Según el Índice INDHPOL, Baja California Sur ocupa el lugar número 9, a solo 23 décimas del Estado de México, el peor calificado. El 80% de los internos ha denunciado violaciones a sus derechos humanos y el 60% teme contagiarse de alguna enfermedad
Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como el Observatorio de Prisiones, analizan las condiciones en que vive la comunidad penitenciaria del país, a través del INDHPOL, índice que comprende diversos factores que padecen los reclusos, como corrupción, tortura, maltrato, ingobernabilidad, hacinamiento, violaciones a derechos humanos, falta de presupuesto y personal.
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La CNDH llevó a cabo el estudio de los centros penitenciarios del país en abril, analizando los datos con un Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, calificando a los penales de Baja California Sur en el penúltimo lugar, apenas por encima de Tamaulipas. La entidad bajó de 6.61 puntos del 2011, a 4.95 en 2018, lo que evidencia que las condiciones de los Centro de Reinserción Social (CERESO) en el respeto a los Derechos Humanos ha ido en detrimento de la población penitenciaria.
Precisamente el CERESO peor calificado fue el de Santa Rosalía en Mulegé, con 4.22; seguido del de Ciudad Constitución (4.27), La Paz (5.53), y por último, el mejor calificado es el de mediana seguridad de San José del Cabo, en Los Cabos.
En el análisis de cada uno de los centros penitenciarios del país llevado a cabo por el Observatorio Penitenciario por estado a Baja California Sur no le fue nada bien. El Índice INDHPOL en cuanto a Situación Global, colocó a la entidad en el lugar número 9, con 0.40, a solo 23 décimas del peor calificado: Estado de México.
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Familiares denunciaron que detrás de los barrotes, a sus internos les hacen la vida de cuadritos, los limitan con agua, alimentación, visitas y hasta violaciones a sus derechos humanos
En lo que refiere a la corrupción dentro de los penales de BCS, la constante fue el pago a servidores públicos por favores, uso de telefonía celular, visitas conyugales, tráfico de objetos y demás; en este rubro de corrupción, también es noveno lugar.
En tortura y malos tratos, los índices se dispararon, quedando en tercer lugar nacional.
“En el Centro nuestros familiares aseguran que si no se hace lo que ellos quieren (custodios), hay penalizaciones, menos tiempo de deportes, visitas, tienda, uso de teléfonos; te restringen mucho y en ocasiones a algunos les va muy mal en cuanto a violencia”, externó Juan Manuel López, padre de una interna.
Hay extorsiones tanto a familiares como a internos por parte de presos con mayor tiempo, quienes controlan el penal, algunos han tomado actitudes abusivas contra la población.
“Cuando estábamos dentro era mejor ni meterse, porque te hacen la vida difícil como parte de gobierno, para ellos eres como peste; es mejor llevar una relación sana con ellos y de vez en cuando brindarles algunos apoyos, así ellos no se meten con uno”, refirió un elemento de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, antes custodio del penal de La Paz.
Aunado a las malas condiciones como carencias en drenaje, luz eléctrica, agua, cama propia y alimentación, gran parte de la población encuestada refirió tener fuga de aguas negras en sus celdas, plagas y malos olores; en la encuesta, el 60% de los internos respondió que teme contraer una enfermedad dentro de su celda.
En tanto, las denuncias por violaciones a sus derechos humanos alcanzan el 80% de los internos por lo menos durante 2019, la denuncia principal ha sido la falta de comida o en malas condiciones, incluso quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por esa circunstancia.
En cuanto a hostigamiento sexual, manoseo, exhibición o intentos de violación, BCS ocupa el tercer sitio, y preocupa que estas prácticas que aparecen en películas, sean una realidad en los centros penitenciarios de Sudcalifornia.
PREOCUPA VIOLENCIA CONTRA INTERNOS
Habitantes de La Paz, Los Cabos y Santa Rosalía en Mulegé, llegaron hasta las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y del Tribunal Superior de Justicia del Estado para solicitar la intervención de sus titulares, magistrados y autoridades, ya que se han documentado hechos delictivos contra sus internos.
Internos confirmaron que son víctimas de la ingobernabilidad dentro de los penales del estado, sobre todo en Ciudad Constitución, San José del Cabo y Santa Rosalía, donde la delincuencia es imparable.
“En los estudios médicos que se les hacen, han llegado golpeados, como Jorge Emilio García Amador, ese muchacho ya va a cumplir su sentencia, llegó, no se reconocía de lo golpeada que traía su cara, torturado. ¿Para qué?, si finalmente van a salir absueltos de ese delito”, lanzó Gemima Hernández Avalos, quien representa a la agrupación Solo Por Ayudar.
