La proliferación sin control de vendedores ambulantes, la desaparición de más de 4 mil 500 actas de inspección y el retorno de por lo menos dos inspectores dados de baja en 2018, dan cuenta de la irregular forma de operar de la Dirección de Inspección y Verificación, instancia bajo el mando de la Secretaría de Gobierno, la cual “no debiera tener ese poder político, porque se presta a corrupción y tráfico de influencias”, aseveró la regidora Ivette Casillas, quien demandó una auditoría externa a la dependencia encargada de regular el comercio formal e informal
Venta de permisos temporales -no establecidos en reglamento- desde 100 pesos diarios hasta 40 mil pesos al mes por venta en la vía pública, son parte de las extorsiones señaladas directamente a las autoridades municipales, incluyendo a los dos alcaldes del XXII Ayuntamiento de Tijuana: Juan Manuel Gastélum Buenrostro y Eduardo Alejandro Terreros Martínez.
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De esas acusaciones, la autoridad municipal ha procedido a remover del cargo a tres titulares de la Dirección de Inspección y Verificación -mejor conocida como Reglamentos-.
En 2018, a 28 verificadores se les dio de baja por señalamientos de extorsión a propietarios de establecimientos formales, pero fueron simplemente despedidos, sin que se abriera una carpeta de investigación sobre su anómalo actuar como servidores públicos, “porque los comerciantes se niegan a formalizar sus denuncias ante Sindicatura”, fue el argumento.
Pero las irregularidades las han hecho del conocimiento a los directores de Inspección y Verificación en turno y a los alcaldes en funciones, “quienes no han hecho nada por frenar los actos de corrupción”, expuso a ZETA Guillermo Díaz, presidente de Comerciantes de la Zona Centro, una de las áreas más invadidas por vendedores informales.
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La consecuencia del actuar permisivo del gobierno municipal ha generado como consecuencia que por lo menos dos de los inspectores despedidos retornen a laborar en el mismo cargo.
También ha incentivado la venta irregular en la vía pública, al aumentar durante el actual periodo de gobierno “al menos un 10 por ciento”, estimó Casillas Rivera, lo que en números significa que un promedio de 30 mil comerciantes operan en todas las modalidades del comercio informal sin contar con licencia para ello.
Foto: Isabel Mercado .- Ivette Casillas, 30 mil ambulantes operan sin licencia oficial
Si bien oficialmente la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro no ha liberado ni un solo permiso para el comercio informal, su creciente presencia “todos la vemos y sienta un precedente de que aquí hay corrupción”, anotó la regidora Ivette Casillas Rivera, presidenta de la Comisión de Turismo, Comercio y Ciudades Hermanas, para quien una solución a ese problema sería retirar la dirección del mando de la Secretaría de Gobierno.
DESAPARECEN ACTAS DE INSPECCIÓN Y REPORTE ANTE SINDICATURA
Al recibir la Dirección de Inspección y Verificación Municipal de manos de Luis Antonio Carreiro Galaviz, José Vicente Jiménez Oceguera señaló en el acta de entrega-recepción remitida el 23 de marzo de 2018 -bajo el número de oficio DIV/205/2018- a la síndico procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde, un faltante de 2 mil 529 actas de inspección de comercio ambulante y de 2 mil 028 actas de inspección para comercio establecido.
En el documento oficial se asentó que durante el periodo en que Carreiro fungió como director de esa dependencia, del primero de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2018, “se imprimieron y utilizaron un total mínimo de 11 mil 421 Actas de Inspección” de comercio ambulante, de las cuales “no fue posible localizar un total de 2 mil 529”.
En el mismo periodo se imprimieron un total mínimo de 3 mil 933 actas de inspección, de las que no se pudieron localizar físicamente 2 mil 028.
“Desconociendo las causas o motivos que provocaron la inexistencia física del elevado número de actas inexistentes”, Jiménez Oceguera hizo del conocimiento de la Sindicatura Procuradora “la irregularidad detectada, para todos los efectos legales a que haya lugar”.
