El jurídico Tomás Burns y el alcalde
Marco Novela aseguran haber ganado
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una controversia constitucional sobre
el añejo conflicto territorial entre los
dos municipios. El Comité Pro
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Municipio de Playas de Rosarito,
mediante sus integrantes, dio a conocer
que la resolución que dio la SCJN no
beneficia al puerto
Diputados, empresarios e integrantes del Grupos Interdisciplinario por la Defensa del Territorio (GIT) por Ensenada, contradijeron las declaraciones hechas por el Jurídico del Ayuntamiento Tomas Burns y el alcalde Marco Novelo Osuna.
Ambos aseguraron haber ganado la controversia Constitucional 82/2016, relacionada con el conflicto territorial entre Ensenada y Playas de Rosarito, donde está en juego el poblado de Santa Anita, delegación de La Misión.
En un comunicado de prensa los dos resaltaron que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, el 26 de junio, dar razón a Ensenada en un problema que tiene casi una década.
De inmediato hubo reacciones del sector político y empresarial que salieron a desmentir.
La diputada reelecta Claudia Agatón Muñíz negó que el fallo haya sido favorable para Ensenada, sino que, aclaró, se trata de una sentencia que esperaban por parte de la Suprema Corte.
Explicó que es un trabajo que no resolverá la presente legislatura, sino que dejarán el camino a la siguiente para emitir la ley a partir de agosto, pero que iniciarán con el proceso de recabar información existente de ambos municipios.
Insistió en que no se trata de una batalla ganada sino solo un paso para resolver el conflicto.
El abogado y coordinador del GIT en Ensenada, Alfonso García Quiñones, también integrante del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), lamentó las declaraciones del Jurídico y del alcalde. “Desafortunadamente no es verdad”.
La sentencia que resolvió la Controversia Constitucional No. 158/2016 que interpuso en noviembre de 2016 el XXI Ayuntamiento presidido por el maestro Gilberto Hirata, no dice que la porción de territorio de 168 Km2 en disputa le pertenece al municipio de Ensenada.
El fallo indica que se violaron leyes de procedimiento y la SCJN declaró que es inválido el decreto emitido por la XXI Legislatura del Congreso del Estado el 27 de septiembre de 2016.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Los integrantes del Comité Pro Municipio de Rosarito ofrecieron rueda de prensa sobre el tema.
La sentencia
El ministro Javier Laynez Potisek y particular por el ministro Luis María Aguilar Morales, definieron que el Congreso del Estado debe expedir el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California.
Que en un plazo inmediato a partir de que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Baja California elabore y proporcione al Poder Legislativo el deslinde y descripción de los perímetros divisorios correspondientes.
Que para garantizar el desarrollo de los trabajos técnicos, el Poder Legislativo deberá proveer al Poder Ejecutivo Estatal de los recursos económicos para tales efectos, autorizando las ampliaciones o transferencias a que hubiere lugar en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis y, en su caso, en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete.
Durante la sesión del 26 de junio, el Ministro Medina Mora modificó su proyecto para reconocer la legitimación, tanto del Presidente Municipal como del Síndico Procurador.
Comité Pro Municipio de Rosarito aclara que resolución de SCJN no beneficia a Ensenada en límites territoriales
El Comité Pro Municipio de Playas de Rosarito, mediante sus integrantes, dio a conocer que la resolución que manifestó la SCJN no beneficia a Ensenada, en referencia a la controversia de límites territoriales que se tenía entre ambos municipios.
José Luis Ibarra Arenas, representante jurídico del comité, reiteró en una rueda de prensa llevada a cabo el pasado miércoles 3 de julio, que la corte dejó sin efecto el decreto 684 que aprobó el Congreso del Estado de Baja California el 28 de septiembre de 2016, que ratifica los límites existentes de Playas de Rosarito.
Sin embargo, resaltó que no surtió el mismo efecto el dictamen 137, como lo había propuesto el municipio de Ensenada para que quedara invalidado por lo tanto, jurídica y administrativamente, Playas de Rosarito sigue conservando su territorio como se estipula desde el decreto de 1995 y como se ratificó en el decreto 166 de 1995, cuando se convirtió en municipio.
Con ello, dijo, no se le está dando la razón a Ensenada como en su momento se dijo, razón por la cual todavía no se notifica a ninguna de las partes como es el Congreso, el Estado y los dos municipios.
Detalló que, contrario a ello, esto trae a colación la exigencia de la propia Suprema Corte al Congreso del Estado para que cumplan con elaborar y publicar el estatuto jurídico territorial de los cinco municipios, también llamada Ley de Límites Territoriales, que desde hace 18 años no se realiza y el cual debe estar terminado en este mes de julio.
Estatuto que “cuando se publique le dará punto final a toda esta controversia en la que no hay ninguna afectación en los límites (para Rosarito)”, reafirmó.
Los representantes de este comité, entre ellos Hugo Torres Chabert, presidente de la Comisión de Límites Territoriales, también lamentó que el Ayuntamiento se mantenga tan pasivo en esta situación, debido a que Ensenada está teniendo injerencia indebida en territorio rosaritense, principalmente en la zona de Santa Anita, donde los más de tres mil 500 habitantes viven en la incertidumbre, pagando predial y permisos de alcoholes al municipio ensenadense.
“Debería estar aclarando esta situación a través de su Jurídico, presidente municipal y síndico municipal, pero como no lo hacen, por eso tomamos la iniciativa”, dijo.