Desde Guerrero Negro y Santa Rosalía, llegaron familias en busca de justicia, pues en muchos de los casos sus internos son golpeados constantemente por no recibir protección o por encargo, debido a que sus carpetas traen irregularidades y con la violencia dentro del penal, de cierta manera malos elementos de seguridad los obligan a aceptar culpas y así cesar la violencia en su contra.
“Hay mucha gente, muchos casos como el de Jorge Emilio, que son inocentes y entran todos golpeados, para que digan todo lo contrario, yo tengo evidencia, videos de personas del CERESO que han dicho ‘a mí me golpeó’ y señalan a quién, pero hasta ahorita no hay respuesta para ellos”, lamentó la representante de la asociación civil.
Jorge Emilio García Amador fue privado de la libertad por el delito de robo, en noviembre el 2019 sale en libertad después de cinco años preso. Dentro del CERESO ha tenido altas y bajas, su estadía la ha pasado junto con 33 reos que están retenidos en prevención en Santa Rosalía; la autoridad no ha ejercido la absolutoria.
“Lo privan de su libertad, lo torturan, nunca aceptó y lo siguieron golpeando dentro, hasta que aceptan para seguir tranquilos. En una ocasión yo estaba dentro del CERESO y cuando llega bañado en sangre nadie lo reconocía, hay registros de que ha llegado golpeado, tiene su expediente J121/2018”, añadió la luchadora social.
La violencia contra los internos es sinónimo de ingobernabilidad, pues además de la participación de los custodios, los propios internos -grupos al interior- someten al resto de la población al cobro de piso a cambio de protección.
Las injusticias han sido manifestadas a los familiares, quienes han recurrido a ayuda para erradicar la violencia dentro, principalmente buscando la absolución de condenas irregulares y procesos viciados.
“Hace un par de meses, con el señor Presidente República en Los Cabos, le presentamos todas las carpetas y las pruebas de estas personas inocentes, y él se las otorgó al representante de él aquí, Víctor Castro Cosío, que vamos a seguir buscando para que nos dé una respuesta de lo que está pasando, porque gente está sufriendo: madres, padres, hijos, porque se emiten sentencias injustas, ocupamos que las autoridades pongan atención a la zona norte”, manifestó Gemima Hernández Avalos.
“Hace falta bastante atención, que hagan algo en la zona norte, estamos en una crisis muy fuerte, vamos a tratar de que el señor procurador nos siga escuchando”, expusieron familiares de internos en diferentes penales del Estado.
INJUSTICIAS JUDICIALIZADAS
Familiares de imputados acudieron el miércoles 7 de agosto a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la PGJE poco antes del mediodía, para pedir que haya intervención de las autoridades en la revisión de sentencias giradas en contra de internos, algunos ya dentro del penal purgando condenas por delitos inventados, otros con libertad condicional porque el delito no ha podido ser acreditado.
Internos se quejaron por el hacinamiento en que viven, las condiciones de higiene de sus celdas, áreas de salud y demás, están en pésimas condiciones.
“A un joven le impidieron ver a su hija de 4 años y afectaron su imagen frente a la gente, porque ahora todos lo ven como un violador, cosa que todos sabemos es falso, eso lo inventó su ex esposa, que además padece esquizofrenia, para evitar que su ex marido le quitara la niña por violencia que ejercía contra la pequeña”, afirmó Gemima Hernández.
Sus familiares denunciaron que al joven se le sentenció injustamente, sin pruebas y solo para cerrar carpetas, una vieja práctica en algunas corporaciones, simplemente para meter trabajo y justificar acciones.
“Podríamos decir que traemos más de treinta casos, pero en estos últimos, que son unos 14, estamos muy contrastados como personas inocentes de los que están aquí presentes, hay muchos más que están ahorita presos y se emiten juicios sin ningún fundamento en los juzgados del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Guerrero Negro y Santa Rosalía”, mencionó la presidenta de la asociación civil Solo por Ayudar.
Hace cinco años, la hija de Juan Manuel fue sentenciada por el delito de homicidio, él dice que en el penal de La Paz está viviendo sus peores momentos, tiene un grave problema en el tímpano y a la fecha requiere atención. Además de estar pagando supuestamente una pena siendo inocente, no está recibiendo la atención médica necesaria.
“Injustamente fue sentenciada, está sufriendo ella la enfermedad que tiene en el oído y no la han sacado con un especialista, no hay medicamentos con lo que puedan controlarlo, diario tiene que tomar medicamento para dormir”, comentó su padre.
Otro de los familiares reiteró que la sentenciada no estaba en el lugar de los hechos, incluso hay evidencia que apunta a que se encontraba en otro lugar al momento del incidente, pero hay una constante: las pruebas no fueron aceptadas por el juez, lo que ocurre en la gran mayoría de casos que vienen denunciando.
