A punto de iniciar la instalación del nuevo programa de parquímetros, el regidor Manuel Rodríguez Monárrez convocó a la población de Tijuana a sumarse a la promoción de un amparo colectivo en contra de la concesión a 15 años otorgada a la empresa Copemsa, para el reemplazo y operación de los estacionómetros.
A través de las redes sociales, este miércoles 3 de julio el edil morenista comenzó a promover la implementación del amparo contra lo que calificó un “ilegal acto de autoridad”.
La convocatoria la lanzó a un día que de que el Cabildo de Tijuana aprobara el facultar a un particular el retiro de los inmovilizadores que se estarán colocando una vez que entre en operación los nuevos estacionómetros, lo cual se prevé sea “en dos semanas”, es decir, durante la última semana de julio, estimó el Secretario de Movilidad, Daniel Rivera Basurto.
Rivera Basurto informó que la colocación de los nuevos parquímetros dará inicio el próximo lunes 8 de julio, una vez en operación los 104 artefactos que conforman la primera fase, los cuales controlarán los 2 mil 500 espacios de estacionamiento público en donde actualmente se tienen estacionómetros, durante dos semanas se realizarán pruebas, periodo en el que no se cobrará a los usuarios “y se difundirán las formas de pago y beneficios del mismo”.
Terminando el periodo de prueba, se comenzará a hacer efectivo el cobro de 12 pesos por hora, mismo costo que se aplica en el actual sistema.
De inicio Copemsa reemplazará por aparatos de tarjeta los parquímetros de moneda que operan en Zona Centro y Zona Río de Tijuana, pero en las siguientes fases ampliará su instalación en la Zona Industrial de Otay, 5 y 10, y Playas de Tijuana, entre otras zonas de uso comercial e industrial en la ciudad.
De acuerdo a lo aprobado por Cabildo en la última sesión extraordinaria, además de la instalación y operación de los estacionómetros, Copemsa también podrá retirar los inmovilizadores que se estarán colocando en los vehículos cuyos propietarios no paguen el espacio público controlado por parquímetros.
De acuerdo al Rodríguez Monárez, tanto la concesión a 15 años, como el otorgar a Copemsa la atribución de retirar los inmovilizadores “es un acto al margen de la Ley”.
Haciendo referencia al artículo 17 de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja, Rodríguez anotó que la citada ordenanza establece que “con excepción de los servicios relativos a seguridad pública y tránsito”, los Ayuntamientos podrán concesionar bienes o la prestación de los servicios públicos a su cargo, a personas físicas o morales, luego de adoptar un acuerdo en el cual declare imposibilidad de prestar directamente el servicio a concesionar, expuso.
“La ley para nuestro municipio es muy clara los servicios de seguridad pública y tránsito no se pueden concesionar por Ley, y dos, ¿cómo va a estar imposibilitada una unidad administrativa que tiene utilidades anuales superiores a los 6 millones de pesos?”, cuestionó.
