Con todo y las manifestaciones de rechazo por extender el mandato del gobernador electo de BC, la reforma se mantiene en pie y está próxima a promulgarse en carácter de norma. En los próximos días, Francisco Vega debería de publicarla y, con ello, podrá ser materia de impugnación. Los primeros intentos para echar abajo la Ley Bonilla, fracasaron. Los diputados ya cumplieron con Bonilla, ahora será el turno de la Corte
Las dos controversias interpuestas a raíz de la reforma que se aprobó para extender el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, fueron desechadas “por notoria improcedencia” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el argumento de que se promovieron sin que la enmienda constitucional estuviera publicada. Y es que la modificación al periodo de la próxima gubernatura aún ni siquiera es un hecho consumado.
Se trata de los recursos 269/2019 y 271/2019, presentados respectivamente por los ayuntamientos de extracción panista de Tijuana y Mexicali, alegando que no fueron convocados a la Comisión de Dictaminación para tomar parte en la discusión de la iniciativa encaminada a reformar el artículo octavo transitorio. Este apartado de la Ley, establecía que por única ocasión la próxima gubernatura en Baja California debía ser de dos años y no de cinco como fue aprobada en su mayoría por diputados del PAN el pasado 8 de julio.
A propósito de tales demandas, tramitadas entre el 19 y el 22 de los corrientes, la Suprema Corte estableció que su improcedencia “no prejuzga la admisibilidad de medios de impugnación diversos, o eventuales”.
A ocho días de concluir su periodo, el 23 de julio, el Congreso de Baja California aprobó la declaratoria de validez de la reforma y con ello, prácticamente, concluyó el proceso legislativo para sacar adelante la mentada reforma. Los diputados del PAN cumplieron con el acuerdo y ahora solo resta la inminente publicación de la norma en el periódico oficial del estado.
Los institutos políticos que no fueron en coalición con Morena para las elecciones del 2 de junio anunciaron que procederían contra reforma ante la SCJN, al igual que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el propio gobernador constitucional Francisco Vega de Lamadrid.
Foto: Cortesía.-Sesión del Congreso en Rosarito.
Según el ex subsecretario jurídico del gobierno del Estado y representante legal del Partido Acción Nacional, Víctor Iván Lujano Sarabia, las acciones interpuestas ante la Corte será tan solo una vía para proceder contra la propuesta de prolongar la gestión de Bonilla Valdez.
De acuerdo al panista, las fuerzas políticas también podrán presentar recursos ante tribunales electorales, pues con la promulgación de la ley se tendrá que modificar la constancia de mayoría respectiva al militante de Morena así como la declaración de validez de la elección del 2 de junio.
Lujano Sarabia, además, puso en claro que el hecho de que las impugnaciones promovidas por Tijuana y Mexicali hayan sido desestimadas no implica que “ya se perdió el asunto por parte de los Ayuntamientos”. Simplemente quedó establecido que “no es el momento” para impugnar.
En entrevista con ZETA, el abogado sostuvo que ambos municipios pueden apelar la decisión de la Suprema Corte “para demostrar que se pudo haber admitido (el recurso) y al menos en el caso de Mexicali ya anunciaron que sí lo van a hacer” y/o podrían “esperar a que se publique (la ley) y otra vez intentarlo”.
El especialista en derecho constitucional y electoral asentó: “Ese reclamo sigue vivo ahorita y hasta cuando se publique la norma porque la violación ya está consumada, los ayuntamientos tenían el derecho de participar en la discusión en la comisión del Congreso, eso ya es irreparable; cómo se repara eso, anulando la norma”.
En cuestión de tiempos, explicó que a partir de que la reforma fue validada empezó a correr un plazo de 15 días para que el gobernador
Bonilla pide que magistrada Elva Regina Jiménez salga de su recurso en busca de la ampliación de mandato en tribunales; corresponderá a magistrados afines al proyecto de ampliación, determinarlo
El recurso interpuesto el 14 de junio por el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el que busca proteger sus derechos político-electorales para que el dictamen que da origen a la constancia de mayoría sea modificado de dos a cinco años el periodo para el cual fue electo, sigue sin ser resuelto, ni suspendido por el interesado.
Foto: Archivo.- Jaime Bonilla.