“Adriana López Flores está recluida en el CERESO desde hace cinco años, es inocente, en realidad no le encontraron prueba alguna de que haya estado en el lugar de los hechos, ella tiene pruebas incluso de dónde estuvo en ese momento, pero tampoco las tomaron en cuenta en el Juzgado”, expresó de manera anónima una de las acompañantes de la familia.
Angelina Saavedra, madre de un joven acusado de violación por una joven de 15 años, asegura que no hay prueba, ya que esta y su hijo mantenían una relación de noviazgo que duró meses, sosteniendo encuentros amorosos en varias ocasiones. La menor ya había tenido otra pareja sentimental, pero su padrastro la obligó a declarar en contra del ahora recluso.
“Nunca se obligó a esa muchachita a ser forzada, ella estuvo de acuerdo y lo están manejando como una violación, el caso es que se le hicieron estudios y hasta ahorita no se han presentado, ese estudio donde ya salió que no es él, que no hubo abuso”, denunció Saavedra.
Por su parte, Gemima Hernández afirmó que son muchas carpetas de investigación con irregularidades, la mayoría de las comunidades de Guerrero Negro y Santa Rosalía, en Mulegé, pero hay en todos los municipios. Por si fuera poco, las autoridades hacen oídos sordos y cada vez más hay más personas imputadas por delitos que no cometieron.
“Aquí aparece el número de expedientes de esos casos de que se les juzga sin ninguna prueba, pasan a apelación y entramos a esta parte, a estar en esta relación; no digo que todos los magistrados, pero sí algunos de ellos, entre ellos sus proyectistas, emiten sentencia o confirman tales sentencias sin ser revisados”, finalizó la activista.
Familiares esperan que las autoridades revisen los casos de los internos para hacerles justicia y evitar encarcelar a inocentes.
LAS FALLAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO SUDCALIFORNIANO
Según el diagnóstico realizado por la CNDH en los cuatro penales de Baja California Sur, existen serias deficiencias que deben ser solventadas a la brevedad, por el bien de la comunidad penitenciaria.
En el CERESO La Paz, las recomendaciones se hicieron principalmente por la necesidad de servicios de salud de calidad, no hay atención necesaria en derechos humanos o no es la idónea para quienes están aislados; aunado a que la higiene general del penal deja mucho que desear, y qué decir de las celdas.
El año pasado familiares se manifestaron por el cobro de cuotas al interior del Centro y por mala alimentación, lo cual fue considerado por la CNDH; el personal de custodia no es el suficiente para atender a la población recluida, además de actos ilícitos, venta de droga, tráfico de armas y equipos de comunicación, incluidos abusos sexuales.
Entre otras recomendaciones, destaca la falta de separación de internos procesados y sentenciados.
En el Penal de Ciudad Constitución en Comondú, de entrada está sobrepoblado con 26 internos por encima del soporte, hacinamiento, servicios de salud deficientes, falta supervisión, hay constantes violaciones a los derechos humanos y carecen de higiene en la mayoría de las áreas.
De acuerdo a datos proporcionados por la asociación civil Solo por Ayudar, en dicho penal existe ingobernabilidad, la única autoridad es la de los propios grupos de internos, quienes ejercen actividades ilícitas incontenibles y cobros por protección, sobornos y extorsión.
No hay atención que promueva la reinserción social, actividades educativas, deportivas, laborales o de capacitación.
En San José del Cabo, un penal de mediana seguridad, el área de salud sigue siendo el dolor de cabeza para los internos, insuficiencia en programas de prevenciones y atención de incidentes violentos, no hay prevención de violaciones de derechos humanos y de atención en caso de detectarlos; las riñas entre internos por lo regular se dejan desarrollar para evitar motines.
Además del deficiente control de seguridad para el ingreso de objetos ajenos al penal, pésimas condiciones de higiene, falta atención en salubridad, alimentación, actividades ilícitas como tráfico de drogas y armas, así como el cobro por protección, soborno y extorsión por grupos que manejan el CERESO.
En Santa Rosalía, en Mulegé, el peor calificado, el penal está sobrepoblado con un 42.85% por encima de su capacidad, no cuenta con programa de atención a internas, solo hay una mujer y esta es tratada como la población masculina.
La sobrepoblación ha llevado a que en el CERESO se compartan camas, las instalaciones están rebasadas, hay malas condiciones de higiene en cada rincón, mala alimentación, ingobernabilidad, prácticas abusivas, venta de droga y tráfico de armas; personal penitenciario sin capacitación e insuficiente, nadie sanciona a los reos que abusan del reglamento.
De igual manera, hay una inadecuada clasificación de personas privadas de la libertad, no hay separación de procesados y sentenciados, ni actividades deportivas, laborales, de capacitación, educativas, de reinserción social o programas de desintoxicación.
La solución es trabajar de manera constante al interior de los penales de BCS para garantizar una verdadera reinserción social y no sean capacitadores de delincuentes, ya que gran parte de los liberados vuelve a delinquir.
