La procuradora abandonó el cargo ante una crisis de inseguridad en Baja California, provocada -en parte- por la ineficiencia y falta de capacidad en su paso por la PGJE. Los delitos violentos sin control y los miles de crímenes sin resolver, son el legado de la magistrada con licencia que pretende regresar al Poder Judicial tras su rotundo fracaso
Perla del Socorro Ibarra Leyva no aguantó los seis años. Su evidente desmoronamiento como procuradora general de Justicia del Estado y la falta de resultados, la hizo emprender la huida a tres meses de que concluya la administración de su amigo, Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
Sin conciencia del cuestionable papel que realizó en la oficina que debió procurar justicia, la funcionaria se despidió enviando un comunicado, asegurando que durante su periodo “se cumplió con el plan operativo emprendido”.
La realidad es otra: los delitos violentos en números históricos, el narcomenudeo como causa de un baño de sangre que deja a Tijuana y al Estado en los principales lugares de homicidios en el país, los cuales no están ni cerca de resolverse.
Aunado a eso, los líderes de los grupos delincuenciales que operan en Baja California, dedicados al tráfico de drogas y de donde se desprende la gran mayoría de eventos violentos, ni siquiera cuentan con órdenes de aprensión. Los beneficiarios finales del paso durante casi seis años de la procuradora fueron los líderes criminales, en un periodo de gobierno que permitió transgredir a la sociedad en la mayoría de los casos, sin tener consecuencias de la autoridad. Una delincuencia impune.
Perla del Socorro también fracasó como mediadora entre la dependencia que dirigió y el Nuevo Sistema de Judicial Penal, entre los ministerios públicos y los jueces. Esto, a pesar de ser magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado y mantener excelentes relaciones con el Poder Judicial.
La inconformidad de los ministerios públicos, de las víctimas y de grupos de la sociedad por las decisiones de los jueces especialmente en dictar libertades a delincuentes en el Sistema Penal Acusatorio, se ventilaron constantemente durante su mandato.
Miles de víctimas por delitos violentos, niños y mujeres alejados de la vida criminal asesinados y sin justicia, es el sello de la magistrada que despachó como procuradora en el gobierno actual.
En sus propias palabras e información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), únicamente el 4 por ciento de los homicidios son resueltos por la dependencia. Eso quiere decir que de las 9 mil 385 víctimas que se registraron durante el periodo de Ibarra Leyva, solo 375 casos serán esclarecidos.
Y aún peor, según las cifras de la propia procuradora, aproximadamente solo el 2% de los causantes de las muertes violentas obtienen una sentencia condenatoria, esto es, que de los más de 9 mil homicidios, únicamente en 187 casos los asesinos tendrán una pena dentro de prisión.
No son los únicos datos que acusan el infortunado paso de la magistrada por la PGJE. En una entrevista con ZETA, Perla del Socorro calculó que “aproximadamente 80-85% (de los homicidios) están relacionados con el delito de narcomenudeo”.
El currículum que no valió de nada
Al momento de anunciar la conformación de su gabinete, Francisco Vega de Lamadrid hizo una de sus mayores apuestas en Perla del Socorro Ibarra Leyva, quien lo había acompañado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal cuando fue alcalde de Tijuana (1998-2001).
La magistrada inició su trayectoria profesional en 1975 como secretaria de Acuerdos en el Juzgado Segundo de lo Civil, a un año de haber egresado como licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara.
En el mismo año, ingresó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California como agente del Ministerio Público, cargo que desempeñó hasta 1989.
Luego de dos años como jueza penal y como secretaria de Estudio y Cuenta en el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, en 1995 se desempeñó como subprocuradora en Mexicali, cargo que repetiría de 2004 a 2007.
Tras salir de Seguridad Pública Municipal en Tijuana, Ibarra combinó la función pública entre la PGJE y el Poder Judicial, hasta que en 2007 logró convertirse en magistrada del Tribunal de Justicia del Estado de Baja California.
En 2010, ascendió a magistrada consejera y en mayo de 2013 -meses antes del inicio de la gubernatura de “Kiko” Vega- obtuvo su ratificación en el cargo.
En currículum, la funcionaria no solo ha pasado, sino que ha encabezado puestos clave en cada uno de los tres eslabones de seguridad pública en el Estado: Policía Municipal, PGJE y Poder Judicial.
Sin embargo, en la realidad quedó probado que su amplia trayectoria no se tradujo en un perfil apto para estar al frente de la procuraduría estatal.
De lo anterior, se puede saber que de los mil 192 asesinatos que van en 2019, tan solo en Tijuana, entre 953 y mil 013 víctimas se relacionaban con la actividad del comercio de narcóticos. Sin embargo, en el transcurso del año, la Subprocuraduría de Zona que encabeza Jorge Alberto Álvarez únicamente ha tramitado seis órdenes de cateo relacionadas con narcomenudeo.