El caso entró en un impase después de la reforma constitucional que hicieron los diputados de Baja California para cambiar el Transitorio del Artículo 112 que establecía los dos años de duración para la próxima gubernatura, actualizándolo a cinco años. En esa dinámica, el juicio interpuesto por Bonilla y que fue enviado de la Federación al Tribunal Electoral de Baja California entra en pausa, ya que no hay materia de conflicto, una vez que la reforma a la Constitución sea publicada.
Este juicio ha brincado en varias ocasiones entre la Sala Superior del TEPJF y el Tribunal de Justicia Electoral en Baja California (TJEBC), sin que haya quedado resuelto. Reencausado al TJEBC el 20 de junio, quedó su análisis y proyección en la magistrada presidenta del Tribunal local, Elva Regina Jiménez Castillo.
Con el antecedente que en dos ocasiones la magistrada Jiménez votó contra la ampliación de mandato y su postura fue avalada por los resultados en el TRIFE, que revirtieron la decisión de los otros dos magistrados de BC que en su momento sí apoyaron la ampliación del periodo, Jaime Bonilla Valdez demandó que Elva Regina Jiménez se recusara del caso por él presentado y no fuera ella quien proyectara una decisión.
En el mismo sentido, Francisco Javier Tenorio Andújar, representante del Partido del Trabajo en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, interpuso un incidente de recusación contra Jiménez Castillo, con el folio RR-146/2019.
El magistrado Jaime Vargas, quien en las dos ocasiones anteriores votó a favor de la ampliación de mandato que beneficia a Bonilla, se recusó del caso, dado que acompañó al gobernador electo a la entrega de su constancia de mayoría, y a pregunta expresa de los reporteros, dijo que ya era definitiva la gubernatura de dos años. Que nada más se podía hacer.
Si el recurso de Bonilla y el del petista avanzan, y la magistrada Jiménez es retirada del caso, al igual que Vargas, el recurso recaería en el magistrado Leobardo Loaiza, quien ha sido proclive a aprobar los documentos a favor de la ampliación de mandato para el morenista, mientras los otros dos lugares serían ocupados por la Secretaría General del Tribunal Electoral de Baja California.
Estos recursos fueron enviados a la Sala Superior del TEPJF para su resolución, retardando la sentencia al juicio de Bonilla Valdez. Pero la Sala Superior votó por unanimidad regresar estos incidentes de recusación al TJEBC para que sea resuelto por los magistrados locales con base en el Artículo 80 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.
Los expedientes quedaron en manos de los magistrados Jaime Vargas Flores y Leobardo Loaiza Cervantes, quienes indicarán fecha para resolver estos incidentes que determinarán si el juicio queda en manos de Jiménez Castillo, la única que ha votado contra los proyectos de ampliación de mandato, contrario a los magistrados Vargas y Loaiza. Uriel Saucedo
en dado caso la publique. Aunque Vega de Lamadrid anunció que se abstendrá de ello toda vez que su prioridad es “atender la voluntad de los ciudadanos expresada el pasado 2 de junio, en la que se votó por una gubernatura de dos años”, tal como manifestó vía red social. En ese sentido el miércoles 26 de julio, el secretario de gobierno Francisco Rueda confirmó en lo referente al ajuste legislativo, que la administración estatal no solicitará se dé a conocer en el Periódico Oficial del Estado a pesar de que la propia Constitución obliga al mandatario a hacerlo.
La diputada federal Dulce María Sauri exhortó a “Kiko” Vega a que publique la Ley de modo tal que procedan los recursos, la priista planteó que si los panistas han sido enérgicos en su rechazo a la disposición también deben exigir que se publique en aras de “no dejarnos en la indefensión”.
Foto: Agustín Reyes.- Juan Manuel Gastelum, alcalde de Tijuana
El mandatario estatal “ya dijo que no la va a publicar y es público y notorio y en atención a que no tiene derecho a veto”, a decir de Lujano Sarabia, al final de cuentas el Congreso puede enviar la modificación al periódico oficial “desde ahorita”.
A partir de que sea publicada, correrá una etapa de 30 días destinada a la presentación de las demandas.
