Militantes panistas dirigieron una carta para exigir al Comité Directivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) la expulsión de los diputados de este partido que votaron a favor de cambiar el plazo de la gubernatura en Baja California la semana pasada.
En el documento, firmado por 76 miembros de Acción Nacional, se fijan ocho posturas ante Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, entre las que se incluyen crear una Comisión Especial para investigar a los legisladores por el sentido de su voto, así como a José Luis Ovando Patrón, dirigente estatal del partido.
Entre los firmantes se encuentran los ex senadores Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo; el ex gobernador Alejandro González Alcocer; la ex oficial mayor del Estado, Ruth Hernández y el ex dirigente estatal del PAN, Sócrates Bastida.
“La noche del pasado 8 de Julio los Panistas aún en proceso de encontrar y trazar rumbos, sufrimos un golpe inconcebible e inédito en la historia de Acción Nacional. Pero a diferencia del impacto legitimo del resultado electoral, el golpe recibido fue cobarde y ruin, por haber sido emitido por un puñado de Diputados traidores a Baja California, a Acción Nacional y a la medula de nuestra vida democrática”, se expone.
Por ese motivo, los firmantes consideran que “Acción Nacional debe de ser contundente en su deslinde y condena… la población ha dejado de encontrar esos valores que antes nos distinguían y hoy reclaman con acritud y decepción”.
Además de la expulsión de Iraís Vásquez, José Félix Arango, Raúl Castañeda Pomposo, Sergio Tolento, Carlos Torres, Ignacio García Dworak y Alfa Peñaloza, los panistas piden “una investigación y revisión de la actuación del Comité Directivo Estatal del Partido –en particular de su Presidente y Secretario General- por su ausencia de responsabilidad”.
De igual forma, exigen a la dirigencia estatal del PAN y a los diputados “ el inmediato rechazo público al nombramiento de Auditor Superior del Estado realizado en la misma Sesión Extraordinaria, toda vez que resulta evidente que el mismo se encuentra viciado de origen, al haberse designado bajo premisas de negociación entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado y presumiblemente fuera de este”.
En otro de los puntos, exigen “la interposición oportuna y correcta de sendas acciones de inconstitucionalidad en contra tanto de la reforma constitucional que amplía el periodo constitucional de la gubernatura ya electa, así como en contra del nombramiento de Auditor Superior del Estado realizado en la misma Sesión Extraordinaria”.
Por otra parte, exhortan al gobernador Kiko Vega que realice “un pronunciamiento público de rechazo tanto a la Reforma Constitucional que amplía el periodo constitucional de la gubernatura ya electa, así como en contra del nombramiento de Auditor Superior del Estado y que oponga oportuna y correctamente, las acciones de defensa constitucional que puedan proceder contra de dichos actos”.
Por último, el documento pide “la inmediata realización de una Asamblea Extraordinaria del Partido para discutir y generar una planeación estratégica para la recomposición del Partido y su competitividad electoral a la luz de las nuevas condiciones políticas. Discutiendo como primer punto, el estado actual del gasto corriente del Comité Directivo Estatal a fin de implementar un plan de austeridad acorde con la situación que viene para el partido”.
