El gobernador electo Jaime Bonilla Valdez nunca estuvo de acuerdo con el nombramiento de Rodulfo Figueroa como encargado de la oficina del Instituto Nacional de Migración en Baja California. Hasta donde pudo, intentó sacarlo de la estructura federal que tiene fuero en la Secretaría de Gobernación. A pesar de la experiencia de Figueroa en el manejo del tema migratorio, Bonilla no lo quería cerca. En parte la corajina tenía que ver con el hecho que, siendo súper delegado y habiendo vetado a Rodulfo Figueroa, a éste lo metió a la nómina federal el subsecretario Alejandro Encinas, y prácticamente se lo impusieron al hoy gobernador electo. Por eso no descansó hasta que, ya siendo el próximo gobernador del Estado y aprovechando un tema de discordancia entre la política pública del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el pensamiento de Figueroa, a éste le solicitaron la renuncia. El tema en discordia: la construcción, administración, manejo y operación de albergues por parte del Gobierno Federal. Rodulfo es de los que piensan que el gobierno no debe entretener recurso y tiempo en construir albergues, sino ser enlace para encaminar a los migrantes a una vida productiva o a su lugar de origen, así como apoyar a los albergues de la sociedad civil -que de hecho han realizado la labor humanitaria-. Pero nada, a la fecha y desde el próximo Gobierno del Estado y el Federal, ya se revisan contratos para ver a quien le dan la concesión de la construcción de los albergues del Estado mexicano. Uff.
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