“Duelo de egos entre la Corte y el Tribunal”
Desde el ex jurídico del Partido Acción Nacional, el hecho de que se pueda impugnar por la vía electoral y tomando en cuenta que “en la Sala Superior del Tribunal son muy rápidos”, la SCJN se va apresurar a emitir una resolución. “Va a haber un duelo de egos entre la Corte y el Tribunal electoral de quién se viste de héroe anulando esta reforma y yo lo que estimo es que la misma Corte se va apurar a resolver el tema”, auguró.
Sobre las repercusiones que tengan las impugnaciones Víctor Lujano se dijo optimista en términos de que éstas prosperen y descartó que el hecho de que a dos de los ministros de la SCJN se los vean como afines al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, pueda ser factor determinante en la resolución a la que lleguen los integrantes del órgano judicial.
Precisamente, José Luis González Alcántara Carrancá, fungió como presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México durante la administración de AMLO como jefe de gobierno y en diciembre de 2018 fue electo para incorporarse a la corte a propuesta del Presidente. A su vez, Yazmín Esquivel Mossa llegó a la SCJN en marzo de 2019 identificada como afín a López Obrador dado que es esposa de José María Riobóo, quien se desempeñó como contratista del político de izquierda durante su gestión al frente del gobierno capitalino.
Sin fecha para que diputados queden expulsados de sus partidos
Después que 21 diputados del Congreso local en Baja California, entre los que había militantes del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, votaron a favor de la ampliación del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, para que su gubernatura dure cinco años y no dos para los cuales fue votado, presidentes y coordinadores de cada uno de los partidos involucrados, solicitaron la expulsión de los legisladores en cuestión, sin que, hasta el momento, alguna de estas expulsiones sea efectiva.
El partido Movimiento Ciudadano (MC), a través del coordinador de la Comisión Operativa Nacional, José Clemente Castañeda Hoeflich, solicitó el 10 de julio a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria que se expulsara al diputado Job Montoya Gaxiola por haber violado los reglamentos internos del partido, sin embargo, un día antes el diputado había presentado su renuncia. Será la comisión antes indicada, quien determine cual de los dos procesos darán prioridad, si la petición de renuncia o expulsión.
En el caso del Partido Acción Nacional (PAN), el partido a nivel nacional, inició el proceso de expulsión el 11 de julio, en contra de los nueve diputados involucrados, mientras que el pasado 23 de julio, seis de estos diputados renunciaron a la fracción parlamentaria que representaban en el Congreso, como fue el caso de Mónica Hernández Álvarez, Carlos Torres Torres, María Trinidad Vaca, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak y José Félix Arango. Los otros tres diputados señalados pero que siguen representando al partido en el Congreso son: Iraís Vázquez Aguiar, Sergio Tolento Hernández y Alfa Peñaloza Valdez.
En entrevista con el presidente del PAN en Baja California, José Luís Ovando Patrón, explicó que el proceso lo lleva la Comisión de Orden del Consejo Nacional, iniciado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en donde a nivel estatal se les apoyó para generar los expedientes para que diera inicio la solicitud de expulsión, a la que le seguirá una audiencia con cada uno de los diputados para proceder a que se les expulse del partido, sin embargo, no hay fecha determinada para que den inicio las audiencias, asimismo se solicitó la expulsión de la alcaldesa de Playas de Rosarito, Mirna Rincón y el síndico procurador, Miguel Ángel Vila Ruíz.
Mientras que, en el PRI, donde se espera queden expulsados los diputados Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Edgar Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñoz y Blanca Ríos, el delgado regional del partido, Fernando Morena Peña, informó que ya hay un proceso ante la Comisión de Justicia y Ética, sin tener un plazo de respuesta.
Por parte del PRD, el presidente estatal, Abraham Correa, informó que sólo está en proceso la expulsión del regidor de Ensenada, David del Moral Silva, ya que la diputada Rocío López Gorosave, no era militante del partido, y sólo quedó sin la representación ante el Congreso. Uriel Saucedo
“Por más comprometidos políticamente que puedan estar los ministros, para pagar ese tipo de favores ocupas que un asunto tenga un hilito de donde jalarle y justificar el grado de la tremenda tontería esta. En este caso no lo tiene. Hay una unanimidad de todos los actores políticos, jurídicos del país a excepción de Bonilla y sus colaboradores”, estimó Lujano Sarabia en alusión a lo que a su juicio constituyen las características de la reforma.