En el mismo delito, pero en otros municipios, Mexicali y Ensenada -por ejemplo-, que están bajo la responsabilidad de Iván Carpio, subprocurador de Investigaciones Especiales, se atienden de otra manera. En estas ciudades, con 71 y 112 asesinatos, respectivamente, se han ejecutado 38 y 23 órdenes de cateo en lo que va del año.
Ibarra decía conocer las causas de los homicidios, pero los resultados reflejan la nula estrategia, la discrepancia de criterios entre las subprocuradurías y la falta voluntad para resolverlos.
Los servicios periciales están colapsados, ciudades como Tecate y Rosarito no han recibido informes de balística en todo el año, existen obras en infraestructura que nunca se concluyeron, casos de corrupción y conflicto de intereses entre personal de la PGJE; crisis administrativas que han dejado a los agentes sin gasolina, uniformes y lo indispensable; elementos de la Policía Ministerial involucrados en actividades ilícitas. Así se cierra el periodo de la amiga del gobernador.
Perla del Socorro Ibarra Leyva será la última procuradora de Justicia de Baja California, pues el Estado se encuentra en el preámbulo político de nombrar un fiscal general de Justicia. Pero la magistrada con licencia también pasará a la historia por el magistral fracaso de la institución que encabezó.
UN BAÑO DE SANGRE QUE NUNCA CESÓ
Al cierre de esta edición (jueves 11 de julio), en Baja California se habían cometido mil 502 homicidios en el transcurso de 2019. Eso quiere decir que prácticamente cada día se registran ocho víctimas.
No hubo año durante la gestión de Ibarra Leyva que la ola de violencia fuera contenida, al contrario, creció exponencialmente. Por ejemplo, os homicidios se desbordaron ante la impunidad que reinó en la procuración de justicia.
Carpio o Colosio, el sucesor de Perla Ibarra
Fotos: Archivo.- Carpio – Colosio
En las próximas horas o días se dará a conocer el nombre de quien sustituya en la Procuraduría General de Justicia del Estado a Perla del Socorro Ibarra Leyva. De acuerdo a las fuentes cercanas al círculo del gobernador, la decisión se debate entre dos perfiles muy distintos.
Por un lado se está considerando a Iván Carpio Sánchez, subprocurador de Investigaciones Especiales, encargado de perseguir los delitos de secuestro, desaparición forzada, narcomenudeo en Mexicali y Ensenada, trata de personas y aquellos delitos que han sobrepasado las capacidades de las subprocuradurías de Zona, incluyendo algunos homicidios, extorsiones y privaciones de la libertad.
Carpio cobró notoriedad dentro de la procuraduría estatal por encabezar un grupo élite antisecuestro reconocido internacionalmente desde 2008. Además, por haber dirigido desde la comandancia estatal de Investigaciones Especiales, operativos contra las estructuras de la delincuencia organizada.
Si bien ingresó como agente ministerial, Carpio Sánchez logró convertirse en Ministerio Público coordinador de Investigaciones y Operaciones Especiales. Actualmente es subprocurador, cargo que ocupa desde 2018. A sus 34 años de edad, cuenta con una licenciatura y una maestría en Derecho.
Por otro lado, se contempla a Cristian Colosio Lule, actual subprocurador de Zona Ensenada. Ingresó a la PGJE como secretario particular de Ibarra Leyva cuando ésta se desempeñó como subprocuradora de Zona.
Colosio viene de ser subsecretario de Seguridad Pública junto con Gerardo Sosa Olachea, puesto en el que duró únicamente meses, de marzo de 2017 a mediados de 2018, cuando le solicitaron la renuncia. En 2019, la procuradora lo nombró titular de Zona en Ensenada.
Colosio cuenta con licenciatura y maestría en Derecho, fue agente del Ministerio Público en 2010, coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida y titular de la Unidad de Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 2014, puesto en el que permaneció un año.
Según se confirmó a ZETA, ambos funcionarios son las principales opciones para ocupar el cargo que a partir del 12 de julio, dejará vacante Ibarra.
Si se tomara en cuenta el nivel dentro del organigrama y el reglamento de la PGJE, de los dos subprocuradores, Carpio sería el encargado de despacho por prelación, pues a diferencia del resto de los subprocuradores, él es el único con rango estatal. Los demás se limitan a un municipio.
De hecho, de acuerdo al Reglamento de la Ley orgánica de la PGJE de Baja California en su Artículo 10, en la ausencia del titular de la dependencia y ante una “falta de designación, se entenderá que será suplido por el Subprocurador contra la Delincuencia Organizada”, actualmente llamada Subprocuraduría de Investigaciones Especiales y titulada por Iván Carpio Sánchez.
