En política no existen las casualidades ni las coincidencias, todo es consecuencia. El atropello institucional en el cual incurrieron la mayoría de los integrantes de la XXII Legislatura de Baja California, el pasado lunes 8 de julio, al ampliar el periodo de Gobierno Estatal, de dos años a cinco, obedece al burdo ejercicio de un ensayo político que se practicó a costa de la integridad soberana de los bajacalifornianos, donde los principales actores hoy pretenden ser ajenos al perverso episodio legislativo.
El Decreto No. 112, publicado en octubre de 2014, en su Artículo 8 Transitorio, a la letra establecía: “El gobierno electo en el Proceso Electoral de 2019 iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”. Como el artículo en su texto hace referencia al Proceso Electoral 2019, como precondición de la elección del gobernador, el pretender modificar la duración del periodo gubernamental, como acto posterior a la elección, significa para todo fin práctico, el desconocimiento y nulidad del proceso electoral en sí. La ampliación postelectoral de la duración constitucional de un periodo de gobierno equivale a un autogolpe de Estado, hecho que genera inestabilidad social y política, misma que redunda en ingobernabilidad.
Tres son los actores políticos quienes fraguaron este ejercicio denigrante de la Función Pública: el gobernador en funciones Vega de Lamadrid, el gobernador electo Bonilla Valdez y el Partido Morena, el cual tiene dueño ampliamente conocido. Sin embargo, dada la condena popular, Vega de Lamadrid se da por sorprendido y sentencia que no publicará el decreto modificador. Bonilla Valdez justifica lo hecho como consecuencia del clamor popular derivado del triunfo contundente de Morena. Por su parte, el titular del partido se deslinda argumentando que se trata de un asunto local y que no opinará sobre el particular, pero que de haber sabido, se habría opuesto.
Ninguno de los actores habla con la verdad, pues urdieron un ensayo político que satisfacía los intereses de cada cual, sin medir ninguno de ellos, las consecuencias que tendrá lo logrado por 21 Legisladores sátrapas, en respuesta a la iniciativa presentada por el Diputado de Morena, Víctor Manuel Morán, quien representaba la voluntad de sus superiores y el acomodo convenenciero del Gobernador Vega de Lamadrid, quien a cambio de su impunidad, alineó al Congreso, su Congreso, compuesto de mayoría prianista, para apoyar los anhelos de Bonilla Valdez, quien en campaña ofreció encarcelarlo e incautarle sus bienes. Bonilla, en dos ocasiones anteriores, argumentando menoscabo de sus derechos políticos, intentó la ampliación del periodo de gobierno. En tanto, para el titular de Morena, el ensayo perseguía un propósito muy claro, sentar el precedente de la ampliación, vía reforma constitucional, de un periodo de gobierno como acción posterior al proceso electoral, probablemente alegando clamor popular a mano alzada; con lo que daría cumplimiento a su promesa de no reelección, pero del mismo modo, con ello lograría la permanencia en el poder.
Hoy día se pregona una forma distinta de gobierno, cuando lo actuado encaja perfectamente en el patrón del comportamiento oficial de siempre. Se pueden citar varios episodios de injerencia presidencial en la conducción de los gobiernos locales, como fue la determinación del Presidente Echeverría para que el Congreso del Estado de Sonora, modificara el requisito constitucional de edad para la gubernatura, reduciéndolo a 33 años, con el fin de dar lugar a que su protegido Biebrich pudiese ser electo. Otro caso de ensayo político desafiante lo llevó a cabo Salinas de Gortari, en San Luis Potosí, donde intentó reintroducir la reelección, postulando a Martínez Corbalá, gobernador interino, como candidato a la gubernatura para un periodo consecutivo. En ambos casos, la injerencia presidencial provocó ingobernabilidad. En Sonora, Biebrich fue destituido dos años después; y en San Luis Potosí, el pueblo se dio a las calles y Salinas tuvo que retroceder. Por diferentes que sean actualmente las cosas, los hechos son los mismos y también lo serán las consecuencias.
Se opina que la actuación legislativa raya la ilegalidad, cosa que no es así, pues actuaron dentro de las facultades que poseen para su desempeño. También se acusa que lo aprobado constituye un acto de inconstitucionalidad, lo que de ser así es corregible al cobijo de la justicia federal, pero lo que hay que entender es que el atropello a la voluntad ciudadana, expresada el día 2 de junio, constituye un comportamiento oficial que provoca en la entidad, un estado de ingobernabilidad. El llamado a la solución no radica en la protección de los tribunales, toda vez que la resolución de estos impondrá una gubernatura, sea ésta de dos o cinco años. La respuesta recae sobre el Senado de la República, quien es el facultado para decretar el estado de ingobernabilidad en la entidad, dictaminar la destitución del Gobernador Vega de Lamadrid y gestar la designación de un gobernador interino, mismo que convoque a una elección especial para elegir un gobernador en apego a lo dispuesto por el Artículo 8 Transitorio de la Constitución local, hoy violado.
Sea cual sea la solución que se dé a este ofensivo episodio, la gobernabilidad que se pretendía por virtud de la alternancia en el poder, jamás se logrará. Vega de Lamadrid ya cumplió con su compromiso, por ello su oscura actuación quedará en la impunidad. Bonilla Valdez consiguió lo que perseguía, un mandato a la medida de su interés, misma que de no lograr sostenerse, pedirá licencia y retornará a la comodidad del Senado. El dueño del partido obtuvo colocar en la palestra política la posibilidad de la prolongación del mandato, lo que lograría fácilmente, dada la sobrerrepresentación casi mayoría calificada de Morena en ambas cámaras, sin tener que darse a la tarea de una reforma constitucional para efectos de reelección. En todo caso, el único perdedor es Baja California.
Causa Constitucionalista Mexicana, A.C.
Álvaro Villagrán Ochoa
Tijuana, B.C.