“Pudiera apostar que va a salir unánime por invalidar. O sea, los dos ministros al final de cuentas van a estar ahí quince años y tienen un nombre que cuidar. Aun y cuando no soy ingenuo de quién los puso y cómo llegaron, me atrevo a apostar que va a salir unánime”, agregó en referencia a la posible determinación a la que pudieran llegar los integrantes de la Corte.
“CASCADA DE RECURSOS”
A propósito de la sesión que el Congreso del Estado llevó a cabo en Rosarito, donde los diputados participantes hicieron uso del Palacio Municipal para tales efectos, dirigentes de diferentes partidos calificaron de irregular esa sesión, toda vez que se llevó a cabo a puerta cerrada.
El líder de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, consideró la declaratoria de validez como “un nuevo golpe a la democracia y al pueblo”. La dirigente del Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Massieu publicó en Twitter: “No tengo ninguna duda de la inconstitucionalidad en las resoluciones tomadas por el @congresobc. Es una burla a las leyes mexicanas y a la voluntad de los votantes”.
Mientras que Cortés Mendoza reafirmó que el PAN procederá ante la SCJN, Ruiz Massieu ya había hablado de una acción de inconstitucionalidad preparada por el equipo jurídico del partido tricolor con miras a interponerla una vez se publique la enmienda.
Foto: Cristian Torres.- Elva Regina Jiménez, magistrada del tribuanal electoral de Baja California
En tanto, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Ángel Ávila Romero, refirió a ZETA que la validación de la norma constituye “un atraco y una irresponsabilidad que se da en primer lugar por la ambición de los dirigentes del partido de Morena, en este caso del presidente del partido en el gobierno Yeidckol Polevnsky, de Jaime Bonilla y con la complacencia del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, de que se le dé al partido Morena tres años más de gobierno sin haberlo tenido en las urnas”.
En ese contexto el primer mandatario arguyó que él no tuvo injerencia en la validación de la reforma y aprovechó para acusar que a favor de ésta votaron legisladores del PAN. En tanto Bonilla criticó que los panistas se quejen de la modificación aprobada, siendo que los propios diputados del PAN (en su mayoría) la avalaron. “A nadie le ponen la pistola en la cabeza para que voten”, declaró.
Sobre las medidas a tomar por parte del PRD, Ávila Romero asentó: “Nosotros como PRD vamos a presentar esa acción de inconstitucionalidad (luego de que promulgarse la reforma), pero además le exigimos al presidente de la república y a la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero que tal como lo manifestó que esta reforma es absolutamente anticonstitucional, sienten también acciones de controversia en contra de lo que acaba de hacer el Congreso de Baja California”.
El dirigente del Partido de Baja California Mario Favela Díaz confirmó vía telefónica que el instituto político preparó un recurso contra la modificación a la ley, el cual habrá de presentarse en la Ciudad de México, a donde viajarán la primera semana de agosto, uno de los abogados del partido (Sergio Bravo o Salvador Guzmán), el diputado Jorge Núñez y él.
Hay 14 impugnaciones por diputaciones plurinominales
Catorce recursos de impugnación se han registrado contra la designación de diputados plurinominales, trece de los cuales recayeron en el Instituto Estatal Electoral (IEE) y uno en el tribunal local; recursos interpuestos por parte de partidos políticos, candidatos independientes y aspirantes a esas posiciones en la siguiente legislatura.
El secretario técnico del organismo público electoral, Raúl Guzmán Murillo, sostuvo que dentro de estas impugnaciones hay dos de partidos políticos, Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT), los cuales impugnan la forma en que se dieron los cálculos aritméticos empleados para los porcentajes en que se basaron para determinar las ocho diputaciones plurinominales.
De la misma forma, los dos candidatos independientes a diputados locales que participaron en las pasadas elecciones, Fernanda Flores y Tadeo Meza, presentaron recursos para que alguno de los dos tenga cabida por la vía plurinominal. Sin embargo, por ley no pueden acceder a esta posibilidad.