Fuentes cercanas confirman que Colosio Lule fue recomendado por Perla del Socorro Ibarra Leyva antes de dejar el cargo, ya que los une una amistad personal y pidió al gobernador considerar al subprocurador de Ensenada por tener una forma de trabajar más similar a la suya. Isaí Lara Bermúdez
El primer año de su gestión (2014) se registraron 714 homicidios dolosos; al año siguiente 852; en 2016, mil 151 víctimas; en 2017, 2 mil 155; en 2018, 2 mil 881, es decir, 400% más que en su primer año, y en lo que va de 2019, mil 502 asesinatos. Si la tendencia continúa, se rompería el record histórico que dejó 2018.
La falta de atención y voluntad de la cabeza de la PGJE para atender uno de los temas de mayor impacto en Baja California, hizo que desde su llegada y hasta abril de 2018, el ex subprocurador de Investigaciones Especiales, José María González Martínez, fuera el encargado de investigar y erradicar este delito en todo el Estado.
Frente a los números y falta de resultados, el cambio del responsable se realizó hasta abril de 2018, cuando a González se le retiró la Dirección de Homicidios de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales y pasó a la Subprocuraduría de Zona, particularmente a la de Tijuana, que encabeza actualmente Jorge Alberto Álvarez, quien tampoco ha revertido los números.
Durante los cinco años y ocho meses que duró la procuradora al frente de la PGJE, se cometieron 9 mil 385 homicidios en el Estado, con un margen del 96 o 98% de impunidad.
Foto: Archivo.- Magistrada Ibarra.
EL ADIÓS
En el lapso que despachó como procuradora de Justicia, no fueron pocas las veces que Perla del Socorro Ibarra Leyva intentó renunciar.
En abril de 2015, cuando Marco Antonio López Magaña, entonces magistrado presidente del Tribunal se suicidó, ella planteó su renuncia a la PGJE para regresar al Tribunal.
En octubre de 2016, cuando concluyó su primera licencia como magistrada otorgada por el Congreso, se supo que ya no estaba dispuesta a continuar con el encargo en el gobierno panista. El gobernador no le aceptó las renuncias y le pidió seguir en el gabinete.
Las ausencias como funcionaria fueron notorias, incluso en su horario laboral. No era común verla en su oficina o en reuniones de coordinación de seguridad, menos con los medios de comunicación o fijando posicionamientos ante los diversos retos que enfrentó la PGJE.
Fueron más los festejos, la entrega de reconocimientos, las firmas de convenios y actos de protocolo donde más se le vio, mostrándose en todo momento desconocedora de los casos y haciéndose acompañar –en el mejor de los casos- de los subprocuradores para que respondieran por ella.
Esa imagen de cansancio y desinterés llegó a crear especulaciones sobre su salud, sobre su deseo de dimitir e involucrarse en los temas del Poder Judicial; su intención por seguir en el cargo fue siempre cuestionada.
Finalmente, Ibarra Leyva puso en las manos del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, su renuncia “irrevocable” días después de las pasadas elecciones donde el partido en el poder perdió absolutamente todo: la gubernatura, las cinco alcaldías y los 17 distritos electorales.
De acuerdo a fuentes de ZETA, el documento que contenía la renuncia de Perla fue recibido y sellado en la oficina del gobernador el 21 de junio de 2019, pero fue hasta el 10 de julio cuando, mediante un oficio leído en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, se confirmó su salida de la PGJE.
El oficio, girado a la Cámara de Diputados, explicaba que su petición de renunciar “debía surtir efectos a partir del 12 de julio (…) lo anterior para incorporarme de nueva cuenta al cargo de magistrada numeraria del poder Judicial del Estado de Baja California”. Así, sin mayor explicación de los motivos.
Pese a que la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado establece en su Artículo 107 que sus servidores públicos podrán “obtener licencias sin goce de sueldo para separarse de sus cargos por causas que no sean las de enfermedad”, únicamente “hasta por seis meses cada año”, a la magistrada se le aprobaron dos licencias en el Congreso del Estado por tres años, ambas en noviembre de 2013 y de 2016.
En su oficio dirigido al pleno de la Cámara de Diputados, Ibarra Leyva justificó “las prerrogativas” constitucionales que permitían a los magistrados durar ausentes incluso durante “el tiempo que señalen las constituciones locales, por lo que no podrán ser privados de sus puestos salvo en los términos que determinen las constituciones y las leyes de responsabilidades de los estados”.
De esa forma, dijo que su “derecho a volver a realizar mis funciones de magistrada” estaba a salvo. “Acudo a ustedes a solicitar se tenga por concluida la licencia que me fuera otorgada de manera anticipada”, agregaría Perla del Socorro en su escrito.
Foto: Cortesía.- De los 9 mil 385 víctimas de homicidio, solo 187 asesinos irán a prisión.
