La mañana de este viernes 05 de julio se reportó al 911 que en los Juzgados Civiles de Tijuana había sido dejado un maletín con una aparato explosivo, por lo que se solicitó el apoyo a las autoridades, quienes arribaron al lugar a las 9:30 de la mañana para evacuar el inmueble y se retiraron una hora después, confirmando que sólo había sido una falsa alarma, similar a la ocurrida una semana antes en el mismo lugar.
El director de Protección Civil, Uriel Manzanares, informó que esta es la segunda amenaza que se da en el año, mientras que en 2018 ocurrieron tres reportes por una situación similar. Detalló que al llegar al inmueble ya se estaba dando la evacuación, por lo que apoyaron en agilizar la salida de las 450 personas que se encontraban dentro, para dar paso a la entrada de los agentes caninos del K9, con quienes la policía municipal buscó algún indicio de explosivos, sin que se detectara algún artefacto que pudiera causar explosión.
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“En 2018 tuvimos tres amenazas en todo el año, a finales del segundo semestre del año; este año llevamos dos, a veces varían, al iniciar los trabajos a las 9:00 de la mañana y en otra ocasiones a las 3:00 de la tarde, cuando están por finalizar sus actividades”, indicó el director de Protección Civil en Tijuana, agregando que, hasta el momento el Juzgado Civil no cuenta con el programa interno para actuar en situaciones de este tipo, haciéndoles la invitación a las autoridades del Juzgado para que trabajen sobre el tema con apoyo de la dirección de Protección Civil.
Por su parte, el presidente del colegio de abogados Emilio Barraza, Jorge Escárcega, denunció que este tipo de amenazas lo único que están ocasionando es un retraso a las audiencias y afectación a los interesados, ya que podría haber repercusiones económicas millonarias, debido a que, en los casos donde hay multas por intereses, estos seguirán aumentando, explicando que algunas audiencias tendrían que esperar en volver a darse hasta por tres meses.
Instó a las autoridades del Juzgado Civil para que refuercen los mecanismos de seguridad y el sondeo con cámaras de vigilancia para que se pueda detectar a los responsables, y por otra parte a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ya que no ha resuelto los otros cuatro casos previos de amenaza que se han reportado en el mismo lugar, también, mencionó que es importante dar con quienes son los responsables de este tipo de llamadas reportando amenazas y aplicarles las sanciones estipuladas en el artículo 320 bis del código penal, en el que se indica que el responsable podría ser encarcelado con una sentencia de entre tres meses y tres años.
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