Sobre el tema de la paridad de género, el funcionario electoral sostuvo que ocho de las catorce impugnaciones son contra el Consejo General del IEE por la forma en que interpretó el concepto de paridad. Entre estas están los recursos de Clara Kunasich, del Partido de Baja California (PBC) por el distrito 02, y Maricela Martínez del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el distrito 06.
También se encuentran los recursos de Félix Arango y Mayola Gaona del Partido Acción Nacional (PAN), en los que cada uno reclama la posición de plurinominal por porcentaje, ya que argumentan les toca a ellos entrar a la siguiente legislatura por la cantidad de votos que obtuvieron; en el caso de Gaona reclama la posición de Eva María Vázquez.
Una impugnación más es la que presentó Miguel Ángel Bujanda, también del PAN, quien presentó el recurso como forma de preservar su misma diputación.
Guzmán Murillo indicó que por la falta de tiempo, una semana para que inicie la XXIII Legislatura local, las catorce impugnaciones serán resueltas directamente en Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a donde ya se enviaron cuatro de los catorce recursos y se espera que este mismo jueves se envíen los restantes. (Alejandro Gutiérrez)
¿Quiénes impugnaron?
Miguel Ángel Bujanda
Claudia Ramírez Quintero
Linda Marcela Martínez García
Yolanda Gaona Medina
Clara Kuñashich Romero
Tadeo Meza Quintero
Fernanda Flores Aguirre
José Félix Arango Pérez (Presentó dos recursos por separado)
José Félix Arango Pérez
Daniela Lara Rivera
Partido del Trabajo
Margarita Gómez Hurtado
Virginia Ortega García
Por su lado, tras la votación del 8 de julio Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, afirmó: “promoveremos una acción de inconstitucionalidad”.
Con todo y que los diputados panistas Eva María Vázquez y Miguel Osuna Millán cuestionaron la reunión que se llevó a cabo en Rosarito para emitir la declaratoria de validez, sesión para la que se vació de personal las instalaciones gubernamentales y para la cual se citó a destiempo (tan sólo minutos antes de que iniciara), Víctor Lujano Sarabia y José Hans Zamorano (presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana) coincidieron en que la sesión constituyó un mero formalismo.
“Era algo natural que iba a tener que suceder, no fue ningún albazo ni nada fuera del script. Eso sucede en todas las reformas constitucionales, se tiene que hacer ese cómputo de los votos, los ayuntamientos (Ensenada, Tecate y Rosarito, cuyos cabildos se pronunciaron a favor); se hace la declaratoria y entonces sí se ordena su publicación”, expresó Lujano Sarabia.
“La declaratoria de validez no es más que una formalidad. No es una cuestión de fondo, una cuestión que pueda implicar un cambio sustantivo hacia la reforma constitucional, que es lo que se está declarando, es una mera formalidad, lo que se está validando”, asumió Hans Zamorano, quien explicó que lo verdaderamente relevante fue el voto de los tres cabildos en cuestión.
OTRAS MEDIDAS
Luego de que Ensenada, Tecate y Rosarito, a través de sus cabildos, avalaran la iniciativa de reforma, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, también se pronunció por interponer, en su caso, una controversia constitucional.
Foto: Cristian Torres.- Gustavo Sánchez, alcalde de Mexicali.
Tratándose de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) su presidente en Tijuana, Roberto Rosas Jiménez, a su vez había mencionado que la agrupación promovería un recurso de amparo en Tijuana, Mexicali y Ensenada.
Aparte, Coparmex-Tijuana mandó colgar una manta el miércoles 26 en la que acusó de “traidores de la democracia” a 10 diputados (de los 21 que votaron a favor del proyecto de reforma): Iraís Vázquez, Raúl Castañeda, Mónica Hernández, Carlos Torres, Alfa Peñaloza, del PAN; Alejandro Arregui, Bernardo Padilla, del PRI; Catalino Zavala, Víctor Morán, de Morena y José Casas (Transformemos).
Luego de llevarse a cabo la sesión referente a la declaratoria de validez (martes 23 de julio) trascendió que senadores y diputados federales de Morena, PAN, PRI y PRD, dieron a conocer que emprenderían un procedimiento de juicio político y acción de inconstitucionalidad en contra de los legisladores reformistas de BC.
