El 2 de julio, el pleno del Senado de la República aprobó con 74 votos a favor y 29 abstenciones, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual prohíbe delegaciones de dependencias y entidades de la administración pública federal en el extranjero, salvo las de seguridad nacional e impartición de justicia.
Con ello, las oficinas comerciales de las secretarías de Economía; Agricultura y Desarrollo Rural y del Banco Nacional del Comercio Exterior en el mundo, e incluso la representación en la Organización Mundial del Comercio, tendrían que desaparecer una vez que la Cámara de Diputados avale esta nueva Ley y el Ejecutivo la promulgue.
A propósito, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, consideró como una “mala noticia” el que la Secretaría de Economía no atienda negociaciones binacionales como la del jitomate y el azúcar, por limitaciones de austeridad.
“Cómo le vamos a hacer con las negociaciones con Argentina, Brasil, Ecuador, quién las va a atender, o solamente serán videoconferencias”, cuestionó en declaraciones a la prensa tras el anuncio del Foro Global Agroalimentario 2019, a celebrarse en Guanajuato los próximos 26 y 27 de septiembre.
Otro punto controversial de la Ley de Austeridad es que faculta a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública a emitir lineamientos necesarios para establecer medidas de austeridad en la compra de vehículos, sistemas de cómputo y servicios generales, extralimitando sus funciones.
Adicionalmente, en su Artículo 61, la nueva Ley otorga una partida “discrecional” para que el Ejecutivo determine hacia qué programas del Plan Nacional de Desarrollo se destinarán los ahorros de la austeridad, lo que fue calificado por la oposición como el regreso de una partida secreta para el Presidente.