Al respecto, la Sindicatura Procuradora indicó no tener conocimiento de ese tema e informó que al revisarse en las diferentes direcciones de la fiscalía municipal, sí se localizó el oficio DIV/205/2018, encontrándose que “no corresponde a ese tema, es una investigación de otra cosa”.
El ex director de Inspección y Verificación, José Vicente Jiménez, sostuvo que tal irregularidad sí se turnó a la síndico Ana Marcela Guzmán, aunque durante los once meses que estuvo al frente de la dependencia, no fue informado del seguimiento de ese caso.
Al levantarse una acta administrativa en contra de cualquier establecimiento, formal o informal, el comerciante está obligado al pago de una multa, que al no ser cubierta en el plazo establecido en el documento, la Dirección de Inspección y Verificación debe turnar a Tesorería Municipal para su reclamo forzoso.
EL RETORNO DE INSPECTORES DADOS DE BAJA
En su tiempo, propietarios de comercio formal como talleres, abarrotes y restaurantes chinos y bares, principalmente, señalaron a Antonio Carreiro de aplicar multas elevadas, para luego “negociarlas” por pagos menores, situación que explicaría la desaparición de actas.
Esa fue las razones que en su momento expuso Vicente Jiménez para retirar a 28 inspectores, a los que solo les pidió la renuncia, sin turnar los casos a Sindicatura Procuradora, aunque a la Secretaría de Gobierno, instancia de la cual depende Inspección y Verificación, sí tuvo conocimiento.
No obstante, en 2019 se permitió el retorno a esa Dirección de Víctor Adderly Antuna González y Erick Pacheco, quienes habían sido dados de baja.
También Martín Quezada, un inspector que por la misma causa se retiró de la Dirección en 2018, pero al que no se le dio de baja porque se le canalizó a otra área de la administración, retornó este año como inspector de Reglamentos.
Respecto al retorno de Antuna y Pacheco, la Sindicatura Procuradora reportó que “nunca han sido inhabilitados, en su récord solo tienen una amonestación pública” a causa de la no declaración patrimonial.
REGLAMENTOS ES LA CUEVA DE ALÍ BABÁ: GUILLERMO DÍAZ
Esas extorsiones, así como la proliferación de la venta del comercio formal, se hicieron del conocimiento al alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, a quién también se le señaló la expedición “de permisos temporales al comercio ambulante”, expuso Guillermo Díaz, presidente de la Asociación de Comerciantes de Zona Centro.
Foto: Jorge Dueñes.- Con “licencias temporales” hacen proliferar venta en vía pública.
Precisó que en 2018, “en un evento que ‘El Patas’ encabezó en Calle Segunda y Miguel F. Martínez para anunciar que quitaría todos los postes, lo cual no ha cumplido, le cuestioné en qué reglamento están los permisos temporales que su gobierno libera hasta el término de la administración, se dio la media vuelta para no responder, ‘El Patas’ sabe todo esto”, acusó.
Díaz expuso que en los últimos dos años, el ambulantaje en Zona Centro ha registrado un crecimiento exponencial, hecho que ha sido señalado a los tres primeros titulares que ha tenido la Dirección de Inspección y Verificación, sin que alguno haya tomado cartas en el asunto.
Después de la salida de Antonio Carreiro, la situación se frenó un poco, pero al arribo de Gilberto Machado Regalado, quien asumió el cargo el 19 de diciembre de 2018, volvió a repuntar.
“Ante el reclamo de los propietarios de los negocios establecidos, los vendedores argumentaban que pagaban hasta 40 mil pesos por cada permiso, hecho que los comerciantes estábamos dispuestos a presentar queja formal para que se investigara a los inspectores, pero al exponerlo directamente a Machado, este nos dijo que ‘todos tenían permisos desde hacía veinte años’”.
Guillermo Díaz retó a Machado a que fueran juntos a corroborar los permisos con que los comerciantes se plantaban en el Centro Histórico, “nunca vino”, indicó.