“Los diputados locales de Morena, al igual que los diputados de todas las fuerzas políticas, que decidieron votar por la inconstitucional reforma de la Constitución de Baja California, deberán de ser sometidos a Juicio Político y al mismo tiempo tendrán que enfrentar el juicio al que serán sometidos por el pueblo de California, que seguramente habrá de castigarlos”, sentenció Lucía Meza, senadora de Morena.
Por otro lado, el PRD igualmente había interpuesto una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República para que se investigue si los diputados que votaron a favor de la modificación a la ley fueron sobornados, tal como previo a que se votara la iniciativa, lo sugirió el presidente del Congreso, el priista Benjamín Gómez, quien habló de que el subsecretario de gobernación Ricardo Peralta le había ofrecido una millonaria cantidad a cambio de que promoviera en el Congreso local la ampliación del periodo gubernamental.
Además el 22 de julio, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dirigió una carta abierta al Presidente, firmada por cientos de ciudadanos bajacalifornianos, en el ánimo de conminar a López Obrador a no quedarse callado ante la pretensión de prolongar la gestión de Bonilla, quien entra en funciones como gobernador el 1 de noviembre.
Finalmente, el 15 de julio, decenas de personas se manifestaron en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Tijuana y el ensenadense Julio César García interpuso una denuncia contra la denominada “Ley Bonilla”.
“Veo posibilidades muy altas que se declare por la SCJN la inconstitucionalidad de la reforma”: ex ministro José Ramón Cossío
Por su experiencia como votante de controversias constitucionales o acciones inconstitucionales en ampliaciones de mandato promovidas por diversos estados cuando fungía como ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) entre 2003 y 2018, el doctor en Derecho José Ramón Cossío explicó a ZETA dos opciones sobre la posibilidad de que la SCJN declare la inconstitucionalidad de la prolongación gubernamental de 2 a 5 años que concedió el Congreso de Baja California para beneficiar al gobernador electo Jaime Bonilla Valdez:
“Para que se declare inconstitucional una reforma pueden suceder dos cosas: en primer lugar, que no se haya llevado a cabo el procedimiento legislativo como lo marca la Constitución del Estado, la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento de Debates. He escuchado que algunos presidentes municipales (de Mexicali y Tijuana), sobre todo el de Mexicali, señaló que no se habían cumplido algunas de las etapas del procedimiento, si esto fuera así, puede ser que el Ayuntamiento, cualquiera de los cinco de Baja California, presente una controversia constitucional solicitándole a la Suprema Corte de Justicia que analice si se violó o no el procedimiento legislativo; si la Suprema Corte considera que hay una violación y ésta es relevante -no todas las violaciones producen la invalidez de la norma-, se podría declarar la inconstitucionalidad de la reforma o reforma constitucional que ésta sea; éste es un primer camino”, manifestó Cossío siempre y cuando las controversias se presenten a la SCJN después de publicada la reforma en el Periódico Oficial de Baja California.
“El segundo camino puede ser en una controversia constitucional por parte de los Ayuntamientos, los partidos políticos o las mesas directivas de los partidos políticos; o el Presidente de la República mediante su Consejero Jurídico o por el Fiscal General de la República, pueden promover acciones de inconstitucionalidad –ya no controversias sino acciones de inconstitucionalidad-, preguntándole a la SCJN lo siguiente: ‘SCJN, ¿es posible que el Congreso del Estado (de BC) haya modificado el plazo para el cual ejercerá su cargo el Gobernador (Electo, Jaime Bonilla), una vez que se ha llevado la elección?’. Y la respuesta, desde mi punto de vista, y atendiendo sólo a los precedentes que la Corte ha emitido en otros casos semejantes tendría que ser que es inconstitucional esa reforma, porque hay varios precedentes en los que la SCJN determinó que no es posible ampliar el período del ejercicio. Entonces, atendiendo a los precedentes, es relativamente fácil lograr la inconstitucional”, detalló a este Semanario el Profesor Investigador de El Colegio Nacional.
