera el estado de derecho.