Otra irregularidad denunciada este año ante la autoridad fue cuando “un policía quiso retirar a un vendedor de utensilios de celular que se ubicó en Calle Segunda, esquina con Constitución, entonces llegó un inspector de Reglamentos y dijo que no tenía por qué irse, ya que su permiso estaba en trámite”.
Estas acusaciones se hicieron del conocimiento del alcalde suplente Alejandro Terreros y, el 18 de junio, se removió de su cargo a Gilberto Machado Regalado, quien fue reemplazado por Leonel García Aceves.
Díaz concluyó que estas prácticas son difíciles de erradicar, ya que “Reglamentos es la cueva de Alí Babá, y el alcalde lo sabe”.
SECRETARÍA DE GOBIERNO NO DEBE TENER ESE PODER POLÍTICO
Una mujer que vende verdura en Calle Primera y Niños Héroes, compartió contar “con un permiso garantizado hasta que concluya la administración”, el cual obtuvo en 2018, aun cuando Leopoldo Guerrero Díaz, aseguró que durante el XXII Ayuntamiento “no se ha liberado ni un solo permiso para venta en la vía pública”.
Su caso no es único, en “toda la Zona Centro, Línea Internacional, Playas de Tijuana, Soler, La Mesa, ‘5 y 10’ y Bulevar Cucapah, se ha señalado mayor presencia del comercio ambulante”, indicó la regidora Ivette Casillas.
Tanto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como las cámaras nacionales de la Industria de Transformación (Canacintra) y de Comercio (Canaco), han reportado la proliferación de ambulantes, la mayoría sin permiso, “en zonas en las que no se tenía presencia, pareciera que el gobierno no lo ve, pero yo lo señalo”.
Ante ello, “se pone la queja, pero tardamos más en quitarlo que el vendedor regresar, tiene que haber sanciones más severas en contra de los reincidentes”, argumentó Casillas.
Si bien, “el crecimiento que tiene la ciudad rebasa la capacidad que tiene la Dirección con el número de inspectores –un promedio de cien-, no por eso debe dejar de hacer un esfuerzo y estar muy firme de que hay otras opciones para los ciudadanos que la venta en la vía pública”.
De igual forma, refirió que se ha detectado que un mismo vendedor opera hasta diez permisos, los cuales rentan, situación que se ha hecho del conocimiento de los encargados de regular ese tipo de comercio. “Lo saben, pero no se ha hecho nada, porque son compromisos económicos, electorales, políticos, de muchos años”.
— ¿Qué habría que hacer para poner orden?
“Yo no dejaría en manos de Secretaría de Gobierno la Dirección de Regulación, incluso la pasaría a Sedeti (Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana) o a (la Dirección de) Administración Urbana, porque tiene que ver con muchos temas de ordenamiento”, declaró la diputada, quien consideró necesario cambiar el reglamento para regular las actividades que realizan los comerciantes ambulantes, de puestos fijos y semifijos, y los de mercados sobre ruedas de Tijuana, como lo propuso hace un año, pero se mantiene “en la congeladora de la Comisión de Gobernación que preside el regidor Arnulfo Guerrero”, acusa.
“La mala regulación nos permite cosas malas”, añadió al exponer que los propios puesteros les han dicho que los inspectores piden una cuota para dejarlos estar en zonas prohibidas. “Espero que el nuevo director, Sergio García, tenga el conocimiento del reglamento y del ordenamiento que tiene que tener con los inspectores. Al final él está bajo el mando de la Secretaría de Gobierno y el secretario de Gobierno obviamente le tiene que marcar una línea, que yo espero sea del ordenamiento”.
No obstante insistió: “Yo propondría que ya no esté bajo el mando de la Secretaría de Gobierno, porque si no, se presta a corrupción, tráfico de influencias, a presión, como una estrategia política y no debe ser así, porque el orden de la ciudad no debe ser electoral ni político; debe ser de servicio”.
Para finalizar, propuso que sea un ente externo y no la Sindicatura Procuradora, “tiene mucho trabajo quien audite la operación de la Dirección de Inspección y Verificación”.