El autor de “Derechos humanos. Apuntes y reflexiones” (El Colegio Nacional, 2018), abundó en los antecedentes de otros estados (que pudieron disminuir pero no aumentar mandatos) que podrían considerarse para resolver el caso de Baja California:
“Teníamos en México un calendario electoral completamente diversificado, los estados tenían elecciones cuando lo establecían sus constituciones; hace ya varios años se empezó a promover la idea de alinear, empatar o sincronizar, todas las elecciones en el país para que no tuviéramos ese desgaste político permanente de los conflictos postelectorales; con motivo de las reformas, una parte muy importante de los estados se ajustaron al calendario federal, y cuando se presentaron esos casos varios estados movieron su tiempo de elecciones; la SCJN consideró que todos aquellos que habían disminuido plazo de funciones por el cual habían sido electos los servidores públicos podían con toda competencia disminuir esos mismos plazos, eran correctas esas disminuciones; sin embargo, en los casos en los que se aumentó el plazo de duración del período en relación con el que había sido el de la elección, la SCJN declaró inconstitucionales todos esos casos. No recuerdo todos los casos, pero sí recuerdo un precedente muy claro en donde tuvo una alta votación y precisamente definimos esto respecto del Estado de Chiapas”.
Entonces sentenció el ex ministro Cossío sobre las controversias constitucionales o acciones inconstitucionales que deben presentarse durante 30 días, después de publicada la reforma en el Periódico Oficial de BC: “Por eso, atendiendo los precedentes, veo posibilidades muy altas que se declare por la SCJN la inconstitucionalidad de la reforma, a través de la acción de inconstitucionalidad que pueden promover los sujetos que antes mencioné. Para que se logre de invalidez general de esa reforma se requerirían 8 votos (mínimo) de los 11 que componen la SCJN, yo insisto; viendo los precedentes y los argumentos que se hacen ahí, yo creo que los 8 votos sí se lograrían”.
Sergio Aguayo: “El comportamiento de Bonilla puede representar un desgaste fuerte” para Morena
“La constitucionalidad de este cambio (ampliación de mandato gubernamental en Baja California de 2 a 5 años) corresponde a los tribunales decidirlo, de lo que no hay ninguna duda es de la inmoralidad que significa este hecho”, expresó a ZETA el analista político Sergio Aguayo.
“Me sorprende y ofende que sea Morena el partido que promete ser diferente el que haya sido el beneficiario y muy probablemente el orquestador de este ejercicio inmoral y muy probablemente ilegal e inconstitucional, eso lo vamos a ver, pero por ahora inmoral, para ampliar de manera ilegítima e inmoral el tiempo que va a estar como gobernador Jaime Bonilla; es inconcebible que un partido que haya prometido la transformación reproduzca los vicios más lamentables del pasado en el cual el Legislativo se convertía en títere del Ejecutivo, en este caso un Ejecutivo todavía no en el cargo pero que fue electo; es decir, todo el espectáculo que está saliendo de Baja California es lamentable por el pasado panista y el futuro morenista”.
Concluyó el Profesor de El Colegio Nacional: “El comportamiento de Bonilla puede representar un desgaste fuerte, un boquete muy grande en la proclamación de Morena de ser los paladines de la moralidad y la ética; el caso Bonilla los deja muy cuestionados porque lo que están demostrando en Baja California es una sed desaforada por el poder que pasa por alto cualquier consideración ética y moral”.
“Presidencia tendría la obligación de meter una controversia constitucional”: Javier Sicilia
“Me parece gravísimo la ampliación de la gubernatura de 2 a 5 años. La Presidencia de Andrés Manuel o el aparato jurídico de Presidencia tendría la obligación de meter una controversia constitucional, desde la Federación atacar la inconstitucionalidad de lo que están haciendo, es una gran atrocidad; necesita entrar la Federación a poner un alto”, expresó a ZETA Javier Sicilia sobre la ampliación del mandato gubernamental de 2 a 5 años en favor del Gobernador Electo Jaime Bonilla concedida por el Congreso local.
El escritor también lamentó la tibieza de la postura de Andrés Manuel López Obrador, como titular del Ejecutivo:
“Me parece que el cuestionamiento es bastante tibio por parte de la Federación”, advirtió el autor de “El deshabitado” (Grijalbo, Proceso, 2016).
Finalmente, lamentó que la ampliación del mandato gubernamental de 2 a 5 años “anuncia cosas que pueden ser terribles en cualquiera por parte de la República; creo que es un asunto muy grave para la República, es un precedente que podría ser nefasto para la República”. Enrique Mendoza Hernández