Su misiva también contenía la gratitud protocolaria: “Es una decisión voluntaria, en la que le agradecí (al gobernador) haber sido nombrada en esta área del servicio público estatal donde se me permitió ejercer una distinguida función…”.
IBARRA LEYVA “SE PASÓ DE INSTITUCIONAL”: HERNÁNDEZ NIEBLA
Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, evalúa a Perla del Socorro Ibarra Leyva como una funcionaria que “se pasó de institucional, cuando dada la situación que vivimos en Baja California, se necesitan romper paradigmas y estructuras, es muy obvio que ella no lo hizo así”.
A pesar de reconocer algunos aciertos en ella, como ser una persona abierta a sugerencias y críticas o rodearse de un buen equipo, Hernández Niebla opinó que la procuradora no comunicó ni exigió al gobernador mejores condiciones en cuanto a personal, capacitación y presupuesto dentro de la dependencia.
“Nunca oí que la procuradora se quejara al respecto, que levantara la voz, diera el golpe sobre la mesa, pidiera ms presupuesto, pusiera entredicho la labor del gobernador por la falta de voluntad política”, remató.
Diez procuradores en 30 años de panismo
Desde Krauss hasta el que llegue.
En la historia de los gobiernos de Baja California desde la llegada al poder del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Vega de Lamadrid se suma ahora a la lista conformada por Ernesto Ruffo Appel y Héctor Terán Terán en haber cambiado de titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) durante su periodo.
El primero fue Ruffo Appel, quien en sus primeros años como mandatario tuvo al frente de la PGJE a Eduardo Krauss Coronel, quien entre otras investigaciones, llevó el caso del homicidio del cofundador de ZETA, Héctor Félix Miranda, y de quien don Jesús Blancornelas escribiría: “Solamente le faltó un poco de tiempo para resolver totalmente el asunto”.
Su sucesor, Juan Francisco Franco Ríos, continuó en el cargo hasta abril de 1994, cuando los señalamientos de su colusión con el narcotráfico causaron que el gobernador lo destituyera.
Poco más de un año estuvo Pedro Raúl Vidal Rosas como titular de la dependencia. Durante el gobierno de Eugenio Elorduy Walther, reapareció como su asesor.
En 1995, con el inicio del gobierno de Héctor Terán Terán, José Luis Anaya Bautista tomó posesión como procurador de Justicia. Antes y después de ese cargo, el también ex magistrado se desempeñó en cargos jurídicos y como asesor de gobiernos panistas.
En 1997, después que Anaya Bautista fue mencionado por retirar la escolta al periodista Jesús Blancornelas días antes del 27 de noviembre de ese año, cuando sufrió un atentado, el gobernador lo cesó de la posición y ubicó a Marco Antonio de la Fuente Villarreal, quien continuó en el cargo un año después de la muerte del gobernador panista.
Al igual que su antecesor, el ex procurador asumió varios cargos en gobiernos del PAN tras su salida, primero en el Gobierno Federal y desde la llegada al gobierno de “Kiko” Vega, en puestos de contralor en dependencias como el Instituto de Cultura y la Secretaría de Salud.
En 1999, Juan Manuel Salazar Pimentel se convirtió en el único procurador del periodo de tres años del gobernador sustituto y concuño, Alejandro González Alcocer. Entre los casos más sonados que el ex titular de la PGJE llevó en su periodo, estuvo negar el aborto a una menor de edad que había sido víctima de violación.
Uno de los ex procuradores más polémicos fue Antonio Martínez Luna, quien acompañó al gobernador Eugenio Elorduy Walther en sus seis años de gobierno, pese a las presiones por retirarlo del cargo.
Este Semanario dio a conocer un video en el que un ex comandante de la Policía Judicial del Estado asegura que Martínez Luna había pactado con el Cártel de Sinaloa para atacar solamente al Cártel Arellano Félix en Baja California.
Tanto el gobernador como el entonces procurador negaron los señalamientos.
En 2007, con José Guadalupe Osuna Millán en poder del Gobierno del Estado, Rommel Moreno Manjarrez, llegó a la PGJE. Se le recuerda por la detención de decenas de policías municipales, ministeriales y estatales acusados de tener vínculos con el crimen organizado. Tras el paso de los años, muchos de estos casos se cayeron y algunos agentes fueron reinstalados.
Por su parte, Francisco Vega de Lamadrid inició el sexenio restándole una magistrada al Poder Judicial, de ahí sacó a Perla del Socorro Ibarra Leyva para integrarla como procuradora. Durante años circularon rumores de que la funcionaria no terminaría el sexenio, como finalmente ocurrió.
Para los últimos meses, los 30 años de gobiernos panistas se despedirán con un décimo procurador de Justicia. Isaí Lara Bermúdez
